Martes, 28 de enero de 2020

Religión en Libertad

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Más ventajas para las denuncias falsas de malos tratos

por Luis Antequera


            El fracaso de la lucha contra los malos tratos a mujeres en España, del que nos hacíamos eco ayer, habría producido en cualquier Gobierno preocupado por el mal al que pretende poner coto y por los resultados de su lucha más que de las coordenadas ideológicas a las que sirve, el abandono inmediato de una política que no ha podido realizar un peor enfoque de la cuestión ni producir resultados más nefastos. Pero como naturalmente no es el caso, faltaría más, lo que va a producir es justamente lo contrario, a saber, una nueva vuelta de tuerca en un despropósito jurídico que va más allá de todo lo imaginable.
 
            Si al elaborar en 2004 la Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género, el Gobierno pesoíta ya retorció el Estado de derecho para establecer una flagrante violación de la igualdad de los españoles por razón de sexo consagrada en el artículo 6 de la Constitución, -la que realizó al “diseñar” un delito que sólo podían cometer los hombres y no las mujeres, y que sólo se podía cometer sobre una mujer pero no sobre un hombre-, envalentonado “por el éxito” se propone ahora un nuevo atentado contra uno de los pilares fundamentales del mismo Estado de derecho: la presunción de inocencia, proclamada igualmente en la Constitución:
 
            “Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia al letrado, [...] a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia (Art. 24. 2).
 
            El nuevo atentado parte esta vez de la Sra. Pajín, ministra de Sanidad a la sazón (aún me pregunto qué tiene que ver la sanidad con la patria potestad, pero claro, también me pregunto qué tiene que ver la Sra. Pajín con la sanidad), quien ha sido la encargada de anunciar el proyecto del Gobierno por el que los hombres imputados por malos tratos, perderían la patria potestad sobre sus hijos en el mismo momento de la imputación, esto es, sin necesidad de que ni siquiera medie sentencia (de sentencia firme ni hablamos).
 
            El ministro Rubalcaba, que pasa por ser la materia gris de un Gobierno, el zapaterita, donde dicha materia escasea notablemente, no sólo ha hecho causa común con el dislate jurídico, -lo que basta para conocer al personaje y su fe en el Estado de derecho, él que tiene en sus manos nada menos que los instrumentos coercitivos del Estado-, sino que ha ensayado una línea de defensa que no puede ser más desafortunada, al afirmar que le preocupa más la protección de los niños que los derechos de cualquier imputado. Como si la protección de la población frente a imaginarios peligros, no fuera lo que, desde que el hombre es hombre, no hubieran invocado los tiranos para, precisamente, violar los más elementales derechos de los ciudadanos.
 
            Y yo le pregunto al Sr. Rubalcaba: en un país donde gracias a la inicua legislación aprobada por el Gobierno del que Vd. forma parte, las falsas denuncias de malos tratos se han convertido en práctica habitual (fuentes apuntan a 350 denuncias falsas contra hombres al día), y en el que es posible pasar varios años en la cárcel hasta poder demostrar la propia inocencia por culpa de una denuncia deliberadamente falsa al amparo de una ley premeditadamente ventajista, ¿se ha preguntado Vd. por los perjuicios que puede tener para un niño el quedar sometido a la exclusiva patria potestad de una madre capaz de algo tan abyecto como denunciar falsamente a su propio padre?
 
 
 
 
 
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