Lunes, 17 de junio de 2019

Religión en Libertad

El párroco de Callosa denuncia que la retirada de la Cruz responde a presiones e intereses políticos

ReL

Doce horas después de la retirada, un auto judicial daba la razón a la parroquia
Doce horas después de la retirada, un auto judicial daba la razón a la parroquia
Sin previo aviso, de madrugada y con un fuerte despliegue policial. Así retiraba el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE con el apoyo de los comunistas, la Cruz de la parroquia de Callosa del Segura este lunes  al afirmar que se trata de un monumento franquista, pese a que no había interés en el pueblo en quitarla.

Doce horas después llegaba el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana obligando al Ayuntamiento a cesar la retirada del monumento, aunque la cruz ya ha sido arrancada de su lugar original.

Ante estos hechos, y sobre todo ante la forma en que se ha procedido, el párroco de Callosa ha emitido un comunicado donde denuncia que “la actuación policial se ha llevado a cabo obviando el derecho de propiedad privada” y antes de que hubiese una resolución judicial, que llegaría horas más tarde de su actuación.

“Esta actuación no ha sido objeto de comunicación formal previa a la Parroquia mediante escrito del Ayuntamiento en el que se hiciese constar de manera específica el día y hora de la intervención, los medios materiales que se iban a utilizar, el personal asignado y, en definitiva, datos precisos que permitiesen a la misma tomar las oportunas medidas para ejercer sus derechos o, al menos, tomar las cautelas adecuadas para evitar posibles daños a sus bienes”, recalca el sacerdote.



Comunicado íntegro del párroco de Callosa de Segura

1. En la madrugada del día de hoy, 29 de enero, concretamente, sobre las 04.00 horas, un dispositivo policial y operarios enviados por el Ayuntamiento, se han personado sin previo aviso en la Plaza de la Iglesia y han procedido por medios mecánicos, a la ocupación y retirada del Monumento denominado Cruz de los Caídos.

2. La actuación municipal se ha llevado a cabo obviando el derecho de propiedad privada, de tal forma que sin haberse delimitado por los Tribunales el dominio público al que afectaba la actuación, y sin haber convenido con la Parroquia la afectación del inmueble, se ha procedido al traslado de la Cruz invadiendo el suelo propiedad de la Parroquia generando un manifiesto daño en sus derechos y en los de aquellos feligreses que han defendido el patrimonio de la Iglesia.

3. Además, el Ayuntamiento es conocedor y parte en los procedimientos judiciales abiertos que aún están pendientes de resolución. Con su actuación consideramos que el Consistorio ha ejecutado un acto que está siendo objeto de discusión ante los Tribunales y en los que, precisamente se está discutiendo la titularidad del bien que afecta a tal acto administrativo, de modo, que la competencia para apreciar su procedencia y la ponderación de los intereses en conflicto, se desplaza al juzgado o tribunal correspondiente que está tratando el asunto y no al Ayuntamiento que, de un modo unilateral, ha decidido obrar sin esperar al pronunciamiento judicial movido por presiones e intereses políticos.

4. Por otro lado, esta actuación no ha sido objeto de comunicación formal previa a la Parroquia mediante escrito del Ayuntamiento en el que se hiciese constar de manera específica el día y hora de la intervención, los medios materiales que se iban a utilizar, el personal asignado y, en definitiva, datos precisos que permitiesen a la misma tomar las oportunas medidas para ejercer sus derechos o, al menos, tomar las cautelas adecuadas para evitar posibles daños a sus bienes. Tan solo se le comunicó al párroco por escrito, la ocupación de la Plaza de la Iglesia con motivo de la realización de obras en la misma, sin ningún otro tipo de especificación. Tampoco el Ayuntamiento ha notificado a la Parroquia el destino de la Cruz y el lugar donde se depositará, por lo que continuará la labor de defensa de sus derechos patrimoniales hasta las últimas instancias judiciales que procedan.

5. Tanto la Parroquia de San Martín Obispo, sobre la que recae la responsabilidad en cuanto persona jurídica sobre este asunto, como el Obispado de Orihuela-Alicante, han articulado todos los medios legalmente procedentes en amparo de su derecho de propiedad y la de sus feligreses, estando pendiente aún de pronunciamiento los Tribunales de la jurisdicción ordinaria que determinen la propiedad y el alcance de los derechos sobre la Cruz y la Plaza de la Iglesia. Además, sigue pendiente un proceso de posible vulneración de derechos fundamentales y una investigación en el ámbito penal, sin conocerse aún el resultado de todas estas actuaciones, por lo que entendemos que el Ayuntamiento ha actuado por la vía de hecho, vulnerando los más elementales principios de prudencia y seguridad jurídica.

6. Como en comunicados anteriores hemos manifestado, tanto la comunidad parroquial como el Obispado, agradecemos de todo corazón la oración y el apoyo tanto personal como colectivo, del gran número de feligreses y vecinos que se han implicado para ayudar con sano y verdadero espíritu cívico y cristiano, a la resolución de cualquier conflicto. También, como fieles cristianos queremos dejar constancia de nuestro absoluto rechazo hacia toda forma de violencia física, verbal o de cualquier tipo como modo de actuación en la resolución de posibles malentendidos. Al contrario, abogamos siempre y de manera decidida por el diálogo abierto y sincero en el respeto a todos, incluso hacia aquellos con los que no compartimos las mismas sensibilidades religiosas y en un clima de cordial amistad y caridad fraterna.

7. Para finalizar, volvemos a declarar vivamente nuestro deseo de seguir en cordial diálogo con las autoridades municipales. Seguimos trabajando unidos en la búsqueda de un acuerdo satisfactorio para todos.

- Juan Bautista Samper Sellés, cura párroco
Callosa de Segura, 29 de enero de 2018
 
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