George Soros, mediante Open Society, financia a los «lobbies» que quieren legalizar la prostitución

George Soros, a través de Open Society, financia a decenas de organizaciones globalistas que presionan para legalizar la prostitución.

Louis-Marie Bonneau, investigador asociado en el Centro Europeo para el Derecho y la Justicia que dirige Grégor Puppinck, relata el último intento en el nº 384 (octubre de 2025) de La Nef:

Los "lobbies" de la prostitución

"La prostitución es un trabajo como cualquier otro": esta es la idea que los diputados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) estuvieron a punto de adoptar en octubre de 2024. La prostitución está estrechamente relacionada con la explotación, la trata de seres humanos y la miseria... Sin embargo, un lobby internacional intenta que se reconozca como "trabajo sexual". La Fundación Open Society (Soros) está muy implicada en esta lucha en nombre de una visión ultraliberal y materialista del ser humano.

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, reúne a 46 Estados en torno a la defensa de los derechos humanos. Uno de sus órganos, la APCE, agrupa a diputados nacionales enviados por sus Estados, que votan en cuatro sesiones anuales sobre diversos temas. Se trata de una de las instituciones internacionales capaces de crear un entorno de derecho blando, favorable a la liberalización de la prostitución. La Fundación Open Society financia, por tanto, a ONG que promueven el "trabajo sexual" como un empleo legítimo y cuya estrategia consiste en intervenir ante este tipo de órganos.

Para impulsar esta estrategia, dieciséis ONG han firmado conjuntamente una carta dirigida a los diputados de la APCE con el fin de animarlos a votar a favor de un texto que liberalice la prostitución. La mayoría de estas ONG están financiadas por la Fundación Open Society, entre las que se encuentran las más conocidas, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Médicos del Mundo y Planificación Familiar Europea.

Se basan en particular en los trabajos "autorizados" de la Sra. Mofokeng, relatora especial de las Naciones Unidas para la salud y gran activista en este tema.

Hay tres argumentos que se repiten sistemáticamente:

1. "El trabajo sexual es un trabajo": el sexo es un servicio como cualquier otro, que puede ejercerse con dignidad para salir de la pobreza. Por lo tanto, la prostitución voluntaria debería distinguirse de la prostitución forzada, que es la única condenable. Sin embargo, los estudios demuestran que la prostitución es casi siempre impuesta, forzada por la violencia, la manipulación, la miseria o las drogas, y que afecta principalmente a mujeres pobres de origen extranjero y, cada vez más, a menores de edad.

2. La prostituta que consiente solo ejerce su derecho a disponer de su cuerpo. La transacción financiera basta para establecer el consentimiento. Sin embargo, el consentimiento no permite prescindir de la dignidad inherente a cada persona, que debemos respetar tanto para nosotros mismos como para los demás. La dignidad, a diferencia del consentimiento, es objetiva e intrínseca al ser humano por el mero hecho de ser humano. Vender el propio cuerpo es en sí mismo indigno.

3. Es la penalización de la prostitución lo que estigmatiza esta actividad y la convierte en criminógena, no la prostitución en sí misma. Esto equivale a considerar que es la ley la que provoca el delito al condenar una práctica en nombre de consideraciones morales ilegítimas y retrógradas. Sin embargo, es la propia realidad de la prostitución la que es violenta. Está marcada por la trata de seres humanos, la explotación de mujeres y, cada vez más, de menores o jóvenes adultos a quienes se les promete falsamente sacarlos de la miseria.

Una red activa se dedica a difundir este discurso, como es el caso de la Red Umbrella Fund, creado oficialmente a través de Open Society en 2012. Se define como el primer y único fondo mundial dedicado a "apoyar los derechos de los/las trabajadores/trabajadoras del sexo". Desde 2012, esta organización ha destinado 7,8 millones de euros en 68 países para apoyar la liberalización de la prostitución. 

El Red Umbrella Fund financia, por ejemplo, la Alianza Europea de Trabajadores del Sexo (ESWA). La ESWA también está financiada por la Fundación Open Society y por la Unión Europea a través de Erasmus+. Esta organización tiene objetivos muy claros, como reconocer "el trabajo sexual como una cuestión de derecho laboral". Su directora, Sabrina Sánchez, fue escuchada en el Consejo de Europa en marzo de 2023. Sin embargo, ninguna asociación opuesta a la legalización de la prostitución ha sido escuchada.

En respuesta, 14 coaliciones que representan a 2.000 ONG feministas y organizaciones de base han expresado su preocupación y desaprobación. El CEDJ también ha lanzado una petición firmada por más de 17.000 ciudadanos europeos y ha interpelado a los diputados. Reem Alsalem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, también se ha pronunciado y se ha desplazado a Estrasburgo para denunciar el peligro de este texto y pedir su rechazo. Esta movilización ha permitido hacer retroceder a la APCE, que finalmente ha abandonado el proyecto.