La llamada Ley de Protección Integral contra la Discriminación por Diversidad Sexual y de Género de la Comunidad de Madrid, impulsada por el PP, fue aprobada el jueves en la Asamblea de Madrid por unanimidad de los cuatro grupos representados (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos), con la única ausencia de los diputados autonómicos David Pérez -también alcalde de Alcorcón- y Luis Peral.

Pero no es una ley de igualdad y no discriminación, pese a su título, sino que va mucho más allá. Así lo expresó durante el pleno la diputada podemita Beatriz Gimeno (que declaró su condición de lesbiana desde la tribuna), al proclamar: "Leyes como la que hoy aprobamos aquí tienen como objetivo fundamental transformar los marcos culturales, los marcos de pensamiento. Creo que ésa es la principal virtualidad de esta ley... Pretende redefinir el marco de interpretación de la realidad".


Beatriz Gimeno, de Podemos, proclamó la realidad de la ley: no se trata de garantizar derechos, sino de cambiar el pensamiento de la mayoría ciudadana.

De hecho, según denuncia el Centro Jurídico Tomás Moro, la ley "violenta la libertad ideológica, moral y de pensamiento de la mayoría ciudadana, al imponer una ideología concreta" y crea "una suerte de policía de pensamiento para combatir la libertad de expresión al establecerse diferentes mecanismos de adoctrinamiento y normas para controlar a los disidentes ideológicos".

El Centro Jurídico Tomás Moro denuncia que "la ley trata de evitar la discriminación y sin embargo no da ni un solo dato de dicha discriminación. En las ponencias parlamentarias se dio por presupuesta una discriminación que sin embargo la sociedad madrileña no percibe. La ley no proporciona datos de discriminación ni en el ámbito escolar, ni en el ámbito universitario, ni en el ámbito laboral, y sin embargo se dispone la discriminación positiva de los LGTBI sin justificarse dicha discriminación positiva".
 
"La ley supone una importante mutilación de los derechos de la mayoría. Efectivamente, la ley aprobada por la Asamblea de Madrid no solo establece la discriminación positiva de los LGTBI, sino que violenta la libertad ideológica, moral y de pensamiento de la mayoría ciudadana, al imponer una ideología concreta", obligando al adoctrinamiento sobre "diversidad sexual e identidad o expresión de género, que se aplicará a todos los niveles y etapas formativas y que será de obligado cumplimiento para todos los centros educativos"


Asimismo, "la ley establece privilegios para una minoría", entre los cuales cita los siguientes:

-"los poderes públicos de Madrid conmemorarán cada 17 de mayo el Día Internacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia";

-"establece la obligación de instalar la bandera arcoiris LGTBI en la sede de Presidencia y sede de la Asamblea de Madrid";

-obliga a promover "el turismo LGTBI";

-"privilegia a los grupos editoriales del movimiento LGTBI, que suplirán sus escasas ventas con la obligación que la ley establece para las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y de los Ayuntamientos de la región de adquirir libros para la creación de un fondo bibliográfico de temática LGTBI";

-en sentido contrario, se censuran "las publicaciones  contrarias al reconocimiento de la diversidad sexual", lo que incluye "la mayoría de las publicaciones científicas".


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