Miércoles, 08 de julio de 2020

Religión en Libertad

Un juez de Canadá avisa contra una ley que encarcelará a los padres que se nieguen a cirugía trans

El juez Brian Giesbrecht denuncia los abusos de las leyes trans que multan y encarcelan a quien cuestiona los cambios de sexo
El juez Brian Giesbrecht denuncia los abusos de las leyes trans que multan y encarcelan a quien cuestiona los cambios de sexo

ReL

Brian Giesbrecht, un juez retirado de Canadá, ha realizado un análisis de las proposiciones de leyes canadienses C8 y S-202, que penalizan y castigan a cualquiera que intente ayudar a una persona a dejar atrás sus sentimientos de atracción al mismo sexo o sentimientos transexuales (de desapego a su sexo biológico). Incluso castiga -hasta con cárcel- a padres que no quieran que sus hijos avancen en la afirmación de estos sentimientos.

"Esta legislación es probablemente el asalto más agresivo contra los derechos de los padres que un gobierno federal [de Canadá] ha intentado nunca. Si se aprueba, se arriesga a destruir el lazo entre padres e hijos cuando la filosofía o religión de la familia choca con la del estado", advierte el juez.

El juez Brian Giesbrecht analiza el caso en su artículo en The Epoch Times del 8 de junio, titulado "El problema con la propuesta de prohibición de la terapia de conversión".

"Asusta de verdad que si se aprueba esta legislación, cualquier servicio de consejería que no sea 'reafirmante' será ilegal", escribe. "En otras palabras, un profesional que podría ayudar a un niño a aceptar su sexo biológico mediante su acompañamiento, sería criminal para esta ley. Esto está profundamente mal", denuncia el veterano jurista.

El Gobierno actúa contra los padres al impedirles buscar ciertos tipos de aconsejamiento para sus hijos, explica.

Giesbrecht fue juez en Manitoba de 1991 a 2007. Hoy participa en un think-tank sobre políticas públicas, el Frontier Centre for Public Policy.

Los "expertos" fingen saber lo que no saben, o tienen intereses

El juez denuncia que muchos de los supuestos "expertos neutrales" que asesoran y escriben las leyes sobre transexualidad en realidad son profesionales implicados en el sistema (o negocio) de cambios de sexo.

El juez denuncia, en cambio, que el Gobierno se niega a escuchar a otros profesionales, a los pediatras, psicólogos y endocrinólogos que creen que las personas con sentimientos transexuales y disforia de género merecen otra atención que no sea el cambio de sexo.

La propuesta de ley la impulsa el ministro de Justicia David Lametti, del Partido Liberal, y castiga en el Código Criminal:

1) llevar a un menor a terapia de conversión
2) llevar a un menor fuera de Canadá para hacer terapia de conversión
3) hacer que una persona -de cualquier edad- haga terapia de conversión contra su voluntad
4) sacar provecho económico de la terapia de conversión
5) anunciar la terapia de conversión

Por animar a alguien a reducir su comportamiento sexual ¡años de cárcel!

Pero ¿cómo define la proposición C-8 la "terapia de conversión"? Pues como cualquier "práctica, tratamiento o servicio designado para cambiar la orientación sexual a heterosexual, la identidad de género a cisgender, o para reprimir o reducir el comportamiento sexual o atracción no heterosexual".

Anunciar "terapia de conversión" se castiga con 2 años de cárcel.

Llevar a un menor -incluso a un hijo- a esta terapia se castiga con hasta 5 años de cárcel.

"La legislación propuesta no es neutral: claramente anima a la transición [el cambio de sexo] y desincentiva la espera paciente. Animar al niño a cambiar es legal, desanimarle es ilegal", denuncia el juez.

El juez lo repite: "una persona que sugiera a un niño que se mantenga en su género de nacimiento sería culpable de una grave ofensa criminal. Un asesor religioso, un doctor, cualquiera consultado por un padre cometería una ofensa criminal si dieran su honesto consejo sobre una transición que un funcionario del gobierno no apruebe. Si esto suena como una chaladura, es porque lo es".

El juez habla después del contagio exponencial de chicas jóvenes que ahora desean ser chicos (Rapid-Onset Gender Dysphoria - ROGD, el artículo clásico es el de Lisa Littman), cuya causa aún no se conoce pero tiene que ver con las redes sociales, explica (se juntan unas chicas y sus padres en grupos especializados en Internet y se animan unos a otros a hacer la transición, en grupo).

El juez considera "cuestionable" que haya quien se declare "experto" en ROGD y cree que casi todos fingen saber más de lo que realmente se sabe. Recuerda además que la medicina habitualmente señalaba que la sensación de disforia de género en la adolescencia desaparecía por sí sólo con los años en la inmensa mayoría de casos... quizá por eso la industria del cambio de género quiere actuar en niños y adolescentes en cuanto expresan esa sensación.

Parlamentarios y activistas pro-familia

Otras personalidades han criticado estas leyes de cárcel para quien desaconseja el cambio de sexo.

Derek Sloan, parlamentario del Partido Conservador de Canada (que tiene una quinta parte de los senadores y un tercio de los congresistas), en junio dijo con que esta norma el Primer Ministro Justin Trudeau legislaba a favor del "abuso de menores".

David Cooke, de la Campaign Life Coalition, considera la norma "un ataque sin precedentes de los liberales de Trudeau contra nuestros derechos civiles, libertades personales y libertades religiosas del país".

En declaraciones a LifeSiteNews declaró: "creo que las operaciones de cambio de sexo a menores son abuso. Los menores no tienen edad para beber, fumar, apostar ni votar, y no tienen edad tampoco para tomar decisiones sobre cirugías que permanentemente cambiarán su crecimiento y desarrollo".

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