Sábado, 18 de septiembre de 2021

Religión en Libertad

El TSJM anula la sanción de 20.000 euros a la 'coach' y condena a la Comunidad de Madrid

¡Victoria frente al lobby LGTBI! La Justicia da la razón a Elena Lorenzo, perseguida durante años

Elena Lorenzo, coach
Elena Lorenzo es 'coach' y acompaña a personas con tendencias homosexuales

J.Lozano / ReL

Elena Lorenzo ha logrado vencer al sistema, y al igual que David tumbó a Goliat, esta coach perseguida durante años por el lobby LGTB y por la propia administración ha conseguido que la Justicia le dé la razón. De este modo, se ha anulado la sanción de 20.001 euros que le impuso la Comunidad de Madrid en la utilización de la radical Ley LGTB, aprobada por la ‘popular’ Cristina Cifuentes, y que todavía a día de hoy está vigente en la Comunidad de Madrid.

En su trayectoria profesional, Elena Lorenzo ha acompañado a numerosas personas con tendencias homosexuales y que libremente acudieron a ella. Ahora son personas felices y realizadas, pero el precio a pagar para esta coach ha sido muy alto. Aún así, siempre se ha mantenido firme en sus convicciones y ha luchado por la justicia, la verdad y para el bien de tantas personas que debido a las leyes LGTB no podrían recibir una ayuda que necesitan.

En este sentido, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha estimado el recurso que presentó la Asociación de Abogados Cristianos, que ha auxiliado a Elena Lorenzo, y ha obligado a la Comunidad de Madrid a la devolución de la sanción de 20.000 euros mientras condena a la administración madrileña a hacerse cargo de todas las costas.

En el auto judicial, el Tribunal Superior de Justicia asegura que “siendo cierta y reglada la finalidad de la información previa, es obligado concluir que la Administración ha incurrido en fraude de ley en su utilización […]. Tales irregularidades procedimentales han supuesto una efectiva indefensión para la recurrente y una ausencia plena de procedimiento, por lo que son subsumibles en las causas de nulidad de pleno derecho”.

Bandera LGTB en Madrid

La presidente de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos ha denunciado que “se ha alargado 5 años el procedimiento sin ninguna justificación. Se ha tratado de una clara persecución ideológica a esta coach por parte del lobby LGTBI, amparada por la Comunidad de Madrid, en especial por el ex vicepresidente, Ignacio Aguado”.

Precisamente, Lorenzo nunca ha tirado la toalla en esta persecución ideológica contra ella, pero sobre todo por su apreciada labor con personas homosexuales, que desmontaba todos los argumentos del lobby LGTB.

Una multa que era una advertencia al disidente

Cuando se anunció la sanción de 20.000 euros contra ella, Elena Lorenzo recordaba que la multa era “una advertencia muy seria a los que pensamos diferente, para que acatemos a través del miedo y del silencio” estas normativas, por lo que dijo estar “siendo víctima” de una persecución política.

En su opinión, aquella sanción pretendía “enmascarar” en la defensa de los derechos de los homosexuales como grupo, pero ella considera que es todo lo contrario: “Limita y quiere eliminar la libertad de los homosexuales y heterosexuales como individuos sancionando una actividad donde muchas personas han querido desde su libertad buscar ayuda para orientar, descubrir y conocer su propia orientación o identidad sexual”.

Como guía en su lucha contra el sistema durante todos estos años siempre estuvo su defensa de las “libertades fundamentales” pues “de nosotros depende que nuestra libertad no sea pisoteada ni ahora ni en las futuras generaciones”.

En una entrevista concedida a Religión en Libertad cuando empezó a ser atacada, la coach hablaba de su verdadera labor y no de lo que le acusaban estos lobbies. “Lo importante es la persona. Trabajo con quien pide ayuda, ya sea con el que se considera gay y quiere seguir siéndolo, o con quien experimenta deseos homosexuales y no lo quiere para él o para ella. Cualquiera de los dos está en su perfecto derecho”.

“Lo curioso de todo esto es que esta ley (Ley de protección integral contra la LGTBIfobia) apoya sólo a aquellos que sí aceptan su propia orientación. Pero si alguien desea cambiarla, la ley prohíbe prestarles apoyo. Me pregunto si este aspecto de la ley la hace igualitaria, por no decir otra cosa”, alertaba ya entonces.

La imposición de un "pensamiento único"

Del mismo modo, Elena Lorenzo desmontaba las falsas acusaciones sobre su trabajo con personas homosexuales señalando que “cambiar o no cambiar es una decisión libre y, con la debida explicación, la persona va optando por aquello que mejor concuerda con el ideal de personalidad que persigue. Algunos logran más avances que otros, como sucede en cualquier proceso personal. Tengo clientes que persisten en su orientación sexual y trabajo con ellos en otros aspectos del coaching (desarrollo profesional, relación de pareja…). Otros, cuando indagan en su propia vida, comienzan a detectar causas que los llevaron a una determinada orientación. Al no estar de acuerdo con ello, deciden optar libremente por otra orientación. Yo no puedo dejar de apoyarlos”.

“En ningún momento empleo técnicas que susciten rechazo o repugnancia a su orientación sexual, ¡pues te aseguro que eso no funciona!”, sentenciaba.

Sin embargo, Elena Lorenzo tuvo claro desde el principio que el problema iba más allá de su persona, era la imposición de una ideología donde no cabe la disidencia ni los cabos sueltos. Así lo explicaba en otra entrevista: “Al colectivo LGBT lo único que le importa es transmitir e imponer, a base de sanciones y multas, un pensamiento único que permite elevar los derechos de este pequeño grupo muy por encima de los derechos de los ciudadanos en general, el cual ya de por sí es una práctica antidemocrática e inconstitucional, como si se tratara de una ‘especie protegida’”.

Lorenzo insistía que “cualquiera que no esté de acuerdo con ellos se convierte en una persona homófoba, es decir, una persona que se posiciona en contra y expresa odio hacia este colectivo. Nadie puede discrepar y nadie puede hacer pública la discrepancia porque eso constituye en sí una vulneración de la ley LGTBI que puede llegar a costar hasta 45.000 euros de multa”. En su opinión, “todo esto provoca miedo e inseguridad entre los ciudadanos, que es justo el objetivo que pretenden alcanzar para que la ciudadanía no se desvíe del guión impuesto. Y debo decir que en muchos casos lo logran, pero no será conmigo.

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