Menores y redes sociales: Francia sigue a Australia

En los últimos años se ha puesto en marcha un proceso regulatorio de alcance internacional destinado a restringir el acceso de los menores a las redes sociales. 

El acceso de los menores a las redes sociales

No se trata de una reacción puntual ni de una medida simbólica, sino de una respuesta progresiva a un cúmulo creciente de evidencias sobre los efectos negativos del uso intensivo de estas plataformas en niños y adolescentes: aumento de problemas de salud mental, trastornos del sueño, adicción conductual, exposición temprana a contenidos inapropiados, ciberacoso y debilitamiento de la atención y del juicio. 

En este contexto, Australia ha sido el primer país en dar un paso normativo decidido, convirtiéndose en un referente observado con atención por otros Estados. Francia aparece como el siguiente actor relevante en esta secuencia, con la posibilidad de que el modelo se extienda a otros países europeos si los resultados son considerados positivos.

Cómo empieza la regulación en Australia

Australia aprobó un marco legal que entró en vigor el 10 de diciembre de 2025 y que obliga a las plataformas de redes sociales a impedir que menores de 16 años creen o mantengan cuentas. 

El rasgo más innovador de este modelo es el desplazamiento de la responsabilidad: no se sanciona a los menores ni se carga la obligación sobre las familias, sino que se hace responsables a las propias plataformas tecnológicas. Estas deben demostrar que han adoptado “medidas razonables” para evitar el acceso de menores, bajo la supervisión de una autoridad reguladora específica. El legislador australiano reconoce explícitamente que no existe una verificación de edad perfecta, pero exige diligencia técnica y organizativa verificable, con sanciones significativas para las empresas que incumplan.

La industria se debe hacer responsable

Este planteamiento supone un cambio de paradigma respecto a las políticas anteriores, basadas en la autodeclaración de edad o en el consentimiento parental, mecanismos que han demostrado ser ampliamente ineficaces. 

Australia no se limita a formular una norma declarativa, sino que fuerza a la industria a desarrollar sistemas de aseguramiento de edad (age assurance) sometidos a control público. Por ello, el país se ha convertido en un laboratorio regulatorio real, cuyo funcionamiento será evaluado con atención en los próximos años.

Los pasos fallidos de Francia

Francia, por su parte, llega a esta nueva etapa tras una experiencia previa fallida. En 2023 había aprobado una ley que establecía una “mayoría digital” a los 15 años, de modo que los menores necesitaban consentimiento parental para acceder a redes sociales. Sin embargo, esta ley apenas tuvo efectos prácticos, debido a la dificultad técnica de verificar tanto la edad como el consentimiento y a los problemas de encaje con el marco normativo europeo. 

El nuevo proyecto francés, impulsado a finales de 2025 con el respaldo explícito del presidente Emmanuel Macron, supone una segunda tentativa, más ambiciosa y claramente inspirada en el modelo australiano.

La rectificación en Francia y el Derecho en la Unión Europea

La propuesta francesa prevé prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años, con una posible entrada en vigor en septiembre de 2026, coincidiendo con el inicio del curso escolar. El planteamiento adopta elementos clave del modelo australiano: el traslado de la responsabilidad a las plataformas, el énfasis en mecanismos efectivos de verificación de edad y el refuerzo del papel del regulador nacional. 

No obstante, presenta también diferencias importantes. El umbral de edad es menor que en Australia y, sobre todo, Francia debe justificar cuidadosamente la compatibilidad de la medida con el Derecho de la Unión Europea, en particular con el Reglamento de Servicios Digitales (Digital Services Act).

Avanzar en la correcta verificación de la edad

El núcleo más complejo de todo este proceso es la cuestión de la verificación de edad. Tanto el modelo australiano como el francés dependen en gran medida de la capacidad de desarrollar sistemas de age assurance suficientemente eficaces sin vulnerar derechos fundamentales. 

Aquí surgen dilemas difíciles de resolver: los métodos más robustos, como el uso de documentos oficiales, identidad digital o biometría, aumentan la eficacia, pero plantean riesgos serios para la privacidad y pueden generar exclusión social. Las soluciones más ligeras, como la autodeclaración, son respetuosas con la privacidad, pero ineficaces. Además, los sistemas basados en inteligencia artificial, como la estimación facial de edad, pueden cometer errores y reproducir sesgos, mientras que cualquier sistema de verificación puede afectar de manera desproporcionada a familias con menos recursos o menor alfabetización digital.

A pesar de estas dificultades, el debate regulatorio ha ido desplazándose progresivamente desde la pregunta “¿es técnicamente posible?” hacia la pregunta “¿es razonable exigir a las plataformas que reduzcan el daño?”. En este sentido, la perfección técnica ya no se considera un requisito previo para la acción legislativa. El objetivo es elevar significativamente el coste y la dificultad del acceso irregular, no eliminarlo por completo.

El diseño de las plataformas y la adicción

Además, el debate ya no se limita exclusivamente a la edad. En Francia, en la Unión Europea y en otros países se discute cada vez más el papel del diseño de las plataformas: algoritmos adictivos, sistemas de recomendación, hiperpersonalización del contenido y publicidad dirigida. 

El Parlamento Europeo ha señalado la necesidad de restringir los patrones de diseño que fomentan la adicción, especialmente cuando afectan a menores. Esto abre la puerta a enfoques mixtos que combinen límites de edad con reformas estructurales del funcionamiento de las redes sociales.

Reducción del daño

Las objeciones habituales a estas políticas —que los menores se las saltarán, que se vulneran derechos o que la responsabilidad debería recaer exclusivamente en las familias— han sido ampliamente debatidas. La respuesta regulatoria dominante insiste en que la ley no busca perfección, sino reducción del daño; que la sociabilidad digital debe evaluarse a la luz de sus efectos reales; y que la vía del consentimiento parental ya ha demostrado sus límites. 

De ahí el giro hacia un enfoque que responsabiliza directamente a las plataformas. Y a mi entender no solo a ellas, las plataformas, sino a reflexiones y nuevas leyes más resolutivas y menos indulgentes. La verdad es que nos jugamos mucho. No todo lo científica y técnicamente sea posible debe hacerse.

Varias cuestiones legales

De cara al futuro, la expansión de este modelo dependerá de varios factores clave: quién asume la responsabilidad legal efectiva, qué tecnologías de verificación se aceptan, cómo se aplican las sanciones, qué plataformas quedan incluidas y cómo se resuelven las tensiones con el marco jurídico europeo. 

Francia puede convertirse en el primer país de la Unión Europea en seguir explícitamente el ejemplo australiano, lo que tendría un efecto demostración sobre otros Estados.

¿Y prohibir los móviles a los menores?

Más allá del debate técnico y jurídico, este proceso revela una cuestión de fondo: el reconocimiento de que la atención, el tiempo y la vida interior de niños y adolescentes han sido profundamente colonizados por arquitecturas digitales diseñadas para capturar deseo y prolongar el uso. 

La discusión sobre la prohibición de redes sociales es, en última instancia, un síntoma de una crisis más amplia: el descuido de la realidad humana concreta. Por eso, incluso si las soluciones finales son híbridas y provisionales, el debate ya ha producido un desplazamiento significativo: se reconoce que el daño existe, que no es neutral y que exige algún tipo de cuidado colectivo.

 ¿Y prohibir los móviles a los menores? Suena muy fuerte, pero debemos empezar a pensar el asunto. ¿Pasó con el tabaco y el alcohol porque dañaban? ¿Qué hacer ahora? El negocio no puede estar por encima de los derechos de la infancia y adolescencia.