Neos denuncia el «asalto ideológico» de Sánchez a la Constitución utilizando el aborto por «una vía tramposa»

La fundación NEOS, presidida por Jaime Mayor Oreja, ha alertado del momento especialmente singular que vive España ante el intento de incorporar el aborto a la Constitución como un supuesto nuevo derecho.

Todo indica -según denuncian- que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende cerrar la legislatura con un impulso de carácter constituyente. Tal y como la fundación ha venido avisando, el presidente del Gobierno necesita presentar una nueva etapa constituyente, una “nueva España”, que oculte la corrupción que afecta a su Ejecutivo y sus sucesivas derrotas electorales en el tramo final de la legislatura. Y no solo en lo que se refiere al aborto, sino también en el ámbito territorial, impulsando una “segunda transición” hacia una España nueva y plural, en ruptura con la España constitucional de 1978.

El próximo 26 de febrero, el Pleno del Consejo de Estado previsiblemente respaldará el dictamen de María Luisa Carcedo, exministra socialista, apoyando la tesis del Gobierno de que el aborto debe recogerse expresamente como derecho en la Constitución. Es una una estrategia en la que, lamentablemente, el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, podría justificar ese paso utilizando su doctrina para dar cobertura jurídica a una decisión de enorme trascendencia política y moral. En este sentido, aunque el impulso es claramente del Gobierno, desde NEOS lamentan la utilización del Consejo de Estado y del Tribunal Constitucional para dar soporte institucional a un proyecto ideológico de ruptura.

NEOS advierte también del recurso del Gobierno, una vez más, a lo que considera “una vía tramposa”. El ejecutivo aborda esta reforma desde el artículo 43 de la Constitución, relativo a la protección de la salud —un derecho de los ciudadanos—, con el fin de eludir el procedimiento agravado de reforma constitucional que exigiría la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones si se tratara, como correspondería en realidad, a la reforma del artículo 15, un derecho fundamental de nuestra Carta Magna, que es el que reconoce el derecho a la vida.

En este sentido, se está impulsando una agenda que busca consolidar la cultura woke y reemplazar los fundamentos cristianos que estuvieron en el origen del proyecto europeo. Se trataría de configurar Europa como contrapunto ideológico a Estados Unidos, del mismo modo que en España se impulsa la ruptura como contrapunto al espíritu constitucional de 1978.

El consejo de Estado está presidido por Carmen Calvo, que ha sido vicepresidenta en el gobierno de Pedro Sánchez. El informe será debatido en el cónclave de este órgano en una reunión presidida por esta conocida militante socialista. Del informe preliminar se ha encargado María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad socialista.

Sin embargo, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución y miembro permanente del Consejo, ha preparado un dictamen propio, opuesto al anterior, que planea presentar como voto particular opuesto a la maniobra con la que Sánchez, en realidad, estaría alterando un derecho fundamental como es el derecho a la vida, recogido en el artículo 15.

El Consejo de Estado está compuesto por 32 miembros. Se dividen en tres grupos: los consejeros permanentes, los consejeros natos por su puesto y los consejeros electivos. Según un estudio de El Debate, un 55%, aproximadamente responde a una sensibilidad izquierdista, frente a otro 35% conservador y un 10% más a los que no se les conoce militancia o simpatía ideológica alguna.

Entre los consejeros permanente hay nombres muy conocidos como María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno con Rodríguez Zapatero o Magdalena Valerio, también exministra socialista.

Estos son los 32 miembros del Consejo, que en medio de una fuerte división interna, decidirán si hacen el juego al Gobierno de Pedro Sánchez para destruir el derecho a la vida a su antojo y modificar la Constitución por la puerta de atrás.

Presidencia:

Carmen Calvo Poyato

Consejeros Permanentes:

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Sección Primera)

Magdalena Valerio Cordero (Sección Segunda)

Paz Andrés Sáenz de Santa María (Sección Tercera)

Fernando Ledesma Bartret (Sección Cuarta)

Alberto Aza Arias (Sección Quinta)

José Luis Manzanares Samaniego (Sección Sexta)

María Teresa Fernández de la Vega Sanz (Sección Séptima)

Enrique Alonso García (Sección Octava)

María Luisa Carcedo Roces (Sección Novena)

Consejeros Natos:

Santiago Muñoz Machado, Director de la Real Academia Española.

Benigno Pendás García, Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.

Luis María Cazorla Prieto, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

Antón Costas Comesaña, Presidente del Consejo Económico y Social.

Teresa Peramato Martín, Fiscal General del Estado.

Teodoro López Calderón, Almirante, Jefe de Estado Mayor de la Defensa.

Salvador González Martín, Presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

Antonio Pau Pedrón, Presidente de la Sección Primera de la Comisión General de Codificación.

David Vilas Álvarez, Abogado General del Estado.

Rosario García Mahamut, Directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

José Luis Escrivá Belmonte, Gobernador del Banco de España.

Consejeros Electivos:

Juan Carlos Rodríguez Ibarra

José María Michavila Núñez

Jordi Guillot i Miravet

María Emilia Casas Baamonde

Elisa Pérez Vera

Soraya Sáenz de Santamaría Antón

Elena Valenciano Martínez-Orozco

Francisco Javier Losada de Azpiazu

Pedro María Sanz Alonso

Juan Carlos Aparicio Pérez