¿Hacia el derecho infantil a internet? «Me escriben miles de familias desesperadas», alerta L’Ecuyer

En 2012, los gurús educativos preconizaban la revolución de las pantallas en las escuelas, los colegios asumían -y algunos imponían- entusiastas y de forma acrítica las tablets y pizarras digitales y en torno a uno de cada dos niños de 11 años ya tenía teléfono móvil. 

Entonces, las pantallas, lo digital e internet eran considerados el futuro y las voces discordantes frente al incipiente dogma tecnológico eran rápidamente silenciadas. Desde aquel año, la experta canadiense Catherine L’Ecuyer ya daba la voz de alarma en superventas como Educar en el asombro y advertía de un desastre educativo que, tarde o temprano, acabaría en un “desastre social”.

Trece años después, lo que aseguraban que sería un paraíso pedagógico parece ser realmente una distopía: el consumo infantil de pornografía es considerado un problema de salud pública, la capacidad de atención de los más pequeños ha caído con la misma velocidad que aumenta su sentimiento de soledad, cada vez memorizan menos, los problemas de salud mental y tendencias suicidas crecen sin freno y, como si de una moda se tratase, los casos de menores que piden mutilarse por una disforia diagnosticada por lobbies en Tumblr o Instagram crecen exponencialmente.

Hasta ahora, las voces que alertaban de estos peligros eran generalmente aisladas, limitadas a expertos o pequeñas organizaciones. Una tendencia que parece estar cambiando. Muestra de ello es la próxima concentración del sábado 7 de junio, convocada en todo España por el Movimiento Off y multitud de organizaciones por el derecho a la desconexión digital. Un fenómeno prácticamente insólito hasta la fecha en España, en el que se reclaman medidas tan drásticas como la prohibición del acceso de menores a las redes sociales, establecer una edad mínima de acceso a teléfonos inteligentes o una “desescalada digital” en todos los ciclos escolares.

Catherine L’Ecuyer es investigadora y autora de superventas como Educar en el asombro (37ª ed.) o Educar en la realidad (17ª ed.). También es directora general de la Fundación CLE, coautora del Manifiesto Off y una de las promotoras de la concentración del próximo 7 de junio. Habla con Religión en Libertad sobre una de las principales demandas de la concentración, el “derecho a la desconexión digital”, y la viabilidad y consecuencias de su contrapartida, un derecho digital de los menores que cada vez resuena más en los organismos internacionales. 

-En otras ocasiones ha advertido del posible reconocimiento futuro del derecho fundamental del niño a la conexión digital. ¿Conoce alguna iniciativa con posibilidades considerables de llevarlo a cabo? ¿Podría ser una realidad en el corto plazo?

-Algunos organismos internacionales hablan del derecho del niño a conectarse a Internet, etc. No creo que seamos conscientes de la gravedad de las implicaciones de ese discurso. Los derechos tienen obligaciones correspondientes. Si el niño tiene derecho a estar en Internet, incluso a tener un dispositivo, entonces los padres tendrán la obligación de proporcionarle esa conexión y ese dispositivo. Es una locura. Es más, es un atentado contra el derecho educativo de los padres, que son primeros educadores.

-¿De dónde viene esa mentalidad?

-Esa forma de enfocar el derecho es positivista. La premisa del positivismo es que un derecho solo existe si el Estado nos lo da y mientras nos lo da. El positivista no reconoce los derechos fundamentales, salvo si forman parte del cuerpo de la ley. Ahora bien, los derechos fundamentales existen porque son derechos innatos e inalienables, no porque un político haya votado que lo son.

-¿Por ejemplo?

-Pensemos en el derecho a la vida, a la intimidad, o a la integridad. ¿Os imagináis que un Estado pueda decidir quien tiene derecho a la vida o a la integridad, y quien no? Es una locura. Durante miles de años hemos educado niños sin la tecnología. Intentar instaurar un derecho a la conexión choca directamente contra el derecho fundamental de la libertad educativa. Los padres somos primeros educadores. Dieciocho años es ficción legal, por cierto.

-¿Y cómo afecta a este debate la cuestión de la mayoría de edad y el uso de las redes? En la concentración reclaman la prohibición a menores.

-Pues que hemos puesto, como sociedad, una línea roja que marca el momento desde el cuál una persona puede hacer ciertas cosas (ej. Conducir, beber alcohol, fumar, ver pornografía, votar, etc.). Pero eso no quiere decir que sea bueno que un joven de 18 años consuma pornografía, o fume, o que vaya a hacer buen uso de su derecho a conducir o a votar. Esa emancipación legal no siempre coincide con la emancipación educativa real de una persona, y esa edad no debería ser un incentivo para que los padres tiren la toalla de educar a partir de los 18 años.

-¿Cuándo considera que sería viable el uso de las tecnologías de forma madura y con cierta responsabilidad?

-La educación de un joven no acaba con 18 años y seguimos siendo los primeros educadores de nuestros hijos hasta que tengan ellos la suficiente madurez para volar del hogar. De hecho, hay estudios importantes que apuntan a que la edad pediátrica acaba entre los 21 y los 25 años. Con 25 años, muchos jóvenes “hacen un clic”, ya podemos decir que son adultos y empiezan a comportarse como tal.

-Manifestarse por el derecho a la desconexión podría dar a entender que este se vulnera o no existe. ¿Es así? Se podría objetar que cualquier familia es libre de “desconectar” a sus miembros más pequeños de lo digital…

-Hemos convocado una manifestación el día 7 de junio a las 11h delante del Jardín Botánico en Madrid para revindicar el derecho a la desconexión. Los padres tienen derecho a querer educar a sus hijos lejos de las pantallas en la infancia, y también en la adolescencia. Las leyes que permiten a los jóvenes darse de alta en una red social dejan a los padres fuera de juego. Es inaceptable. De hecho, los padres pueden ser responsables legalmente del daño de sus hijos menores en redes. O sea que por un lado dejamos a los padres fuera de juego en la decisión de estar o no en redes y por otro lado les responsabilizamos del daño que sus hijos pueden hacer en redes. Es una contradicción.

-Entonces, ¿cuál debe ser el papel del Estado respecto a las redes, los dispositivos y los menores? ¿Debería poner límites a las familias o a las tecnológicas?

-El Estado debería proteger a la infancia y a la adolescencia con leyes que ponen límites de acceso a las redes sociales y a la compra de los dispositivos. El límite debería ser 18 años. Pero lo considero una edad de mínimos, los padres deberían apuntar a más. Las leyes apuntan a evitar daños graves, mientas que la educación busca la excelencia. Por otro lado, las leyes deben obligar a las tecnológicas, no a los padres.

-¿Y qué responsabilidad tienen los centros educativos?

-Los padres son los primeros educadores, tanto el Estado como el colegio tienen un papel subsidiario y deberían ayudar, no dificultar la labor de los padres. Si los terceros no van a ayudar, les pedimos por favor que no estropeen lo que intentamos hacer en el hogar. Es duro lo que digo, pero es que recibo miles de correos de familias que están desesperados porque el colegio les ha impuesto un Chromebook o una tableta en casa. Lo más sorprendente es que pasa sobre todo en colegios católicos.

-¿Por qué cree que ocurre?

-No lo sé, quizás hay complejos y quieren ser símbolos de progreso y de modernidad. Deberían leer la Carta a las Familias de Juan Pablo II:

“Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y en este campo tienen incluso una competencia fundamental: son educadores por ser padres. Comparten su misión educativa con otras personas e instituciones, como la Iglesia y el Estado. Sin embargo, esto debe hacerse siempre aplicando correctamente el principio de subsidiariedad. (…) Cualquier otro colaborador en el proceso educativo debe actuar en nombre de los padres, con su consentimiento y, en cierto modo, incluso por encargo suyo.”

Un colegio que decide imponer tabletas unilateralmente y en contra del criterio de las familias no “actúa en nombre de los padres, con su consentimiento y, en cierto modo, incluso por encargo suyo”.

-En varias ocasiones ha mencionado que el acceso de los menores a las nuevas tecnologías es incluso un problema de salud pública. ¿Qué le diría a quien le acuse de alarmismo?

-Nada. A esas personas, no se les puede decir absolutamente nada porque han hecho un acto de fe al dogma de la tecnología. Las evidencias son claras y quienes usan la razón pueden conocerla. He conocido muchos colegios católicos que invocan “la libertad en lo temporal” para justificar su postura. Dicen que dar un dispositivo tecnológico a un joven en el colegio es un tema “opinable”. Si un tema que está desmontado por las evidencias científicas es opinable, entonces habría que cerrar las universidades y dar por finiquitada la mentalidad científica. Existen verdades en lo temporal también. Nadie en su sano juicio iría a una clase de primer año de carrera argumentando con el profesor de física sobre la existencia de la ley de la gravedad. La “libertad en lo temporal” no significa que no haya verdades en lo temporal, significa que hay varias formas de llegar a ella, y significa, sobre todo, que llegamos a ella mediante la razón y no por la fe.

-Dice que hay “motivos de sobra” para ilegalizar el acceso a las redes hasta la mayoría de edad. ¿Cuáles destaca?

-El verano pasado, salió el informe del Cirujano General que no deja lugar a duda: no hablamos de correlación sino de causalidad. Existe un vínculo de causalidad entre estar en redes y tener problemas de salud mental (suicidio, depresión, trastornos, etc.).

-En los últimos años se han visto surgir iniciativas de familias organizadas frente al uso de pantallas en los colegios. ¿Cree que hay suficiente concienciación social y familiar al respecto?

-Creo que hay cada vez más, y eso es bueno. Pero es importante que las familias no estén esperando a que los políticos nos den soluciones, o a que las otras familias acompañen nuestra decisión de atrasar el uso del Smartphone. Somos nosotros los que hemos de tomar las decisiones y tenemos que estar preparados para ir a contracorriente. Para educar bien, hay que saber ir a contracorriente con determinación y elegancia.

-La Fundación CLE, que ud. dirige, es una de las promotoras de la próxima concentración por el derecho a la desconexión digital. ¿Qué se demanda o exige?

Que se respete el derecho a la desconexión de los menores y adolescentes. No es normal que obliguen a los estudiantes en la universidad a “fichar” en clase con un Smartphone de última generación. Hay jóvenes que quieren educarse sin Smartphone y hemos de respetarlo. Hay padres que quieren educar offline y hay que respetarlo.

-¿Y los colegios?

-Lo que han hecho los colegios en la última década es de juzgado de guardia. Impusieron tabletas en cientos de miles de hogares en contra del criterio de los padres. Dejaron a un poderoso lobby entrar en las aulas para imponer sus productos para potenciar su modelo de negocio, cuando 1) no había conjunto de evidencias de que estos dispositivos añadían a la educación y 2) no había conjunto de evidencias de que no hacía daño. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de daño.

-¿Actualmente las hay?

-Claro que las hay. Sobre el uso de las tabletas en las aulas, remito a una revisión reciente de la literatura hecha por el Institut Nacional de Santé Publique du Québec.

Concluye: «Los resultados a partir de datos científicos recientes sugieren que los dispositivos digitales en el aula, utilizados con fines personales o educativos, en el mejor de los casos no aportan ningún beneficio al aprendizaje, y en el peor de los casos tienen un efecto negativo en la cognición de los jóvenes.” Tengo una página en mi blog con recursos para la desescalada tecnológica.

-¿Y ahora qué?

-Nos pasamos por alto los principios básicos de prudencia y de precaución. Y ahora, ¿quién va a reparar el daño que se ha hecho a una generación entera? ¿De verdad que nadie va a asumir responsabilidades? Ahora somos los padres que tendremos que dedicarnos a curar las heridas de nuestros hijos, no podemos esperar que nadie más lo haga. De hecho, la misma industria que nos vendió el desastre, ahora nos están vendiendo la escoba para barrerlo. Hemos de rehusar de los falsos expertos educativos que, bajo el patrocinio de empresas tecnológicas o sus fundaciones, nos dicen que está prohibido prohibir. Educar y prohibir es completamente compatible si se hace con y por amor.

-¿Ha visto la serie Adolescencia?

-No, y no pienso verla. ¿De verdad que necesitamos ver una película para darnos cuenta del daño que hacen las redes a nuestros hijos? Pongamos los móviles en modo avión bajo llave y dediquémonos a mirarnos unos a otros en los ojos y a hablar. Desayunar, comer y cenar juntos en familia conversando, llamando al pan “pan” y al vino “vino”, es, hoy por hoy, verdaderamente revolucionario.