Miércoles, 28 de octubre de 2020

Religión en Libertad

Medio siglo de expansión imparable de la cultura de la muerte

El aborto legal nació «implícito» en la anticoncepción y ha acabado persiguiendo a los rescatadores

Jacques Chirac, primer ministro con Valéry Giscard d'Estaing, sale del Palacio del Elíseo en 1974 junto a su ministra de Salud, Simone Veil: el trío que introdujo el aborto en Francia. Foto: AFP.
Jacques Chirac, primer ministro con Valéry Giscard d'Estaing, sale del Palacio del Elíseo en 1974 junto a su ministra de Salud, Simone Veil: el trío que introdujo el aborto en Francia. Foto: AFP.

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La legalización del aborto tiene su origen en la legalización de la anticoncepción. Y desde la ley Chirac-Veil de 1975, las condiciones de "acceso al aborto" no han dejado de ampliarse en Francia, hasta convertirse en un "derecho" intocable que incluso limita el de las madres a ser informadas de las alternativas y el de los rescatadores a ofrecerles ayuda a la puerta de los abortorios. Una instructiva historia que ha sintetizado Yves Chiron en el nº 326 de La Nef:

Aborto: pequeña historia de su legalización

Si bien ya desde la alta Antigüedad la práctica del aborto siempre ha existido, la Iglesia la ha condenado desde el principio. En la colección de textos conciliares más antiguos conocidos -los 81 cánones del Concilio de Elvira, hacia el año 305-, el canon 63 excomulga a los esposas que, embarazadas, matan al hijo fruto de un adulterio: "Si una mujer ha concebido no estando su marido y después de su crimen mata al hijo que ha concebido, se ha decidido que no se le dé la comunión hasta el final de su vida, porque ha cometido un doble crimen" [Agradezco al hermano benedictino, sabio latinista, que ha querido traducir este canon inédito en francés.] La enseñanza tradicional de la Iglesia siempre ha considerado el aborto como un crimen, según la ley natural, y un pecado grave.

Bajo la monarquía, la legislación civil castigaba el aborto como un infanticidio. Después de la Revolución, el código penal napoleónico (1810) infligía penas severas tanto a las mujeres que abortaban como a quienes practicaban el aborto. La ley de 1920 reprimía la anticoncepción, el aborto y, también, la "propaganda de anticonceptivos". Estas medidas fueron reforzadas por las legislaciones sucesivas (1923, 1939, 1941 y 1942).

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un gran desarrollo tanto la ideología de la planificación familiar como las reivindicaciones feministas. En 1956 se fundó Maternité heureuse [Maternidad feliz], que se convirtió en el movimiento francés para la planificación familiar en 1960. El movimiento reclamaba la puesta en marcha de programas de educación sexual, la legalización de la anticoncepción y del aborto.

Algunos libros apoyaron y popularizaron estas reivindicaciones, sobre todo Des enfants malgré nous [Niños a pesar nuestro] (1956), del periodista y militante Jacques Derogy, y Le livre noir de l'avortement [El libro negro del aborto] (1962), de Marcelle Auclair, cofundadora de la revista femenina Marie-Claire. También a partir de 1956 se presentaron en la Asamblea diversos proyectos de ley cuyo objetivo era legalizar la anticoncepción. Especialmente se avanzan dos argumentos: "el control de la natalidad" y poner fin a los abortos clandestinos.

El 28 de diciembre de 1967 un proyecto de ley presentado por el diputado gaullista Lucien Neuwirth recibió el voto de una ajustada mayoría. Con él se autorizaba la anticoncepción, pero con restricciones: prohibición de publicidad y autorización de los padres para las menores -en esa época la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años-. Estas restricciones se levantaron con las leyes de 1973 y 1974.

En 1967, miembros del movimiento de planificación familiar fundaron la Asociación nacional para el estudio del aborto (ANEA), que llevó a cabo acciones de presión. Como observaron dos universitarias favorables al aborto: "La ley Neuwirth llevaba implícita en ella la idea de una liberalización, a la larga, del aborto. Al reconocer la legitimidad de la planificación de la natalidad, puesto que recomendaba la maternidad deseada, legitimaba de hecho el rechazo a todo embarazo no deseado" (Michèle Ferrand y Maryse Jaspard, L'interruption volontaire de grossesse, PUF, 1987, pág. 20).

El Informe Berger (1974)

El doctor Peyret, diputado gaullista de Vienne, presentó un primer proyecto de ley el 29 de julio de 1970. Su objetivo era autorizar "la interrupción voluntario del embarazo" (IVG sus siglas en francés) en estos tres supuestos: que la vida de la madre estuviera en peligro, que el niño tuviera graves "malformaciones corporales o mentales" o en caso de violación o incesto. Este proyecto de ley fue rechazado por la Asamblea Nacional, pero provocó una reacción del Consejo nacional del Colegio de Médicos que, el 23 de octubre siguiente, publicó un comunicado para "reafirmar públicamente que el respeto de la vida humana constituye un dogma fundamental de la acción del médico y que la vida embrionaria y la vida fetal no pueden ser separadas artificialmente de la vida humana". Un mes más tarde, el 27 de noviembre de 1970, se constituyó la primera asociación provida, Laissez-les vivre [Dejadlos vivir], cuyo objetivo era "promover el valor específico de toda vida humana, que debe ser respetada desde la concepción". La asociación pronto tuvo sedes locales, SOS Futures Mères, para "ayudar a la mujer a garantizar su maternidad".

La ofensiva mediática siguió, especialmente a través de dos manifiestos publicados por Le Nouvel Observateur. El primero, publicado el 5 de abril de 1971 y titulado "Un appel de 343 femmes", estaba firmado por actrices famosas, escritoras, personalidades del mundo del espectáculo, de la prensa, de la edición, que declaraban haber abortado clandestinamente y reclamaban "el libre acceso a los medios anticonceptivos" y "al aborto libre". En él se observa una sobrevaloración considerable del número de abortos clandestinos ("Un millón de mujeres abortan cada año en Francia") y una banalización del aborto: "Esta operación, practicada bajo control médico, es de las más simples".

El segundo manifiesto, publicado el 3 de mayo siguiente, estaba firmado por 252 médicos que remitían la decisión de abortar a la "libertad individual". Siguieron otras peticiones y se mediatizaron los procesos de aborto dando lugar a campañas mediáticas.

Un sondeo del IFOP, hecho público el 9 de diciembre de 1972, pareció demostrar que dos tercios de los franceses eran favorables a la liberalización del aborto. En junio de 1973, siendo presidente de la República Georges Pompidou, el primer ministro Pierre Mesmer y el ministro de Sanidad Michel Poniatowski presentaron un proyecto de ley cuyo objetivo era ampliar las condiciones para recurrir al aborto terapéutico, sobre todo cuando "hay riesgo para la salud física, mental o psíquica de la mujer" tras sufrir una violación, un incesto o siempre que hay riesgo de malformación para el niño que tiene que nacer.

Este proyecto fue reenviado a la Comisión de Asuntos culturales, familiares y sociales. El diputado Henry Berger, presidente de la Comisión, puso en marcha un grupo de trabajo que decidió recoger la opinión de "personalidades cualificadas para identificar las dimensiones, las causas y las consecuencias de este flujo [los abortos clandestinos] y saber cuáles son los medios para contenerlo y hacerlo desaparecer". En trece sesiones de trabajo, del 11 de julio al 23 de noviembre de 1973, se escuchó a cuarenta y dos personalidades, representantes de "todas las corrientes de pensamiento" y de "todas las asociaciones comprometidas en este amplio debate": personalidades conocidas por su oposición al aborto (como el profesor Jérôme Lejeune y el historiador Pierre Chaunu), además de asociaciones hostiles al proyecto de ley como aquellas que estaban a favor. La posición de la Iglesia católica se expresó a través del cardenal Renaud y del canónigo Gaudillière, respectivamente presidente y secretario de la Comisión Episcopal para la Familia, y del jesuita Roger Heckel, director de Cahiers de l'actualité religieuse et sociale.

José Javier Esparza recoge en Jérôme Lejeune: amar, luchar, curar el compromiso del gran genetistas francés por el derecho a la vida.

El informe íntegro de estas sesiones se publicó en enero de 1974 en un voluminoso Informe (Rapport d'information sur le problème de l'interruption volontaire de grossesse, Assemblée National, enero de 1974, 516 páginas). El debate del proyecto de ley se registró en el programa de la Asamblea para esa primavera, pero el fallecimiento del presidente Pompidou interrumpió el proceso.

La ley Chirac-Veil (1975)

A finales de 1974, con el apoyo del nuevo presidente de la República, Valéry Giscard d'Estaing, su primer ministro, Jacques Chirac, presentó un nuevo proyecto de ley que fue defendido en el Parlamento por la nueva ministra de Sanidad, Simone Veil. Es injusto, desde un punto de vista histórico, hablar de "ley Veil", como si hubiera sido una ley deseada por esta ministra. Técnicamente hay que hablar de una ley Chirac-Veil e, ideológicamente, vemos que dos presidentes de la República sucesivos, Pompidou y, después, Giscard d'Estaing, cedieron a lo que ellos pensaron era una evolución ineludible de la mentalidad. La derecha gaullista y liberal, mayoritaria en las dos Cámaras, estaba dividida acerca de este tema. Fue el apoyo masivo de las voces de la izquierda lo que permitió que el 29 de noviembre de 1974 la Asamblea Nacional, y en diciembre el Senado, votaran el proyecto de ley.

La ley promulgada el 17 de enero de 1975 es contradictoria en sus términos. El artículo 1 de la misma afirma que "la ley garantiza el respecto de todo ser humano desde el inicio de la vida" y que "no se atentará contra este principio" salvo "en caso de necesidad y según las condiciones establecidas por esta ley".

Otra contradicción: el aborto no es, en la ley de 1975, un derecho incondicional, pero sin embargo es una decisión que atañe sólo a la mujer puesto que ella puede "pedirlo" si siente que está en una "situación de dificultad". Como observaron Michèle Ferrand y Maryse Jaspard, antes citadas, "para los opositores, la noción de dificultad era inaceptable, en la medida en que abría el camino al aborto de conveniencia. A la inversa, para los partidarios de una liberalización total la utilización de este término era detestable porque era dramático y tenía connotación de culpabilidad".

Se suponía que una evaluación previa a la decisión definitiva, realizada ocho días más tarde, debía garantizar una decisión meditada; se suponía que la cláusula de conciencia a la que podía recurrir cualquier médico para no realizar un aborto salvaguardaba la ética médica; y el plazo máximo de diez semanas de embarazo era más restrictivo que el de otros países (como en Gran Bretaña, por ejemplo, que era de veintiocho semanas).

De la ley Rudy (1982) a la ley Neiertz (1993)

En la práctica, a partir de la ley de 1975, siguió banalizándose el aborto, que fue facilitado por las leyes sucesivas y los cambios en la ley. En 1979 se constituyeron centros de aborto autónomos. En 1982, la ley Rudy estableció que el Estado se asumiera los gastos de los abortos. En 1988, se autorizó la venta de Mifegyne, fabricada por el laboratorio Roussel Uclaf -la píldora RU 486-, lo que abrió la vía al aborto farmacológico que representa, hoy en día, más de la mitad de los abortos realizados en Francia.

El movimiento provida respondió en la calle a la prohibición de la ley francesa a la información que pretenda disuadir a la madre de abortar: "Conservar el bebé es la verdadera liberta", "Proteger al débil, eso es ser fuerte", "Decir la verdad sobre el aborto es disuadir", son algunos de los lemas que se leen en esta composición de la Fundación Jérôme Lejeune.

En este periodo se desarrolló el movimiento provida. En 1986, el doctor Xavier Dor fundó SOS Tout-Petits; en 1988, Claire Fontana fundó La Trêve de Dieu. Estos dos movimientos organizaban "rescates", es decir, acciones delante de los hospitales o de los centros abortistas para protestar contra los abortos y detenerlos durante un tiempo. El 27 de enero de 1993, Véronique Neiertz, secretaria de Estado para los derechos de las mujeres, hizo votar una medida con la que se creaba el delito de impedimento al aborto y que preveía penas graves (multas y prisión) por "el hecho de impedir o de intentar impedir un aborto [...] ya sea obstaculizando el acceso a los establecimientos donde se realizan los abortos o la libre circulación de las personas dentro de dichos establecimientos; ya sea ejerciendo amenazas o actos intimidatorios al personal médico o no médico que trabaja en dichos establecimientos, o a las mujeres que se dirigen a los mismos para abortar".

Es lo que se conocerá, a partir de entonces, como la ley Neiertz de criminalización del delito de impedimento al aborto. Los procesos judiciales contra los militantes provida aumentaron.

De la ley Aubry (2001) al decreto Véran (2020)

El 4 de julio de 2001, la ley Aubry-Guigou amplió el plazo para abortar de 10 a 12 semanas de embarazo y suprimió, para las mujeres mayores de edad, la obligación de pasar una consulta psico-social previa. La ley del 4 de agosto de 2014 "en aras de una igualdad real entre hombres y mujeres" suprimió la noción de "situación de dificultad" en las condiciones para recurrir a un aborto, sustituyéndola por un banal "que no quiera seguir con su embarazo".

El 20 de marzo de 2017, una nueva ley amplió el delito de impedimento al aborto teniendo como punto de mira las páginas web que tenían como objetivo "la difusión o transmisión de argumentos o indicaciones de naturaleza tal que induzcan intencionadamente al error, con un fin disuasorio, sobre las características o las consecuencias médicas de un aborto". Puesto que la Asamblea Nacional había empezado a debatir el proyecto de ley, monseñor Pontier, presidente de la Conferencia Episcopal francesa, dirigió una carta al presidente de la República para protestar contra este proyecto de ley que "constituye, a pesar de lo que afirman sus depositarios, un precedente grave de limitación de la libertad de expresión en internet".

Por último, hace unas semanas, tomando como pretexto el confinamiento impuesto por el Covid-19, ya que la pandemia podría impedir o retrasar la compra de tests de embarazo, las ecografías y los abortos, el movimiento de planificación familiar y otras asociaciones feministas han pedido que el plazo legal del aborto se amplíe de las 12 a las 14 semanas. El gobierno no ha modificado la ley sobre el aborto quirúrgico, pero sí que ha ampliado la ley sobre el aborto farmacológico. El pasado 14 de abril, Olivier Véran, ministro de Sanidad, emitió un decreto que autoriza el aborto farmacológico hasta las nueve semanas en lugar de las siete establecidas por la ley hasta ese momento. Gracias a un epidemia mortal, un ministro de Sanidad favorece, una vez más, la "cultura de la muerte".

Traducido por Elena Faccia Serrano.

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