Refrendo «total y unánime» de los obispos españoles al acuerdo sobre el Valle de los Caídos

Este viernes concluyó la 127ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española con una rueda de prensa en la que su secretario general y portavoz, Francisco César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, dio cuenta de lo tratado.

Formación masiva para la prevención

Además de los proyectos y cuestiones abordados en diferentes ámbitos, García Magán resumió la actividad realizada a lo largo de 2024 por las Oficinas para la Protección de Menores dependientes de las distintas diócesis, que han ofrecido formación en prevención a 225.000 personas: 130.000 niños y adolescentes, 43.000 profesores, 20.000 padres, 18.600 agentes de pastoral (catequistas, monitores, etc.), 5.000 sacerdotes, 1.800 consagrados no sacerdotes, y 800 seminaristas y consagrados en formación.

Asimismo, se han recogido 146 nuevos casos de abusos, de los cuales 94 no han tenido recorrido judicial, por fallecimiento del victimario o prescripción del delito, aunque, según explicó, sí pueden tener un cauce de reparación moral a través del plan PRIVA (Plan de Reparación Integral para Víctimas de Abusos).

Junto con la cuestión de los abusos, las dos cuestiones que centraron la rueda de prensa fueron el acuerdo del Gobierno y la Santa Sede para la "resignificación" del Valle de los Caídos y la propuesta de los obispos para un pacto PP-PSOE para la regularización masiva de medio millón de inmigrantes ilegales.

Apoyo episcopal a lo decidido por Bolaños y Parolin

García Magán utilizó términos muy enfáticos para dejar claro que la Conferencia Episcopal Española apoya lo decidido por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Santa Sede para el futuro del Valle de los Caídos.

"Por supuesto, ha habido un refrendo total... un refrendo total, total [reiteró], unánime, sin ninguna voz discrepante... sin ninguna voz discrepante [reiteró, marcando las palabras] a la tarea que se ha hecho hasta ahora", señaló.

Añadió que los monjes "han participado" en las reuniones sobre el tema que les concierne, y tras una explicación de que esas reuniones han sido más numerosas de lo que ha trascendido, dijo que los monjes "también, por supuesto, han refrendado", aunque pareció corregir inmediatamente para afirmar "los monjes también han participado también en ese proceso".

¿Y cuál ha sido el proceso? El portavoz episcopal vino a confirmar las informaciones publicadas en los últimos días sobre el destino de la abadía, la basílica y la Cruz del Valle de los Caídos, responsabilizando al Gobierno de su filtración. Dijo que sobre lo acordado hay varias "cartas" intercambiadas, pero que aún "no se ha sustanciado en un acuerdo".

Lo "definitivamente acordado" es:

García Magán explicó que el Gobierno manifestó "años atrás" su intención de "resignificar la basílica y los espacios en torno, incluida la desacralización de la basílica y la salida de los benedictinos". El 11 de octubre de 2024, Pedro Sánchez se entrevistó con Francisco y con el cardenal Pietro Parolin y en ambos encuentros planteó dicha exigencia.

Se produjeron encuentros a cuatro bandas: los monjes, el cardenal José Cobo (designado por Parolin como interlocutor con el Gobierno), el presidente de la conferencia episcopal Luis Argüello y el nuncio apostólico Bernardito Auza. Este "grupo de trabajo" compartió los criterios de que la basílica tenía que mantenerse para la oración por todos los caídos, por la reconciliación y por la paz, y los monjes debían seguir para garantizar esa oración. 

Posteriormente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños,  se entrevistó en Roma con el cardenal Parolin y con el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Gallagher, para trasladar que el Gobierno tenía como punto de partida la salida de la comunidad benedictina y la desacralización de la basílica: "También estaba el tema, aunque estrictamente no fue propuesta del Gobierno, de la destrucción de  la Cruz que preside el conjunto monumental".

Por su parte, la Iglesia trasladó que su planteamiento era la conservación de la basílica y el mantenimiento del culto en el lugar, la presencia de una comunidad monástica y que la Cruz no se podía destruir.

Esas tres exigencias forman parte de lo "definitivamente acordado", dijo García Magán, aunque aún no se conocen "los extremos y plazos" de la resignificación.

Regularización de medio millón de ilegales

En cuanto a la petición a PP y PSOE, expresada el lunes por monseñor Argüello, de que ambos partidos se pongan de acuerdo para regularizar masivamente a medio millón de inmigrantes ilegales, el portavoz episcopal la reiteró en la rueda de prensa, también en términos muy enfáticos.

En su opinión, el hecho de que una iniciativa legislativa popular como la presentada en ese sentido tenga capacidad de recoger las 500.000 firmas exigidas por la Constitución para ser admitida a trámite implica una aprobación popular mayoritaria, pues afirmó que "las demandas sociales deben ser escuchadas, máxime cuando son justas", como calificó a ésta: "Son personas que están contribuyendo al bien común de nuestra sociedad" que se encuentran en situación de "fragilidad" porque no tienen "los derechos que tenemos todos".

Además, la legislación española -censuró- "hace casi imposible el reagrupamiento familiar" y es demasiado exigente "a la hora de conceder el estatuto de refugiado".