«La libertad de enseñanza no puede cortarse a los 16 años»

En España se habla mucho de libertad de elección de centro, pero miles de familias descubren que esa libertad se desvanece cuando sus hijos llegan a Bachillerato y las plazas concertadas brillan por su ausencia. Ángela Melero Camarero, presidente de CONCAPA, denuncia una discriminación económica y territorial que rompe la continuidad educativa de quienes han apostado durante años por un proyecto cristiano y pide que el ejemplo de Aragón, donde se ha puesto en marcha el bachillerato concertado, se extienda al resto de comunidades. En esta entrevista explica por qué concertar el Bachillerato no es un privilegio ni una privatización, sino una exigencia de justicia, de bien común y de respeto a los padres como primeros responsables de la educación de sus hijos.

-La libertad de centro existe sobre el papel, pero en la realidad se distorsiona. Las políticas suelen estar orientadas a elegir centro dentro de un solo ente, el público, pero no entre distintas redes sostenidas con fondos públicos, como la enseñanza concertada. Cuando, por ejemplo, se vinculan las becas comedor únicamente a la oferta pública, se convierte ese criterio en un factor de discriminación hacia la escuela concertada, dejando fuera a muchas familias que desean una educación católica para sus hijos.

Si hablamos continuamente de diversidad, equidad, igualdad e inclusión, resulta difícil entender por qué esos principios parecen dejar de valer cuando afectan a nuestras familias y a nuestro modelo educativo. Desde la perspectiva de CONCAPA, la llamada libertad de elección queda seriamente limitada cuando muchas familias llegan al Bachillerato. En las etapas obligatorias existe, al menos formalmente, un cierto reconocimiento del derecho de las familias a elegir un proyecto educativo acorde con sus convicciones, pero en Bachillerato esa libertad se resiente si la oferta concertada no está adecuadamente sostenida con fondos públicos.

Para muchas familias católicas —y también para otras que eligen la concertada por su ideario, su proyecto educativo o su modelo pedagógico— se produce una contradicción evidente: pueden elegir durante Infantil, Primaria y ESO, pero al llegar a Bachillerato esa elección se ve condicionada por razones económicas o por falta de plazas sostenidas públicamente. Cuando una libertad solo puede ejercerse si se puede pagar, deja de ser libertad para convertirse en un privilegio al alcance de unos pocos.

Esto quiebra la continuidad del proyecto educativo elegido por las familias. No se trata solo de escoger un centro, sino de poder mantener un itinerario coherente con los valores, el acompañamiento y el modelo educativo que consideran mejor para sus hijos. Además, se resiente el principio de equidad: la libertad de enseñanza y la libertad de elección reconocidas en el artículo 27 de la Constitución no pueden reducirse a las etapas obligatorias. Si el Bachillerato es la puerta de acceso a la universidad y al proyecto vital de muchos jóvenes, cuesta justificar que esa libertad se debilite precisamente en ese momento.

Por eso sostenemos que, cuando no existe una adecuada concertación del Bachillerato, muchas familias ven restringido un derecho que debería ser real y no solo teórico. La libertad educativa no puede interrumpirse a los 16 años; debe poder ejercerse con continuidad, sin barreras económicas y en condiciones de verdadera igualdad.

«La libertad educativa no puede interrumpirse a los 16 años ni convertirse en un privilegio para quien puede pagarla.»

-El ejemplo de FECAPARAGÓN es muy elocuente: han conseguido un hito importante, no solo para su comunidad, que se diferencia por dar una oportunidad a lo que tantas familias están pidiendo, sino para toda España, porque ninguna otra región está apostando con claridad por favorecer el Bachillerato concertado.

Muchas familias quieren continuar en Bachillerato la línea evangélica y católica que han vivido en sus escuelas. Las diferencias de cuotas entre centros son a veces abismales y dependen del territorio o de la propia idiosincrasia autonómica. La oferta pública es gratuita; la pregunta es sencilla: ¿por qué no puede serlo también el Bachillerato concertado cuando presta un servicio público?

Un caso muy representativo —que se repite con distintos rostros en toda España— es el de una familia con varios hijos escolarizados en un centro concertado al que han confiado su proyecto educativo desde Infantil. Han elegido ese colegio no solo por razones académicas, sino por su ideario, su acompañamiento personal, la relación familia–escuela y unos valores compartidos. Cuando el hijo o la hija llega a Bachillerato, si esa etapa no está concertada, se encuentran con un coste que muchas veces no pueden asumir, especialmente si la edad de los hijos es muy cercana y deben costear varios Bachilleratos a la vez.

El dinero público es de todos porque todos aportamos, y debe dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos, en nuestro caso, de las familias. Recibimos testimonios de padres que se ven obligados a cambiar a sus hijos de centro en una etapa especialmente sensible —a las puertas de la EBAU, con mayor exigencia académica y emocional— rompiendo vínculos educativos y personales consolidados durante años. Ese cambio no es una elección pedagógica; es una imposición económica.

No podemos olvidar a las familias numerosas, muy presentes en nuestro ámbito asociativo, para quienes ese coste añadido hace prácticamente inviable mantener la continuidad educativa de todos los hijos. Por eso insistimos: aquí no se trata solo de financiación, sino de justicia educativa y de respeto a las familias como primeras responsables de la educación de sus hijos. El propósito social y legal del concierto educativo es, precisamente, atender a las familias.

«Cambiar de centro en Bachillerato no es una decisión pedagógica, es una imposición económica para muchas familias.»

-Responderíamos que plantearlo así es partir de una premisa equivocada. Concertar el Bachillerato no es privatizar la educación, sino garantizar pluralismo educativo dentro del servicio público de educación. La enseñanza concertada no es educación privada en sentido estricto: forma parte del sistema sostenido con fondos públicos, presta un servicio de interés general y lo hace con una eficiencia ampliamente reconocida.

Desde la perspectiva del bien común, ampliar la concertación al Bachillerato significa reforzar la libertad de enseñanza, la diversidad de proyectos educativos y la corresponsabilidad social en educación. Un sistema verdaderamente plural no impone un único modelo, sino que permite convivir distintas opciones sostenidas en igualdad.

Si miramos al bolsillo de las familias, la cuestión es muy concreta: cuando una etapa no está concertada, muchas se ven obligadas a asumir costes que no deberían ser un obstáculo para ejercer un derecho. Eso genera desigualdad, porque solo pueden mantener su elección quienes pueden pagarla.

Además, hay un argumento de eficiencia pública que se olvida a menudo: sostener plazas en la enseñanza concertada suele suponer un coste por alumno inferior al de otras redes. No hablamos de una carga añadida para el sistema, sino de una fórmula que combina libertad, equidad y uso responsable de los recursos públicos.

«Concertar el Bachillerato no es privatizar la educación, es impedir que la renta decida qué proyecto educativo puede elegir cada familia.»

Tampoco se trata de “favorecer a la escuela católica”, como a veces se simplifica, sino de respetar a las familias —muchas y muy diversas— que han elegido un proyecto educativo determinado y no deberían ver truncada esa elección en Bachillerato. El centro del debate no debe ser si se beneficia a unas instituciones, sino si se protege a las familias y a los alumnos. Desde CONCAPA lo resumimos así: concertar el Bachillerato no es privilegiar a nadie; es evitar que la libertad educativa dependa de la renta familiar.

-No se pierde solo continuidad escolar; puede perderse un acompañamiento decisivo en una etapa especialmente vulnerable para la construcción de la identidad de los jóvenes. La adolescencia tardía, precisamente los años de Bachillerato, es un momento en el que se consolidan convicciones y se plantean grandes preguntas sobre el sentido de la vida, la vocación, la libertad, el compromiso o la fe.

En ese proceso, el proyecto educativo de un centro cristiano no es accesorio: para muchas familias forma parte esencial de la educación integral que han elegido. Cuando una familia se ve obligada por razones económicas a sacar a su hijo de ese entorno justo en esos dos años, se rompe un acompañamiento humano, académico y espiritual construido durante mucho tiempo; se quiebra la continuidad con la educación familiar.

Se pierden referentes educativos, tutorías cercanas, una comunidad que conoce al alumno y una propuesta de sentido en la que fe, voluntariado, razón y vida dialogan. No hablamos solo de clase de Religión, sino de un modelo que acompaña a la persona entera; defendemos una educación integral y trascendente. Muchas familias sienten que se les obliga a interrumpir ese itinerario precisamente cuando sus hijos más necesitan estabilidad, referencias y acompañamiento.

También se resiente el vínculo comunidad–familia–escuela. Un colegio cristiano suele ser más que un lugar donde se imparten clases; es una comunidad educativa. Lo que está en juego es culminar una educación coherente con el proyecto que las familias eligieron desde el inicio. Educar no es fragmentar por etapas, sino acompañar procesos.

Por eso afirmamos que, cuando una familia no puede mantener a su hijo en su colegio cristiano en Bachillerato por motivos económicos, no solo se limita una elección: se pierde una oportunidad valiosa de seguir formando personas libres, maduras, con sentido crítico, interioridad y compromiso. Esa pérdida tiene una dimensión educativa, social y también profundamente espiritual.

«Cuando se obliga a un joven a salir de su colegio cristiano en Bachillerato, no solo se rompe un horario: se rompe un proceso de acompañamiento humano y de fe.»

-Les pediríamos, ante todo, que miren esta cuestión no como un debate ideológico, sino como una cuestión de equidad, libertad y responsabilidad pública, y que sean valientes en decisiones que afectan directamente a las familias. Aragón ha abierto un camino audaz que demuestra que avanzar en la concertación del Bachillerato no solo es posible, sino coherente con un sistema educativo plural.

Nuestra petición al resto de presidentes autonómicos es clara: que garanticen a todas las familias, vivan donde vivan, la misma posibilidad de ejercer su derecho a elegir proyecto educativo también en Bachillerato. Hoy existe una desigualdad territorial difícilmente justificable: derechos que deberían ser comunes terminan dependiendo del código postal, y la libertad educativa no puede convertirse en una lotería autonómica.

«No pedimos privilegios; pedimos que ningún código postal decida si una familia puede o no culminar el proyecto cristiano que ha elegido para sus hijos.»

Les pediríamos tres cosas. Primero, voluntad política para reconocer que el Bachillerato concertado no es una concesión, sino una respuesta legítima a una demanda social real de muchas familias. Segundo, un compromiso efectivo con la igualdad de oportunidades, para que ninguna familia tenga que abandonar el proyecto educativo elegido por motivos económicos; la libertad solo es verdadera cuando puede ejercerla también quien tiene menos recursos. Y tercero, una mirada de bien común, entendiendo que apoyar esta continuidad educativa no enfrenta redes escolares, sino que fortalece un sistema plural y complementario al servicio de los alumnos.

No pedimos privilegios, pedimos que ninguna familia vea interrumpido su derecho a elegir cuando sus hijos cumplen 16 años. Gobernar también es escuchar a las familias, y miles de familias están diciendo que desean esa continuidad. Escucharlas no es favorecer a un sector, sino responder a una necesidad social. Ojalá otras comunidades sigan esa senda, porque la libertad educativa no debería depender del territorio, ni de la renta, ni de la sensibilidad política de cada gobierno.

-Conocemos bien la realidad de la escuela concertada y creemos que hay tres razones muy sólidas para decir que concertar el Bachillerato es una medida justa y sostenible. Primero, es una cuestión de justicia con las familias y con la propia red concertada. No es razonable defender la libertad de elección y, al mismo tiempo, poner límites económicos que la hagan inviable en Bachillerato, menos aún cuando muchas familias ya sufren una infrafinanciación estructural.

Si en muchos territorios los conciertos no se renuevan con regularidad o las partidas destinadas a “otros gastos” llevan años sin actualizarse pese al incremento real de costes, lo que se debilita es un servicio público que funciona y que las familias demandan. Segundo, es sostenible porque la concertada ha demostrado una enorme eficiencia incluso en condiciones de insuficiencia financiera. Lo hemos dicho muchas veces: la concertada le sale barata al Estado, quizá demasiado barata.

Ha mantenido una buena calidad educativa con módulos económicos tensionados, partidas desfasadas y recursos que no han evolucionado al ritmo de los costes reales. Si aun así esta red sigue prestando un servicio eficaz, concertar el Bachillerato no es un exceso presupuestario, sino una inversión razonable sobre una estructura ya existente y eficiente.

Tercero, es una cuestión de coherencia y de sostenibilidad del sistema educativo en su conjunto. No tiene sentido mantener un modelo que ahorra recursos públicos y aporta pluralismo, pero dejarlo sin actualizar financiación ni garantizar la continuidad en etapas decisivas. Renovar y ampliar conciertos en Bachillerato no es abrir un gasto inasumible; es corregir una anomalía y fortalecer un modelo complementario que beneficia al conjunto del sistema.

«La concertada le sale barata al Estado; lo injusto es usar ese ahorro sin garantizar la continuidad educativa de las familias que la sostienen.»

Sería deseable una gestión pública más eficiente, sostenible y orientada al bien común, capaz de priorizar necesidades reales frente a gastos accesorios. La educación no es un gasto, sino una inversión estratégica en cohesión social, libertad y futuro. Invertir en educación es invertir en personas, y no hay mejor inversión para un Estado que construir con esas personas una sociedad más justa, más próspera y con futuro.