El PP se une al PSOE para castigar con cárcel la ayuda a personas descontentas con su homosexualidad

Este martes se evidenció en el Congreso de los Diputados el acuerdo de todos los grupos políticos, salvo Vox, para castigar con penas de cárcel la ayuda de cualquier clase a personas descontentas con su orientación sexual. 

PP: estamos "todos unidos"

El PP se sumó a la izquierda y los partidos independentistas para respaldar la admisión a trámite de la proposición de ley del PSOE contra las denominadas -por sus adversarios- 'terapias de conversión', hasta ahora perseguidas a nivel administrativo y tanto en el ámbito nacional como en el autonómico.

"En eso estamos todos unidos, por más que la izquierda esté empeñada en levantar muros", proclamó el portavoz del PP, Juan Miguel de los Santos. 

Aunque la ley puede sufrir modificaciones durante su trámite parlamentario -que serán, en todo caso, las que decidan los socios de Gobierno, interesados en marginar al PP para mantener una polarización que les interesa electoralmente-, la redacción de la propuesta es tan amplia que puede penalizar absolutamente cualquier ayuda a personas con atracción no deseada por el mismo sexo.

En riesgo la atención profesional y espiritual

La proposición de ley cuya admisión ha respaldado el PP castiga con penas de cárcel de seis meses a dos años a quien "aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral". 

Con esta amplitud, la simple oración por una persona o una conversación profesional con un psiquiatra o psicoterapeuta o el consejo espiritual de un sacerdote cae dentro de este tipo penal, a reserva de la interpretación que le den los jueces. Cuyas sentencias, en última instancia, serán revisadas por el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido, que está siendo denunciado por el retorcimiento de los preceptos constitucionales para que encajen en la agenda de Pedro Sánchez.

De hecho, el diputado socialista Víctor Gutiérrez formuló críticas con expresa mención de la labor sacerdotal e incluso del ejercicio de la patria potestad, que también podría quedar castigada: "Sigue habiendo familias, curas, pastores de sectas o coaches que venden la misma mentira: que la diversidad sexual y de género se puede extirpar con sesiones de rezo, descargas eléctricas o medicamentos. (…) Lo hacen impunemente, muchas veces escondidos tras asociaciones religiosas y sectas".

Gutiérrez expresó su deseo de que "quien aplique, promueva o financie estas prácticas se siente en el banquillo".

La proposición de ley no solo incluiría la pena de cárcel, sino, una inhabilitación especial tres a cinco años para las profesiones u oficios educativos en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre. Si la responsable de los delitos cometidos es una persona jurídica, la sanción incluye incluso su disolución, la suspensión de sus actividades o la clausura de sus locales. Una amenaza directa contra las diócesis que ofrecen ayuda espiritual a personas con atracción no deseada por el mismo sexo.

Vox: una "aberración"

En la única intervención contraria a la tramitación de la ley, la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz calificó la propuesta como "una auténtica aberración" para "mandar a la cárcel a personas inocentes" y supone un ataque a la libertad individual, de pensamiento y religiosa.