Nuevo revés judicial contra la «libertad de conciencia» de las Hermanitas de los Pobres en EE.UU.

Una nueva sentencia contra la administración Trump y las Hermanitas de los Pobres ha iniciado otro capítulo en la campaña para imponer el "mandato anticonceptivo" de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

El 13 de agosto, la jueza Wendy Beetlestone, del Distrito Este de Pensilvania, invalidó las normas que eximían a objetores religiosos y morales del "mandato anticonceptivo" de la ACA, calificándolas de "arbitrarias y caprichosas" bajo la Ley de Procedimiento Administrativo (APA). El caso "Pennsylvania v. Trump" reclama ahora una rápida reversión en apelación.

Siete años de batalla

La magistrada no cuestionó la legitimidad de las exenciones, que el Tribunal Supremo ya había reconocido en 2020 en el caso "Little Sisters of the Poor v. Pennsylvania". Entonces, el alto tribunal avaló esas normas como un ejercicio legítimo de la autoridad del Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo la ACA. Sin embargo, Beetlestone sostuvo que las exenciones no eran fruto de una "toma de decisiones razonada", acogiendo el criterio sugerido en la opinión concurrente de la jueza Elena Kagan.

Por el contrario, el juez Samuel Alito, en su opinión concurrente en aquel proceso, señaló que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) "obliga a una exención para las Hermanitas y cualquier otro empleador con una objeción similar a lo que se ha llamado la acomodación al mandato anticonceptivo".

Alito advirtió que evitar este punto "prolongaría la batalla legal en la que las Hermanitas llevan ya siete años —aun cuando durante todo este tiempo ningún empleado ha presentado objeción alguna contra la conducta de las Hermanitas". Su planteamiento resaltaba tres principios esenciales de la RFRA:

Carga sustancial: el mandato impone una carga al exigir prácticas que las Hermanitas consideran cómplices de actos gravemente inmorales.

Interés apremiante: el Congreso nunca consideró la anticoncepción como un interés apremiante al aprobar la ACA. De hecho, rechazó imponer esa cobertura.

Medios menos restrictivos: el gobierno podría proporcionar directamente cobertura anticonceptiva sin imponer cargas a instituciones de fe, respetando así la conciencia y el acceso.

Durante más de una década, las Hermanitas han estado envueltas en litigios sobre este mandato, primero en Zubik v. Burwell, después en Little Sisters v. Pennsylvania, y ahora una vez más. Han obtenido varias victorias en el Tribunal Supremo, pero siguen enfrentándose a nuevos desafíos de fiscales generales estatales favorables al aborto —destacando el actual gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro— que insisten en la aplicación universal de un mandato que el Congreso nunca aprobó.