Lunes, 25 de octubre de 2021

Religión en Libertad

El Consejo de Ministros aprueba la ley para expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos

El Gobierno quiere expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos
El Gobierno quiere expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos

ReL

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y que lleva como uno de sus puntos centrales la "resignificación" del Valle de los Caídos y la extinción de la fundación que ampara la presencia de los monjes benedictinos, lo que supondría el paso previo a la deseada por el Ejecutivo expulsión de esta comunidad religiosa de la abadía situada en Cuelgamuros.

El nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha aparecido por primera vez ante los medios para presentar este proyecto que pretende ir mucho más allá de la ya de por sí ley de memoria histórica del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta futura ley fue impulsada por la exministra Carmen Calvo, ahora fuera del Gobierno y como símbolo propagandístico tiene un objetivo muy particular: la abadía del Valle de los Caídos.

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Desde que el Partido Socialista llegó al Gobierno anunciaron su intención de “resignificar” el Valle de los Caídos y todo ello pasa por la expulsión de los monjes benedictinos, más si cabe, ante la firmeza del prior fray Santiago Cantera, ante los intentos de profanar las tumbas de las víctimas de la Guerra Civil.

Misa en el Valle de los Caídos

Según el anteproyecto de ley se transformará el lugar en un cementerio civil. Por otro lado, extinguirán la Fundación de la Santa Cruz, que regula desde 1957 la actividad en el lugar y que es la que otorga a los benedictinos la presencia  en la abadía.

Más tarde, y según la previsión del Gobierno, una vez que la fundación esté extinguida llegará el turno de la expulsión de los monjes benedictinos pues sin la fundación y con la resignificación del Valle ya dijo la ministra Calvo en su momento que su presencia era “incompatible” con la memoria democrática.

Para ello, el Ejecutivo deberá aprobar un nuevo real decreto que se tramitará en paralelo con la nueva ley que establezca la organización, funcionamiento y régimen patrimonial de todo el complejo. Y este aspecto debe ser negociado con la Iglesia debido a los acuerdos existentes entre España y la Santa Sede.

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