Aprobado el cheque escolar para familias con pocos recursos en Italia: hasta 1.500 euros por alumno

“Un milagro”. Así ha llegado a ser definida la nueva Ley Presupuestaria aprobada en Italia el pasado 30 de noviembre, debido especialmente a la inclusión del llamado “cheque escolar” en los Presupuestos de 2026.

La propuesta, que prevé una asignación de hasta 20 millones de euros a tal efecto, concederá hasta 1.500 euros por cada alumno matriculado en una escuela primaria privada o en los dos primeros años de secundaria. Sin embargo, y pese a que ha sido cuestionada por “beneficiar a los más ricos”, la propuesta del cheque escolar incluida en los Presupuestos será únicamente accesible a familias con unos ingresos ISEE (Indicador de Situación Económica Equivalente) inferiores a 30.000 euros. Una cifra que se dirige a las clases media y con pocos recursos, encontrándose la renta bruta media en torno a los 29.500 euros.

La propuesta es una enmienda de Forza Italia a la Ley de Presupuesto, con el senador Claudio Lotito como primer firmante.

Punto de inflexión

Uno de los aspectos más celebrados es el de la exención a las escuelas privadas del impuesto municipal sobre bienes inmuebles (IMU), equivalente en España al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Concretamente estarán exentos del pago todos aquellos colegios privados que presten sus servicios cobrando cuotas inferiores al Coste Medio por Alumno, definido anualmente por el Ministerio de Educación y Mérito.

Comentaristas han celebrado la medida como “un verdadero punto de inflexión para la sociedad italiana”. Es el caso de la hermana Anna Monia Alfieri, que explicaba en Il Timone como, en muchos casos, el pago del IMU era la causa del cierre del centro debido a la incapacidad de sostener el pago del impuesto sumado a todos los demás costes de gestión. 

“Este es, por lo tanto, un verdadero punto de inflexión para la sociedad italiana, y no solo para los colegios privados”, mencionaba la religiosa.

Respecto a la introducción del cheque escolar, la religiosa la valoraba como “un gran avance hacia la plena garantía del derecho a la libertad de elección educativa, un derecho consagrado en nuestra Constitución. Es fundamental que la enmienda, precisamente porque la familia es la principal responsable de la educación de sus hijos, disponga que el Estado, a través del Ministerio de Educación, otorgue directamente a las familias los vales escolares”.

"Los milagros siguen ocurriendo"

Días antes de la aprobación definitiva, Peppino Zola celebraba el llamado Buono scuola como algo nunca visto hasta la fecha. 

“Los milagros siguen ocurriendo. Hasta ahora, Italia nunca había reconocido el derecho de los padres a elegir libremente la escuela que consideren mejor para sus hijos, a pesar de que así lo prevé el artículo 30 de la Constitución”, escribía con sorpresa el abogado, escritor y exconcejal.

En uno de sus últimos artículos publicados en Tempi, lamentaba ciertas deficiencias como que el gasto estatal total destinado al llamado “buono scuola” no pueda superar los 20 millones de euros. Sin embargo, celebraba, “el principio se ha afirmado, se ha abierto una pequeña brecha en un muro aparentemente infranqueable”.

"Un primer paso" pero "no el final": lo que queda por hacer

Por su parte, el Subsecretario de Relaciones Internacionales y Europeas, Raffaele Cattaneo, celebraba la medida por su “mérito”, su “gran valor simbólico” y por “romper un tabú que durante décadas ha bloqueado cualquier progreso en este ámbito”. 

Sin embargo, la abordaba como “un primer paso” y no “el final de la lucha por la plena libertad educativa”. Una libertad que, para serlo y ayudar por completo a familias con pocos recursos, debe ser mayor, a su juicio.

En principio, escribía, “los vales escolares no deberían estar sujetos a ningún límite del ISEE (Indicador de Situación Económica Equivalente), ya que reconocen un derecho constitucionalmente protegido, como la atención médica o la justicia. Nadie está considerando introducir límites de ingresos o bienes para estos derechos. Sin embargo, la limitación de recursos exige una opción, y creo que es justo centrar esta contribución en quienes más la necesitan. Es un primer paso, realista y políticamente sostenible. En el futuro, sin duda será necesario aumentar los recursos asignados a los vales escolares, pero mientras tanto, se ha asumido un compromiso significativo”.

El centrista Maurizio Lupi, líder del Noi moderati, expresó su satisfacción y destacó la "significativa afirmación de principio de que una ley de presupuesto estatal reconoce concretamente el principio de la libertad de elección de las familias, que nuestra Constitución reconoce como su derecho y deber de educar a sus hijos".

Mariastella Gelmini, de la misma formación, también comentó: "El llamado 'bono escolar' para escuelas privadas es una medida de libertad y civismo".

La postura de Meloni

Una gradualidad con la que ya contaba la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la última edición del Meeting de Rimini, celebrada en agosto de 2025. Meloni expresó: 

"Y si queremos tener la valentía de aportar nuevos elementos al mundo de la educación, creo que no debemos tener miedo de completar el camino que hemos iniciado en los últimos años, encontrando las herramientas que garanticen que las familias, especialmente aquellas con menos recursos económicos, puedan ejercer plenamente la libertad educativa consagrada en la Constitución. Italia sigue siendo el último país de Europa sin una igualdad educativa efectiva, y creo que es justo abordar este tema progresivamente, con sentido común, pero sobre todo despejando el terreno de los prejuicios ideológicos que nos han impedido abordarlo seriamente durante tanto tiempo".

¿Desmantela la escuela pública? Los datos lo niegan

La medida ha sido duramente cuestionada desde el ámbito progresista por que, dicen, beneficia a los pudientes y “desmantela las escuelas públicas”. Algo que, a juicio del movimiento Provita e familia, cambia radicalmente si se cambian las consignas políticas por los datos, argumento que se incorpora a continuación:

“Si abandonamos los eslóganes y observamos los datos, el panorama cambia radicalmente. En Italia, aproximadamente 800.000 estudiantes asisten a escuelas privadas de todos los niveles. Si estas escuelas cerraran mañana y todos estos niños fueran ubicados en escuelas públicas, el estado se vería llamado a responder no solo con nuevas instalaciones, nuevas aulas y más personal, sino sobre todo con costos enormemente incrementados.

El costo anual promedio por estudiante en las escuelas públicas se ha estimado en más de 7.000 euros, mientras que la contribución pública por estudiante a las escuelas privadas fluctúa, dependiendo del nivel y la región, entre 500 y 1.000 euros. Es precisamente esta diferencia la que genera un ahorro general que varios análisis cuantifican en más de 5-6 mil millones de euros por año para las arcas públicas .

Cada familia que elige una escuela privada no solo paga impuestos como todos los demás, sino que también paga una tarifa que cubre una gran parte del costo del servicio. El bono propuesto no es, por tanto, un privilegio, sino un reconocimiento a una parte del ahorro que el Estado ya consigue gracias a las escuelas privadas.

A esto se suma otro hecho: en pocos años, debido al descenso de la población y a las dificultades económicas de las familias, han cerrado aproximadamente 200 escuelas privadas. Cada cierre de escuela supone menos oferta educativa, menos diversidad y una mayor presión sobre las instituciones estatales, que a menudo no pueden absorber a los nuevos alumnos. El apoyo específico a las familias con un ISEE (Indicador de Situación Económica Equivalente) más bajo, como el bono de 1.500 €, ayuda a mantener la existencia de instituciones que prestan un servicio público y a evitar gastos estatales aún mayores”.