Lunes, 26 de septiembre de 2022

Religión en Libertad

Golpe del gobierno indio a las Misioneras de la Caridad: les prohíbe recibir donaciones extranjeras

Madre Teresa de Calcuta con un niño en brazos.
Las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta necesitan las aportaciones extranjeras para llevar a cabo su labor de servicio a los más pobres. Si el gobierno de la India les niega la entrada de esos fondos, los perjudicados serán los necesitados.

ReL

El gobierno de la India anunció el 25 de diciembre que se ha rechazado la renovación de la licencia para recibir fondos del extranjero de las Misioneras de la Caridad, congregación fundada en 1950 por la Madre Teresa de Calcuta (1910-1997), Premio Nobel de la Paz en 1979 y canonizada en 2016 por el Papa Francisco.

El ministerio del Interior alega, sin aportar detalles, que la congregación, que asiste a las personas más pobres y enfermas del país y a miles de niños abandonados, no cumple las condiciones incluidas en la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras. Pero en realidad las Misioneras de la Caridad vienen siendo hostigadas desde hace años por las autoridades de la India con pretextos variopintos, desde el secuestro de niños a las acusaciones de "conversión", argumento esgrimido contra la Iglesia en general por el potente movimiento nacionalista hindú.

Un dinero imprescindible para atender a los pobres

Por su parte, la hermana Mary Prema Pierick, superiora general de las Misioneras de la Caridad, en un comunicado emitido el 27 de diciembre que recoge Aciprensa informó de que han solicitado a sus centros que no operen en ninguna cuenta en moneda extranjera hasta que se resuelva el problema de la renovación de su licencia.

Para estas religiosas es fundamental esa renovación, pues los donativos foráneos, que alcanzaron los 750 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2020-21, financian en gran medida sus obras de caridad.

Ante esta situación, el padre Cedric Prakash, fundador del Centro Jesuita Prashant para los Derechos Humanos, la Justicia y la Paz, recordó que “las Misioneras de la Caridad cuidan a miles de rechazados de la India sin importar el coste” y por tanto “detener el flujo de fondos hacia ellas significa, en términos simples, despojar a los más pobres de los pobres de la India: los seres humanos a quienes nadie cuida”.

“Esta medida", añadió, "niega a las personas desamparadas la necesidad humana básica de albergue y comida, sin mencionar la aceptación, la calidez y el amor que necesitan desesperadamente y que las hermanas y los hermanos les brindan con tanta sinceridad”. Por lo cual pidió al gobierno que reconsidere esta "terrible decisión" y “restaure el buen nombre y el trabajo de las religiosas”.

Estado de persecución

La noticia de la prohibición de fondos extranjeros llegó dos semanas después de que la policía de Gujarat comenzara a investigar a la Misioneras de la Caridad por presunta “conversión forzosa” de niñas huérfanas y rescatadas del trabajo infantil, que viven en el hogar gestionado por la congregación de la Madre Teresa de Calcuta en la zona de Makarpura. Algo que la hermana Clarissa, de la casa en Vadodara, desmintió "en absoluto" a Asia News.

Una turba nacionalista, instigada en las redes sociales por unas fotos manipuladas de supuestas conversiones, asaltó el 6 de diciembre la St. Joseph School de Ganj Basoda (estado de Madhya Pradesh). Las autoridades, advertidas, no intervinieron.

Las minorías religiosas en India se están enfrentando a una discriminación y violencia cada vez mayor desde que el Partido Nacionalista Hindú del primer ministro Narendra Modi llegó al poder en 2014. 

Los cristianos en la India representan un 2,3% de los 1.300 millones de habitantes del país, y según un informe difundido el 23 de diciembre por Ayuda a la Iglesia Necesitada, sufren persecución debido a su fe en 21 de los 28 estados de la India, habiéndose reportado 305 incidentes con violencia entre enero y septiembre de este año, muchos de ellos protagonizados por turbas, así como 28 ataques a lugares de culto.

Las autoridades políticas y policiales mantienen una actitud de pasividad ante estos hechos, considerando en la práctica a los cristianos como ciudadanos de segunda clase.

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