Daniel Ortega, el gobernante que tiraniza al pueblo de Nicaragua, ha convertido a la Iglesia Católica en su gran objetivo a la Iglesia Católica por el posicionamiento que realizó en el país a favor de los más débiles y la justicia durante estos últimos años. Durante este tiempo, ha calumniado a obispos y sacerdotes, siendo además algunos de ellos víctimas de los grupos sandinistas protegidos por el presidente.
La última decisión tomada por Ortega contra la Iglesia ha sido la orden de expulsión de las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, presentes en este país centroamericano desde hace 40 años.
Ortega ha impuesto un decreto que obligará a 101 organizaciones sin ánimo de lucro a tener que cerrar de modo “urgente”, entre ellas la Asociación Misioneras de la Caridad.
Según el Gobierno nicaragüense, las religiosas no están acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil, hogar de niñas ni asilo de ancianos, y que tampoco tienen permiso del Ministerio de Educación para tareas de refuerzo de aprendizaje.
El líder izquierdista Daniel Ortega dirige Nicaragua con mano de hierro y sin respetar los derechos humanos.
“No sabemos si vamos a poder cumplir con todos los requisitos que están exigiendo», declaraba al diario La Prensa una de las misioneras de la Caridad en Granada.
En Nicaragua, la orden de la Madre Teresa administra el Hogar Inmaculado Corazón de María, en la ciudad de Granada donde acogen a adolescentes abandonados o abusados y les ayudan a reinsertarse en la vida. También gestionan un asilo de ancianos en la capital, Managua; un proyecto de refuerzo escolar a estudiantes en situación de riesgo, y una guardería para familias sin recursos.
Sin embargo, son más los ataques recientes del régimen a la Iglesia Católica. El pasado mes de mayo, Ortega ordenó cerrar el canal de televisión de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, tan sólo un día después de que el obispo Rolando Álvarez denunciara en él que sufría persecución por parte del Gobierno.
De este modo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), propiedad del Gobierno, ordenó que “el canal 51, Canal Católico” sea “eliminado de la grilla de programación del servicio”.
Monseñor Álvarez, encargado del área de comunicación de los obispo y responsable del canal católico expresó que lo que quiere el Gobierno “es una Iglesia muda, que no anuncie la esperanza del pueblo” y no denuncie el “pecado personal y de las estructuras de injusticia”.
Además, a principios de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por Daniel Ortega, aprobó un informe que acusaba a obispos y sacerdotes de participar en lo que considera un intento de golpe de Estado en 2018 y amenazaba con juzgar a dichos sacerdotes y obispos. Incluso el pasado mes de marzo, expulsaba del país al propio Nuncio de Su Santidad.
El documento acusaba a la Iglesia Católica de apoyar las protestas civiles que exigieron masivamente en 2018 que Ortega abandone el poder. Las manifestaciones provocaron la muerte de unas 400 personas según los organismos internacionales.