Jueves, 18 de julio de 2024

Religión en Libertad

El escándalo del informe del Defensor del Pueblo

Ángel Gabilondo.
El Defensor del Pueblo tiene encomendada la defensa de los derechos ciudadanos frente a las administraciones públicas. Sin embargo, el socialista Ángel Gabilondo emprendió una investigación sobre los abusos, pero solo en el contexto católico. En la imagen, durante la presentación del informe.

por Josep Miró i Ardèvol

Opinión

El informe del Defensor del Pueblo ha puesto en evidencia dos hechos que eran contrarios a la intención del Congreso de los Diputados (en realidad, del Gobierno y el Partido Socialista, con la valiosa ayuda del socialista Ángel Gabilondo): convertir a la Iglesia en chivo expiatorio abriendo una causa general contra ella movida por una campaña del intelectual orgánico de la progresía, el diario El País, con ayuda de subalternos, especialmente La Vanguardia de Barcelona y la televisión pública catalana, TV3. 

Pero la cuestión funciona en otro sentido, mostrando el escaso número de casos que se producen en el seno de la Iglesia, y a la vez la magnitud extraordinaria de este delito en la sociedad.

Había una contradicción insuperable que por esa razón resultaba insostenible.

Tanto tiempo fijando el foco de la pederastia solo en la Iglesia ha servido para constatar algo que, por otra parte, era evidente: que este delito está extraordinariamente extendido en nuestra sociedad y que lo que ocurría en la Iglesia, solo era una pequeña muestra del alcance del problema.

Está claro, de todos modos, que ese escenario estaba a la vista de todos. Solo hacía falta consultar los datos sobre denuncias infantiles de cada año para verlo. Por ejemplo, solo entre 2020 y 2021, considerando que en el primer año los delitos disminuyeron por el confinamiento, se produjeron más de 12.000 denuncias en España. Todas ellas, con dos agravantes: muchos casos no llegan al juzgado y, a diferencia de las denuncias por abusos sexuales en mujeres, en el caso de los niños se da un elevado porcentaje de delitos no resueltos.

El caso de Alemania

Ahora en Alemania ha sido la propia policía, concretamente la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), la que ha tomado la iniciativa y ha presentado un informe sobre la situación federal de los delitos sexuales contra niños y jóvenes, publicado por primera vez este 30 de octubre de 2023 y que a partir de ahora se repetirá cada año, porque la BKA considera necesario hacer evidente a la sociedad este problema.

No deja de llamar la atención que no sean las instancias políticas las que hayan movido la cuestión, sino la propia Policía. Sería un buen precedente para España si no fuera porque en nuestro país la instancia policial se encuentra sujeta a un fuerte control político que no se da en Alemania.

Es necesario recordar que en ese país de Centroeuropa, la Iglesia presentó su propio informe, que dio lugar a un gran escándalo. Señalaba que entre 1946 y 2014, esto es, en 68 años, se habían producido abusos en 3.600 niños y adolescentes. Pues bien, ahora el informe de la policía alemana establece que en un solo año, 2022, 17.168 niños han sido abusados.

La diferencia radical entre ambos hechos en cuanto al número de víctimas y el período de tiempo, de 1 a 68 años, es tal que señala lo que de hecho casi todo el mundo sabe, pero los gobiernos ignoran: que la pederastia es una epidemia social y que la fijación en la Iglesia o bien obedece a una voluntad de detraerle su ascendente moral a la sociedad, o bien busca un chivo expiatorio, o ambas cosas simultáneamente, porque objetivamente el problema está lejos de esta institución, porque se encontrará en medio de la práctica de nuestra sociedad y de muchas instancias del mismo estado.

En Alemania se reconoce ahora que la única institución que ha venido adoptando medidas para prevenir esta violencia es precisamente la Iglesia católica y que ninguna otra institución pública, asociación deportiva o sistema educativo ha adoptado medidas. Seguramente porque nadie quiere ser el primero, por no verse señalado.

Ahora precisamente es el estado alemán el que se propone seguir los pasos de la Iglesia con la publicación y el ulterior establecimiento de normativas. Sería bueno que el gobierno español y los autonómicos, ahora que el Defensor del Pueblo ha hecho uno que pone de relieve que hay pocas víctimas en la Iglesia y muchas en la sociedad, tomaran buena nota de lo que está pasando en Alemania.

La situación en España

Después de cinco años de campaña ininterrumpida y fenomenal del diario El País, la gran encuesta con 8.000 entrevistas del informe del Defensor del Pueblo solo ha encontrado a 11 personas que hayan sufrido abusos por parte de sacerdotes o de laicos que trabajan en el ámbito eclesial, sobre todo en escuelas religiosas. En contrapartida, hay más de 800 entrevistados que dicen haber sido agredidos en espacios e instituciones diferentes.

Por tanto, es evidente dónde hay que situar el foco, siguiendo el ejemplo alemán. Es necesario que se actúe para abordar el problema, que afecta sobre todo a la escuela pública, las instituciones deportivas, los entornos familiares e internet, para intentar expulsar de la sociedad esta práctica tan perversa que es la pederastia.

Según el informe de la Fundación Anar, por cada presunto delito cometido por un sacerdote o religioso, los monitores han cometido 5, los maestros y profesores 18, los que tienen su origen en internautas 26, la pareja o expareja 40, y un amigo o compañero 72. Algo más de la mitad de los abusos se concentran en la familia nuclear y extensa, y en amigos de esta. Pero el foco solo se fija en la Iglesia.

Y si acudimos a la fuente de todo El País y su informe, encontramos que, del total de 505 supuestos que presentan, cerca del 30% son previos a 1970. Del resto, la gran mayoría corresponden a la década de los 70 y 80. En 82 años, El País ha reunido poco más de medio millar de supuestos, que representan menos de 600 casos dando todos por buenos, pero son solo unos 400 descontando los que carecen de fecha, concreción de lugar o persona o refieren un lugar fuera de España. Pero, incluso en máximos, ¡la cifra de presuntos responsables católicos en ocho décadas es del orden del 10% de las denuncias formuladas de media en un solo año, 2021!

La exigencia hacia el Congreso, el Senado y el Gobierno es evidente: deben actuar como han comenzado en Alemania, y abordar el conjunto del delito, y no quedarse en el mínimo de la Iglesia, convertida en chivo expiatorio de la criminal omisión hacia los menores de las instituciones de este país.

Publicado en Forum Libertas.

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