A mediados de marzo de 2022 estallaron multitudinarias protestas civiles frente a la gestión del Gobierno de Sri Lanka de una de las peores crisis de la historia del país asiático. La situación económica, estancada por las catástrofes naturales, los atentados de 2019, las consecuencias del Covid y la corrupción, tuvieron como consecuencia largas colas de acceso a alimentos y artículos de primera necesidad, el corte de transportes e infraestructuras.

En última instancia, los enfrentamientos entre civiles y policías y militares se convirtieron en rutinarios hasta la fecha y el jefe de Gobierno, Rajapaksa, huyó a Maldivas el 13 de julio ante las masivas protestas contra su gestión.

Desde entonces, miles de personas han pasado a engrosar las prisiones o a vivir en la clandestinidad. El sacerdote Jeevantha Peiris es uno de los que han seguido este camino después de que las autoridades sitúen al religioso y su parroquia uno de sus principales blancos ante la firme defensa que ejerce sobre los trabajadores del país y concretamente de los que engrosan su parroquia, dedicados principalmente a las plantaciones de té.

La participación de este sacerdote de 45 años en las protestas no pasó desapercibida. Según informa el diario La Croix, Peiris fue víctima de dos registros domiciliarios el pasado 27 de julio y acusado de incitar reuniones ilegales y a la destrucción de bienes públicos.

Más de 1600 sacerdotes de todo el mundo han declarado su apoyo a Peiris, que actualmente se encuentra huido en la clandestinidad.

Durante sus más de veinte años de sacerdocio, Peiris ha dirigido varias parroquias en el norte del país, donde siempre ha defendido los derechos de las comunidades más humildes y marginadas, según expresó su amigo de la infancia y colega R.H. David: "Él mismo vive de forma muy sencilla. Quiere ser la voz de los que no la tienen". Actualmente dirige la parroquia de Doloswalan, en el distrito de Ratnapura.

"Fue al constatar el dramático impacto de la crisis económica [entre sus feligreses] cuando decidió unirse a las protestas para exigir un sistema más justo", explica su amigo.

Aunque su compromiso es propio, coincide con una Iglesia católica de Sri Lanka que se ha vuelto más crítica con el gobierno, especialmente desde que los atentados de Semana Santa de 2019 se atribuyeron a un grupo islamista, recoge La Croix.

Actualmente el sacerdote se encuentra en un lugar secreto ante su inclusión en la lista de manifestantes en el punto de mira de las autoridades desde que Ranil Wickremesinghe fue ascendido al frente del gobierno en sustitución del presidente huido.

Desde el comienzo de las protestas, el sacerdote las ha defendido como "un esfuerzo colectivo histórico que ha unido a los esrilanqueses contra la tiranía de Rajapaksa".

El 23 de julio, la Conferencia Episcopal de Sri Lanka condenó el ataque a manifestantes civiles desarmados y a periodistas del día anterior, afirmando que la supresión de los derechos humanos "exacerbará aún más los desórdenes y dañará la imagen del país en la comunidad internacional".

Varias organizaciones organizaron el 29 de julio una protesta en el Galle Face contra la represión de manifestantes pacíficos y de los medios de comunicación, a la que también se sumaron algunas figuras religiosas.

"Hoy, el arzobispo y los obispos expresan su solidaridad con los manifestantes", dijo el padre Jeevantha a La Croix: "La protesta pacífica es un derecho fundamental y la respuesta represiva del gobierno es un ataque a la democracia. Continuaremos".