Domingo, 22 de septiembre de 2019

Religión en Libertad

Peter Steinfels, periodista que estudia los abusos desde hace décadas, denuncia la manipulación

16 cosas extrañas del Informe Pensilvania sobre abusos y lo que omiten sus mil páginas escabrosas

El Fiscal General de Pensilvania, Josh Shapiro, escenografió así su Gran Jurado... una especie de juicio sin defensa y que ocultó 500 páginas de alegaciones, la prensa usó solo un resumen escabroso
El Fiscal General de Pensilvania, Josh Shapiro, escenografió así su Gran Jurado... una especie de juicio sin defensa y que ocultó 500 páginas de alegaciones, la prensa usó solo un resumen escabroso

P.J.Ginés/ReL

Grandes titulares en pleno agosto, y telediarios. Era el Informe Pensilvania, presentado por el fiscal general de este Estado norteamericano. Constaba de 884 páginas llenas de descripciones de horribles abusos sexuales. ¿O más bien con 1.356 páginas? Depende.
 
¿Cifras? No tantas cifras, en realidad. Habla de 300 clérigos depredadores sexuales y más de mil víctimas menores de edad, en las 6 diócesis de Pensilvania, desde 1945. Terrible, sin duda. Pero no da muchas más cifras: no da porcentajes de clero, ni de población católica, ni compara con ningún otro colectivo con acceso a niños o implicado en abusos. No muestra una evolución en el tiempo, no distingue épocas, lugares... ¿Cuántos sacerdotes ha habido desde 1945 en esas seis diócesis, en Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh y Scranton, para que podamos poner esos 300 en contexto? No se nos dice.
 
De hecho, para ser un informe que tiene 884 páginas en una versión (la online de la Fiscalía) y 1.356 en otra versión (la oficial, difícil de acceder), casi no hay números ni contextos y en cambio hay cientos de páginas de detalles sexuales escabrosos con descripciones minuciosas. Por no haber, no hay ni estadísticas que distingan entre simples acusados, acusados condenados, acusados que murieron y no pueden defenderse, etc... 
 
El informe no busca analizar, entender ni clasificar: busca acumular descripciones espantosas.
 
El informe se presentó con grandísima atención mediática el 14 de agosto de 2018, y el 15 de agosto, día de la Asunción (fiesta específicamente católica en EEUU), todos los periódicos estaban llenos de resúmenes. ¿Resúmenes del informe de 884 páginas? No, resúmenes del resumen entregado por la fiscalía a la prensa, un resumen lleno de frases incendiarias y adjetivos. Y lleno de omisiones extrañas. Los periodistas, por supuesto, se limitaron a tomar párrafos morbosos del resumen. ¿Quién iba a poder dedicarse a analizar 884 páginas, ya no digamos las otras 460 que no están accesibles en la web de la Fiscalía?
 
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Peter Steinfels disecciona el Informe Pensilvania:
es engañoso y no ayuda a luchar contra los abusos
 

Un especialista lo lee... y detecta sus fallos

Ahora lo ha conseguido hacer el periodista Peter Steinfels, que ya escribía historias sobre abusos sexuales del clero católico diez años antes de que el Boston Globe destapara la extensión de los abusos. Steinfels fue responsable de la información religiosa de 1988 a 1997 en el New York Times (periódico sin ninguna afinidad ni afabilidad por la Iglesia). Fue a los lugares, habló con los expertos...
 
¿Historias de abusos, encubridores, obispos ineptos? Ha escrito montones. Después fue editor de la revista Commonweal y autor de un libro sobre la crisis de la Iglesia en EEUU ("A people adrift"). Y ahora ha analizado con detalle el macro-informe que nadie se ha leído pero todos agitan y ha señalado sus omisiones e incongruencias. Y denuncia que no ayudará a las víctimas ni a la investigación. Lo ha hecho en un detallado artículo (9 páginas en letra diminuta) en Commonweal Magazine
 
En ReL vamos a resumirlo en 16 puntos raros e inquietantes, que señalan que el informe no busca darnos información y conocimiento para prevenir casos, sino más bien forzar, con una acumulación de escenas escabrosas, una sospecha y un cambio legal muy concreto.
 

1. Un informe de "gran jurado" no es un juicio... no tiene garantías ni se defiende el acusado

¿Qué es un informe de un "gran jurado" en EEUU? Consiste en que el Fiscal General de un Estado dedica tiempo, dinero y bastante personal a recopilar datos de todo tipo y juntarlos en un informe.
 
No es un juicio, no hay abogado defensor, no hay derecho de réplica, no hay garantías, no hay juez... se pone en el informe lo que el Fiscal quiere. Y ya está. No lleva tampoco a un juicio real. Ni hay ninguna autoridad más que fiscalice o matice el informe. Nadie representa a los acusados o investigados. Una persona puede figurar en ese informe, simplemente, porque alguien, en algún documento, le ha mencionado alguna vez, y no puede ser retirado de él. 
 

2. Prácticamente nadie se ha molestado en criticar o analizar de verdad el informe

¿Quién puede impugnar o criticar un "informe de gran jurado"? En teoría los acusados, o críticos bien informados, investigadores independientes, políticos "del otro bando", la prensa... Pero en el caso del Informe Pensilvania, "por supuesto, los obispos estaban paralizados". "¿Quién podía llenar ese hueco? ¿Los periodistas progresistas, los libertarios civiles, académicos molestos con la enseñanza católica sobre el aborto y el matrimonio del mismo sexo? ¿Católicos conservadores molestos con el Papa Francisco? ¿Católicos liberales molestos con la jerarquía conservadora? Parece improbable", comenta Steinfels. Así, el informe estaba ahí, como una especie de dogma, de consenso evidente. Pero no lo es.    
 
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3. Una acusación grave... que no responde a los hechos del informe

Las personas (incluyendo los periodistas) no leen el informe, sólo leen el resumen, y en el resumen hay una acusación muy concreta, sin cifras que lo maticen: "TODAS las víctimas fueron dejadas de lado, en cada parte del Estado, por los líderes eclesiales que preferían proteger a los abusadores y la institución ante todo". O, como dice la introducción del informe, muy citada: "los sacerdotes violaban niñitos y niñitas y los hombres de Dios responsables de ello no solo no hicieron NADA, sino que lo escondieron TODO".
 
Pero no es cierto. Sí hubo responsables, bastantes, que hicieron distintas cosas que no eran esconder ni ocultar. Cosas distintas en los años 70, distintas a las de los 80 y 90, y distintas después de las medidas de la Carta Dallas (o Estatuto de Dallas) de 2002. Un repaso del mismo informe lo demuestra. Lo que dice el resumen pasado a la prensa no es lo que se entiende al analizar los casos.
 

4. El informe esconde 450 páginas, con los datos enviados por las 6 diócesis

Hay dos versiones de PDFs del Informe Pensilvania. A la versión colocada en la web de la oficina del Fiscal General le faltan 450 páginas. "Esas páginas que faltan son respuestas fotocopiadas de las diócesis, antiguos obispos, funcionarios diocesanos e incluso algunos curas acusados que aseguran su inocencia. Aunque el informe asegura que a las diócesis se les invitó a enviar sus declaraciones sobre sus políticas recientes [contra el abuso] no hay réplicas ni comentarios con sustancia del Gran Jurado
 

5. La estructura del texto dificulta comprobar las acusaciones

El texto empieza con 12 páginas de introducción muy dura (que leen  algunos periodistas) y después dedica varios cientos de páginas a los 18 casos más grotescos, tres de cada diócesis. La idea es ofrecer los 18 casos más repugnantes como modelo de cualquier otro, probado o no. Las notas para comprobar la documentación que muestran lo que se afirma, son difíciles de acceder, sea en papel (cientos de páginas después) o en internet (con un infinito scroll de pantalla). 
 

6. Ni estadísticas ni comparaciones

"No hay ningún cálculo de cuántos hombres fueron ordenados en estas 6 diócesis desde 1945, un número que podría ayudar a verificar o modificar estimaciones previas de la prevalencia de abusos en el clero. No hay esfuerzos por discernir patrones estadísticos en las edades de lo abusadores, la tasa de abuso por épocas, las acciones de las fuerzas del orden o los cambios en la respuesta de los funcionarios eclesiales. No hay comparaciones tampoco con otras instituciones. Uno se pregunta qué nos encontraríamos en un escrutinio de 70 o 80 años de abusos en las escuelas públicas o los correcionales de menores". 
 

7. Casos con muchos años de distancia entre hechos y denuncias

Un cura fue ordenado cuando la guerra de Cuba, en 1898 y murió en 1950. Pasados 56 años de su muerte, en 2006, la diócesis de Venice, Florida, informa a la de Scranton, Pensilvania, que una señora asegura que sufrió abusos de ese cura en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial... cuando ella tenía 6 años. La señora ahora ha tenido un ataque al corazón y quiere poner orden en sus cosas y por eso lo notifica. El obispo de Scranton y su equipo contactan con ella, condenan el abominable abuso y le animan a ir a terapia. "Uno puede simpatizar con la mujer, y sospechar que debió haber más víctimas, si fue así... pero ¿es este tipo de datos, con historias de hace 60 años o más, una investigación legal, rigurosa?" 
 

8. En general, falta todo sentido de la historia

Steinfels ha tratado como periodista especializado casos de abusos desde los 80, aunque ha sido sensible con el tema desde su adolescencia en los 50. A los 17 años, explica, denunció a un jefe scout que abusaba de un chico de 14. Los jefes expulsaron al abusador, pero era maestro, se fue a otro estado y allí siguió abusando. Por casualidad, Steinfels llegó allí y vio que ninguna autoridad se tomaba en serio la amenaza del abusador.
 
Steinfels explica que se han necesitado muchos años para que el público y las autoridades tomaran conciencia de cómo funcionaban y dañaban los abusos, y aún se está aprendiendo a combatirlos. 
 
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En los años 80 y 90 muchos obispos y diócesis empezaron a tomar medidas en serio. En 2002 cambió todo con la Carta o Estatuto de Dallas, tras los escándalos del Boston Globe. Según el estudio John Jay, hubo un incremento de abusos en los años 60s, un pico en los 70s y fueron declinando en los 80s.
 
Steinfels está convencido, como periodista especializado, que desde 2002, con la Carta de Dallas y sus estrictas medidas, aplicadas por todo el país, las cosas han cambiado mucho. Hay una historia de los abusos, las cosas cambian y sacar un "informe general" que no distingue entre unas épocas y otras y escandaliza en 2018 con historias de 1950 ó 60, como si no se hubieran tomado medidas, es injusto y anti-histórico. 
 

9. Enviar a terapia no era ocultar ni tapar: se veía como un mejor control

A partir de mediados de los años 80, muchos obispos y superiores de congregación cambiaron su forma de ver los abusos contra menores. Veían ahora que no eran meros pecados, momentos de descontrol de clérigos descolocados, sino que era algo psicológico, más similar a una enfermedad mental o adicción. Y pensaban que, como el alcoholismo o la ludopatía, podía ser tratado. Pero, ¿es cierto? Aún no se sabe.
 
El desconcierto sigue aún hoy. En abril de 2011, varios psicólogos hablaban del tema ante el Parlamento canadiense. Vernon Quinsey, profesor emérito de psicología en la Universidad de Queen, dijo que “los intereses sexuales” de los pedófilos “prefieren los niños pre-púberes” y que “no hay evidencia de que esta especie de preferencia pueda ser cambiada a través de un tratamiento ni con ninguna otra cosa”. Su colega Hubert Van Gijseghem aseguraba que la pederastia es como una orientación sexual más. Y en cualquier caso, otro tema distinto es cuando un homosexual adulto usa su abuso de poder sobre un adolescente vulnerable para obtener placer y control sexual.  
 
En cualquier caso, en los años 80 los líderes eclesiales creían demasiado en el poder de la terapia... o en la eficacia de sus centros terapéuticos. Por otra parte, pensaban que reducir al estado laical a un abusador era soltarlo al mundo, a que siguiera haciendo cosas malas sin supervisión. ¿No era mejor tenerlo bajo terapia y control, con alguien que lo supervisase? Pero, por desgracia, los controles a menudo fueron malos.
 

10. El fracaso de los centros de terapia: un tema sin investigar

Steinfels visitó como periodista un centro de terapia para clérigos llamado Saint Luke Institute en 1992. El personal médico y psicológico tenía magníficos títulos y estudios. Y estaban convencidos de que después de la terapia, los que recaían eran muy pocos. "Me impresionó el rigor de sus métodos, al menos tal como me los describían, y su argumento de que se protegía mejor a las víctimas teniendo a los abusadores bajo supervisión. ¿Sobreestimé su capacidad?"
 
Había centros especialmente malos e ineficaces: los Sirvientes del Paráclito en Jemez Springs, Nuevo México, fueron de los peores, soltando abusadores en gran cantidad. Se hundió bajo las querellas. Pero en 1992 en Saint Luke decían que sus terapias eran muchísimo mejores y más eficaces que las de 15 o 20 años antes. El informe Pensilvania no investiga nada sobre las terapias u opciones terapéuticas, y cada vez que habla de que alguien era enviado a terapia parece hacerlo como sinónimo de encubrimiento y ocultación o de "no hacer nada". La realidad es que las diócesis y órdenes dedicaron dinero y esfuerzo a las terapias porque pensaban que ayudarían a las víctimas y a transformar a los abusadores. 
 
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El obispo Trautman, ya jubilado y con 82 años, pastoreó Erie durante 22 años, y ha explicado con detalle las muchas cosas que se hicieron contra los abusos... pero el Informe Pensilvania no recoge sus informaciones
 

11. El informe omite muchas acciones buenas que se tomaron: el caso de Erie

Steinfels analiza en detalle los fallos del Informe Pensilvania examinando la diócesis de Erie. Es interesante porque la diócesis de Erie hizo su propia investigación sobre abusos, muy estricta, encargada a una firma independiente, el Estudio Gates, entrevistando a 113 personas y examinando más de cien mil documentos, una investigación mucho más seria que la del Gran Jurado
 
Además, el obispo emérito Trautman, que pastoreó la diócesis de 1990 a 2012 ha escrito largo y tendido y sin tapujos de las medidas que tomó, con la libertad de quien ya está jubilado y no hace carrera. Cuando Trautman recolocó clérigos lejos de acceso a los niños y bajo supervisión, constata que "de ninguno de ellos se sabe que reincidiera". Pero para el Informe Pensilvania es solo "camuflar" casos.
 
Trautman pidió al fiscal del distrito que repasara todos los archivos diocesanos en 2002 buscando sospechosos y acusados, y el fiscal constato que "ninguno planteaba un peligro". Y estableció una oficina de protección de infancia y juventud en 2003. Hizo muchas cosas, y ninguna es evidencia de que "cubriera casos" o "pusiera la institución sobre las víctimas".
 
Pues bien, ninguna de esas medidas aparece en el Informe Pensilvania
 
El Informe Gates, encargado por la diócesis, muestra con muchos datos que hasta 1982 no se trataron en absoluto los casos de abusos ("métase en sus cosas", respondía un obispo a un sacerdote que denunciaba cosas feas). A partir de 1982 se tomaron algunas medidas: el obispo Watson enviaba los sospechosos a lugares sin niños, como capellanes militares o conventos, y buscó asesores médicos. El Informe Gates es duro, pero afirma: "la diócesis de Erie promulgó la primera política de protección de niños hace 30 años, mucho antes de que lo exigiera la Iglesia y antes de las noticias devastadoras de Boston, del Estado de Pensilvania, de la gimnasia de EEUU y otras instituciones".
 
Uno de cada tres acusados en Erie lo fue después de 2002 y la Carta de Dallas, con sus normas estrictas. De esos acusados, 4 estaban ya muertos, unos cuantos habían dejado el sacerdocio por su cuenta, hace mucho. Los que seguían en ministerio fueron retirados (sin funciones sacerdotales) y, si se demostraban las acusaciones, reducidos al estado laical. 
 
Por lo tanto, dice Steinfels, al analizar una diócesis concreta se observa que sí se hicieron muchas cosas en la buena dirección, y desde 1982 el Informe Pensilvania no consigue señalar ni un caso claro de ocultación o disimulo. Con Trautman, tampoco documenta lejanía a las víctimas: él personalmente contactó con todas aquellas de las que supo. 
 
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"¿Es engañoso el informe del Gran Jurado de Pensilvania?" 
 

12. ¿Cómo se define "tapar" y "ocultar"?

Imaginemos que una persona sufrió abusos de niño por parte de un clérigo al que sus padres invitaban a casa, confiados. El clérigo ya murió. La víctima lo comenta años después al obispo, pero no quiere que circule la historia: sus ahora ancianos padres sufrirían y se sentirían culpables. ¿Hemos de acusar al obispo de "ocultar" o "tapar" el caso por no llevarlo a fiscalía? Y si la diócesis da una compensación a la víctima: ¿es eso "silenciar a la víctima"?

Muchos piden que la Iglesia publique los nombres de los acusados, aunque nunca hayan sido condenados (y quizá nunca lo sean, porque murieron o prescribió el delito). El informe acusa a la Iglesia de "ocultarlo todo" pero, ¿cómo lo define? Textualmente llama ocultar a 3 cosas, señala Steinfels:

- desanimar a las víctimas para que no vayan a la policía
- dificultar que las autoridades de la ley investiguen
- no informar a las autoridades de los delitos, sino desarrollar "sus propias investigaciones, con sesgo"

"Este último cargo es irónico, dado que el 90 por ciento o más de los infractores en el Informe [Pensilvania] no fueron detectados por la policía, sino por esas investigaciones diocesanas", señala el periodista. Y, de hecho, "el informe tiene escasa evidencia de que los funcionarios eclesiales en la iglesia de Erie disuadieran a alguien de presentar cargos en la policía".

En cualquier caso, en 2002 la Carta de Dallas adoptada por las diócesis acuerda comunicar a las autoridades civiles todas las alegaciones, cooperar en las investigaciones y explicar a las víctimas sus derechos. Dallas ordena también que las diócesis no busquen acuerdos de confidencialidad (dinero o servicios a cambio de silencio), a menos que lo pida la víctima.

Steinfels pregunta: ¿y qué pasa con los obispos que expulsaron por completo del clero a sacerdotes, informaron a las autoridades civiles de las acusaciones, pero no publicaron ni anunciaron esas acciones? ¿Eso es "esconder" o "tapar"?

Después de 2002, cuando la Carta de Dallas estableció que cualquier acusado debía ser retirado de todo servicio e identificación sacerdotal, los abogados de las víctimas plantearon una nueva reivindicación: que se publiquen los nombres de cada acusado, esté vivo o muerto, expulsado o reducido al estado laical. Se supone que sirve para que otras antiguas víctimas lo vean y salgan a la luz a contar sus historias. Alguna vez sirve para evitar que más víctimas caigan en sus redes, pero está orientado más bien a reconstruir el pasado.

Hoy la diócesis de Erie muestra en su web una larga lista de individuos "creíblemente acusados de acciones que, a juicio de la diócesis, descalifican a la persona para trabajar con niños". Incluye a sacerdotes y maestros laicos, empleados, voluntarios, a los vivos, a los muertos hace mucho... incluyendo al obispo Watson, que no actuó para parar los abusos de los que le informaban.

El obispo Trautman explicó con detalle su postura al gran jurado: "con razón o sin ella", juzgó que la publicidad dañaría, no ayudaría, a las víctimas, y que los parientes de los sacerdotes acusados no debían sufrir el escarnio y ridículo público que vendría con esa publicidad. Eso era consistente con lo que pedían víctimas, muchas de las cuales no querían que se publicara el nombre de los culpables por miedo a que alguien los conectara con ellos e interfiriera en la nueva vida que intentaban reconstruir. Y, además, "ninguna ley federal, estatal o canónica exigía hacer públicos los nombres". ¿Es eso "encubrir" u "ocultar"?

13. Presuntos culpables hasta que se demuestre inocencia

En la práctica, en EEUU, en los casos de abusos eclesiales (y no de otros ámbitos) hoy se presume que el denunciante por lo general dice la verdad y que la carga de la prueba cae sobre el denunciado: el acusado debe demostrar que no abusó. Cuando alguien entra en la categoría "acusación creíble" forma parte de una lista negra de la que es difícil salir, aunque no haya habido juicio.

Steinfels señala algunos casos que hacen pensar. Por ejemplo, un señor que en 2004 dijo que un cura muerto en el 2000 le toqueteó en 1978 y que es la causa de sus problemas mentales; le recomiendan terapia y denunciar en el fiscal. El señor reaparece en 2014, diciendo que quiere 20.000 dólares "para que el caso no salga a la luz". La diócesis prefiere llevar el tema a la fiscalía. Nunca surge nada más contra el cura muerto en el 2000, que no puede defenderse y figura en la lista "investigado"... y seguirá así decenios, parece.

El informe Pensilvania considera que todo lo que no es publicar los nombres de acusados (con o sin juicio, vivos o muertos, con o sin posibilidad de responder) es "ocultar". Pero... ¿por qué debería ser así con la Iglesia Católica y no con cualquier otra institución, u otros crímenes, desde funcionarios ludópatas a bomberos drogadictos o maestros maltratadores?

14. Objetivo del informe: que no prescriban delitos antiguos... y cobrar

Steinfels cree que el informe del Gran Jurado de Pensilvania tiene un objetivo "radioactivo", que es implementar una legislación que ya se usa en California, Mionesota, Hawai y Delaware: que personas de cualquier edad puedan presentar acusaciones sucedidas en cualquier época, incluso hace medio siglo o más, contra las diócesis (y no contra colegios o policías). Que sea así, al menos, por una ventana de un par de años. Pero así no se castiga a los culpables de antaño (que han muerto o se han retirado) sino a los católicos de ahora que no tienen nada que ver.

Las sentencias se basarían en declaraciones de cosas que pasaron hace 40 años o más y sin más testigos. Las sentencias arbitrarias serían numerosas.

Steinfels no menciona el famoso cuento de Borges "Emma Zunz", aunque su sombra planea sobre el debate. En él, una mujer describe con terrible detalle el asco que sufrió durante una agresión sexual. Los hechos fueron reales, sólo cambió el nombre del acusado, acusó a un inocente, pero todo sonaba creíble. Alguien que haya sufrido abusos hace décadas en escuelas públicas o correccionales juveniles del Estado, sabe que no sacará dinero de esos abusos, en esos casos ha prescrito. Pero si lo atribuye a cualquier clérigo ya difunto, no habría limite de tiempo. Una historia creíble bastaría para lograr un resarcimiento.

15. El Informe Pensilvania: una mitología injusta

El Informe Pensilvania, con su estilo escabroso, datos selectos, mucho adjetivo y poco contexto, un informe que no distingue entre distintas épocas y declara con brocha gorda que ningún líder hizo nada bueno y todo se escondió (aunque los datos muestran que no fue así) muestra lo fácil que es manipular al público.

Steinfels, periodista veterano y buen conocedor de los abusos en entornos clericales, sentencia: "la herramienta que ha construido la oficina del Fiscal General es inadecuada, injusta, un instrumento para desencaminar. Sus atajos no deben ser enmascarados por su estilo vehemente, estructura confusa y el mero volumen".

Lo han hecho así para crear una acusación mitológica: que durante 7 décadas muchos curas abusaron mientras el resto de la iglesia escondía los hechos y "no hacía nada". Esta acusación es falsa, es difamación.

Un informe de este tamaño (en Illinois y otros sitios pretenden hacer algo parecido) sólo es útil y honrado, insiste el experto, si distingue entre diócesis, líderes y épocas, si distingue entre lo que se hacía antes y después de la Carta de Dallas, que cambió las normas. Y sólo si se reconoce que no solo la Iglesia, sino toda la sociedad ha tenido distintas actitudes respecto al problema del abuso sexual. Y esto se da sólo si se compara con otras instituciones: deporte, escuela, correccionales...

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Peter Steinfels tiene una tesis: la Carta o Estatuto de Dallas ha funcionado bien contra los abusos desde 2002, y eso debe decirse en Roma en el encuentro de febrero

16. Conclusión: la Carta de Dallas de 2002 funcionó bien, que se exporte

"La conclusión de una lectura sin prejuicios y cuidadosa de los datos del Informe Pensilvania muestran esto: la Carta de Dallas funcionó". Es decir, las normas estrictas que establecieron los obispos en 2002, con distintas actualizaciones, han reducido los casos de abusos, han ayudado a detectar casos antiguos y modernos y están funcionando bien para ayudar a las víctimas y prevenir casos. "La Carta de Dallas no es una receta que pueda transferirse a cualquier sociedad y cultura o tipo de gobierno del mundo. Pero los obispos norteamericanos deberían ir a la cumbre de febrero del Vaticano sobre abusos confiados en que las medidas que ya han adoptado han significado una importante diferencia", concluye Steinfels.

Y la pregunta que se puede hacer el lector español e hispanoamericano es... si las medidas de Dallas de 2002, con sus actualizaciones, han demostrado ser eficaces, ¿no deberían estar aplicándose en nuestras iglesias, con las adaptaciones que hagan falta?

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