Martes, 20 de abril de 2021

Religión en Libertad

Mas y Convergència engañan a la Iglesia catalana y aprueban la ley de privilegios y multas gays

ReL

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de CiU, despliega una bandera gay en el balcón del Ayuntamiento, con líderes del lobby gay de Cataluña
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de CiU, despliega una bandera gay en el balcón del Ayuntamiento, con líderes del lobby gay de Cataluña
El Parlamento autonómico catalán, cuya fuerza mayoritaria es Convergència i Unió, ha aprobado la popularmente llamada "ley de privilegios y multas gays", que permite multar a quien critique fuertemente la ideología gay, obliga a las escuelas, maestros y textos escolares a alabar y elogiar la actividad homosexual y establece que son los denunciados por "homofobia" los que han de demostrar su inocencia, y no los acusadores los que han de aportar pruebas de culpabilidad.

La mayor parte del texto ha contado con 112 votos a favor (de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, C´s i la CUP) y 18 en contra (del Partido Popular de Cataluña, aunque el PP aprobó otra ley similar en Galicia).

La parte del texto que hablaba de las infracciones, las multas y castigos a quien no acepte la ideología o actividades LGBT, el control LGBT de la educación y la inversión de la carga de la prueba (el acusado es culpable mientras no se demuestre lo contrario) ha obtenido 31 votos en contra: los del PP y los de 13 diputados de Unió Democràtica, el socio democristiano de Convergència. 

Ciutadans ha votado en bloque a favor de la ley de privilegios y multas gays. Su portavoz al respecto, la diputada autonómica Inés Arrimadas, declaró: “es necesaria la detección precoz de las muestras de rechazo, sobre todo en las escuelas". Se entiende que quien muestre rechazo al ideario y prácticas LGBT será detectado, multado y castigado. 

Mas y Convergència engañaron a la Iglesia
El diario digital ForumLibertas, cercano a la asociación E-Cristians, puntualiza que se trata de una traición del presidente de la Generalitat, Artur Mas, a los católicos catalanes, porque "el pasado 11 de julio, Artur Mas, acompañado por la Consejera de Bienestar Social, y Familia, Neus Munté, la ponente de CiU de la Ley LGTBI, y su jefe de gabinete, se reunieron con representantes de la Iglesia en Cataluña" para tratar de esta ley y se alcanzaron acuerdos que Mas y Convergència no han cumplido. 

Entre ellos, Mas se comprometió a que CiU votaría contra el principio de "culpabilidad a menos que se demuestre lo contrario", una cuestión sobre la que además "el presidente se mostró sorprendido por el hecho de que estuviera incluida en la ley", detalla ForumLibertas.

"El engaño de Artur Mas se ha concretado de una forma escandalosa, porque CDC ha votado a favor de todo el contenido de la ley sin presentar enmiendas, ni siquiera ha apoyado las presentadas por su socio de Gobierno, UDC, y por el PPC, en relación a la inversión de la carga de la prueba", denuncia el digital católico.

"Nunca antes se había producido un engaño de tal envergadura en las relaciones entre el Gobierno de la Generalitat y la Iglesia, ni tan siquiera en la época del Tripartito", afirman refiriéndose al anterior gobierno conjunto de socialistas, postcomunistas y Esquerra Republicana. "En el periodo en que [el socialista] José Montilla fue presidente, éste se esforzó en mantener unas relaciones de entendimiento y buena colaboración con la Iglesia".

Un primer signo de engaño se advirtió cuando Mas dejó que fuese el minoritario PP, y no la gobernante CiU, quien presentase el proyecto al Consejo de Garantías Estatutarias. "Dicho Consejo, nombrado por el Parlamento de acuerdo con la correlación de fuerzas, no examina en los mismos términos una ley presentada por un grupo minoritario que si, además, hay otra petición en idéntico sentido del grupo de la mayoría", detalla ForumLibertas.

Una ley que lo controla todo, y castiga
La ley de privilegios y multas gays queda aprobada, pues, con el ampuloso nombre de "Ley de Derechos de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales y por la Erradicación de la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia". 

Oficialmente, esta ley:

- crea un "Consejo Nacional" (de Cataluña) de "lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales" como "órgano consultivo" de las administraciones (E-Cristians lo define como "un gobierno dentro del propio gobierno")

-crea un "servicio de atención integral para situaciones de violencia y discriminación" (la ley detalla que corresponde al demandado demostrar que no ha discriminado, y no al revés).

-regula que los materiales escolares "tengan en cuenta las diversas orientaciones sexuales" 

- establece infracciones y sanciones para el caso de "expresiones vejatorias"

En mayo la asociación E-Cristians publicó una lista de los 22 principales peligros y daños que podía causar esta ley que finalmente ha sido aprobada con votos de Convergència, la izquierda y Ciutadans. 

Entre esos daños están:

- privilegios contra el derecho de admisión: si un bar no deja entrar a una persona por estar borracha (por ejemplo), y reclama ser gay, el bar ha de demostrar no ser "homófobo" o será multado (cosa que no sucede si el borracho es heterosexual)

- "la obligación de fomentar la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad (art. 6)"

- "Se obliga bajo sanción a “que los centros educativos, escuelas e institutos presenten los GLBTI en términos positivos” (art. 12)."

-"Se promueve la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad y la intersexualidad en la cultura, el tiempo libre y el deporte (art. 14)."

-"Se quieren imponer cuotas laborales para GLBTI “dentro del sector público y fomentar su implantación dentro del sector privado” (art. 20)."

-"Se modifica la legislación catalana en reproducción asistida, sin incorporar ni siquiera la limitación por edad."

-"Se establece el control sobre los medios de comunicación (art. 15) con el fin “de establecer recomendaciones sobre el trato y el uso de imágenes y lenguaje favoreciendo la visibilidad de referentes positivos de los GLBTI”.

-"Las sanciones administrativas son de una gran dureza (arts. 31 y 32). Desde la multa por una cuantía equivalente a la renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), de entre siete días y cuatro meses, hasta más de un año. También prevé la inhabilitación, y la prohibición de financiación pública. En el ámbito empresarial y de centros educativos establece la suspensión temporal por un período de hasta cinco años de la actividad de la empresa. Un plazo que puede ser mayor en las faltas más graves".

"Con este instrumento la capacidad de presión de los lobbies GLBTI sería enorme
", previene E-Cristians. 
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