¿Rezar en el polideportivo de Jumilla? Los obispos citan la Constitución

Jumilla es una pequeña ciudad de 27.000 habitantes en Murcia, famosa por sus peras y vinos, donde gobierna el PP (obtuvo el 42,3% del voto) con apoyos puntuales de VOX (obtuvo el 7,7% del voto). Un pleno de la semana pasada aprobó una normativa municipal sobre cómo usar los espacios deportivos municipales (básicamente son 3 polideportivos).

Usar los polideportivos para cosas deportivas

La nueva norma del Ayuntamiento, apoyada por el PP y VOX, dice que los espacios deportivos del Ayuntamiento deben usarse "exclusivamente para el ámbito deportivo, o para actividades organizadas por el Ayuntamiento".

No parece un tema especialmente conflictivo. Pero se ha recordado que en uno de esos polideportivos los musulmanes de la zona suelen celebrar sus encuentros para grandes festividades religiosas.

Y la prensa generalista, la de izquierdas y los medios públicos controlados por el Gobierno socialista (RTVE, RNE, etc...) lo han presentado con titulares similares a "PP y VOX prohíben actos públicos de religión musulmana".

El Ayuntamiento de Jumilla este jueves, en respuesta a la polémica, ha recordado que la norma impide en las instalaciones deportivas municipales "actividades culturales, sociales o religiosas ajenas" al Consistorio. Pero "no recoge ningún veto ni ninguna prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa". (Es decir, los musulmanes, los cristianos o los ateos pueden organizar allí partidos de fútbol o carreras, etc...)

"Ni el Ayuntamiento de Jumilla ni ningún otro Ayuntamiento de España puede prohibir la libertad religiosa y de culto de ninguna comunidad, ya que es un derecho recogido en la Constitución Española", recuerda.

Para actividades no deportivas, hay otras instalaciones

El Ayuntamiento de Jumilla detalla que el resto de instalaciones municipales "estarán a disposición de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana, o cualquier persona o asociación que solicite una instalación y cumpla con los requisitos técnicos" (que suele incluir pagar por su uso, por sus requisitos de seguridad, etc...).

VOX presentó la moción como una "defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas como La Fiesta del Cordero". Pero la moción que se aprobó fue otra, impulsada por el PP.

La moción aprobada también insta al equipo de gobierno a «promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas en nuestro país», algo que, dice el Ayuntamiento, ya se hace.

El Gobierno estatal entra con bombo y platillo

El tema de cómo usar para el deporte los 3 polideportivos de Jumilla lo ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez para hablar de los "peligros de la ultraderecha", y el Ministerio de Migraciones ha declarado que vigila de cerca lo que han tildado de "discursos de odio"... sin referirse a ningún texto concreto de nadie.

En España cada ayuntamiento puede decidir cómo usar sus instalaciones municipales. Pero lo cierto es que los polideportivos, en el país, se usan para muchas cosas, desde acoger peregrinos del Camino de Santiago, a entrenar castellers (que se consideraría deporte) a, efectivamente, preparar algunas romerías y actos religiosos.

¿Y si los Ayuntamientos hostigaran a la Semana Santa?

Se ha repetido en redes y en Radio Nacional de España: ¿y si los Ayuntamientos impiden usar instalaciones públicas para la Semana Santa, cuando millones de católicos salen a las calles?

Aquí ha intervenido la Conferencia Episcopal Española enviando una nota a la agencia EFE y otras agencias recordando lo que dice la Constitución Española (Art 16): "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. [...] Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones". 

Los obispos recuerdan que las manifestaciones religiosas públicas, "entendidas como libertad de culto", están amparadas por el derecho a la libertad religiosa.

Los obispos añaden que "la única intervención posible por parte de las autoridades públicas" sería ante "la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar". Es algo que "debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica".

Añaden además que las restricciones "se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas". (Eso incluiría el Carnaval, la trashumancia con ovejas, desfiles militares, y mil actividades más).

La libertad de "cambiar de religión"

La nota aprovecha para citar que según la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 18, las personas tienen derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, lo que incluiría, dice la nota, "la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia".

(Recordar "la libertad de cambiar de religión" suena raro cuando se piensa en el Islam; muchos musulmanes defienden que quien deja el islam para tomar otra religión debe ser castigado con la muerte).

Conferencia Episcopal explica que limitar estas libertades "no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes". Hacer estas restricciones por motivos religiosos "es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas", añaden.

Con todo, la medida municipal aprobada en Jumilla sólo menciona a la religión en una frase: cuando insta a "proteger los valores y manifestaciones religiosas".

¿Qué preocupa a los obispos?

Probablemente los obispos, ante el calor del debate, temen que algunos ayuntamientos especialmente laicistas y anticlericales amenacen a las iglesias locales con cortar la colaboración que aún puedan mantener en usos de infraestructuras.

Cada caso concreto (cada lugar, fecha y ocasión) merece su análisis propio, pero el principio general de la Constitución es el de que "los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones".