Domingo, 29 de mayo de 2022

Religión en Libertad

Argüello, en «Herrera en COPE»: «Es una falacia decir que acabar con la vida puede ser un derecho»

Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Arguello, calificó de "falacia" al derecho a elegir sobre el uso del propio cuerpo en referencia al aborto.

José María Carrera

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, ha sido invitado este 12 de mayo a Herrera en Cope para abordar las principales conclusiones de la presentación de la memoria de actividades de la Iglesia. Con motivo de la nueva ley del aborto que se discutirá en el Consejo de Ministros el próximo martes, Arguello ha aprovechado para mostrar una firme oposición a la misma y ha llamado a reforzar "el movimiento a favor de la vida".

Amparándose en las innovaciones científicas y tecnológicas producidas desde la aprobación de la primera ley del aborto en 1985, Arguello destacó "se puede afirmar con todo el rigor científico que en el seno de una mujer embarazada hay una nueva vida".

Por ello, calificó de "falacia" al hecho de "hablar del derecho a elegir sobre el uso del propio cuerpo" en referencia a esa nueva vida.

"Es importante sentar bien las bases del conocimiento científico, de lo que nos dice la propia ciencia sobre lo que hay en el seno de una mujer, para desde ahí elaborar este debate moral", observó el obispo.

Del mismo modo, Argüello llamó a "realizar un movimiento social" que esté a favor de la madre pero también "del hijo que lleva en sus entrañas, en el supuesto de que haya un conflicto a la hora de seguir adelante con el embarazo".

El obispo también aludió al "extraordinario invierno demográfico" que se da en España como uno más de los motivos "científicos, médicos o sociológicos" que "deberían animarnos a [llevar a cabo] un movimiento a favor de la vida".

Por último, cuestionó la creciente tendencia a "naturalizar como un derecho el resolver un conflicto eliminando una vida que la ciencia dice que existe como diferente de la madre".

Objeción de conciencia: "Un derecho y deber"

La objeción de conciencia es otro de los puntos cuestionados por la nueva ley, que incluirá a los objetores en un registro a modo de "lista negra". Según avanzó la ministra de Igualdad Irene Montero este mes de febrero, su intención era "blindar el derecho" al aborto desde los 16 años. Para ello, mencionó la necesidad de regular la objeción de conciencia, crear un registro de objetores y que estos no puedan impedir al acceso al aborto.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española ha publicado la nota de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe sobre la objeción de conciencia, que reconoce que “estamos asistiendo a un proceso de aprobación de leyes en las que la vida humana queda gravemente desprotegida. Es un proceso que no ha terminado”.

En este sentido, la nota reivindica y recuerda “el derecho y el deber que tienen de oponerse activamente a realizar aquellas acciones que atentan contra las exigencias de la fe cristiana o sus valores fundamentales”.

Abortos "en la pública" para menores

Una de las novedades que presenta la ley impulsada por el gobierno es la garantía del acceso al aborto en clínicas públicas a niñas de 16 y 17 años, que además podrán hacerlo sin contar con el permiso de los padres. 

En cuanto a los plazos, la nueva ley mantendría el sistema actual que garantiza el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y las 22 semanas bajo los supuestos del peligro para la vida de la madre o la salud y el bienestar del niño, que fallece de este modo en el acto.

Otro de los puntos más polémicos de la legislación será la persecución a la gestación subrogada. Así, los "vientres de alquiler" serán concebidos desde el ámbito legal como "una forma grave de violencia reproductiva", pudiendo "tomar medidas en el ámbito de la prevención y de la persecución penal".

Al considerarse como una forma de "violencia contra la mujer", esta práctica no será castigada solo en España, sino que los tribunales podrán perseguir a quienes recurran a ella más allá de las fronteras españolas.

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