Lunes, 17 de junio de 2019

Religión en Libertad

El prior del Valle de los Caídos detalla en su carta al Senado cómo ha cumplido la ley «en todo»

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La comunidad benedictina ha cumplido escrupulosamente la ley y las resoluciones judiciales, afirma el prior de la abadía, Santiago Cantera.
La comunidad benedictina ha cumplido escrupulosamente la ley y las resoluciones judiciales, afirma el prior de la abadía, Santiago Cantera.
Representantes de la Comisión de Justicia del Senado visitarán el Valle de los Caídos el próximo lunes 26 de marzo, pero el prior de la abadía, fray Santiago Cantera, ya detalló por carta a los senadores todos los extremos para los que se le convocaba.

En primer lugar, ratifica que, "en cuanto corresponde a la Comunidad Benedictina como encargada del culto en el Valle de los Caídos, se cumple sin mayor novedad el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica", que hace referencia expresa al Valle de los Caídos para establecer que ha de regirse por las normas generales para lugares de culto y no puede albergar actos de naturaleza política.

En segundo lugar, recuerda a los senadores, interesados por el cumplimiento de las resoluciones del Informe de la Comisión de Expertos del año 2011, que aquel "fue un documento de carácter informativo elaborado para el Ministerio de la Presidencia".

Exhumaciones: derechos contrapuestos
En tercer lugar, el padre Cantera ofrece una respuesta muy detallada sobre las exhumaciones que Patrimonio Nacional pretende llevar a término en el cementerio situado dentro de la Basílica. 
 
"Lejos de oponerse a la aplicación del auto nº112/16, de fecha 30 de marzo, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de San Lorenzo de El Escorial, la Comunidad Benedictina reconoce los derechos de los familiares que solicitan exhumar los restos de sus antepasados para trasladarlos a otro cementerio", afirma el prior benedictino, "pero a la par desea que se garanticen los derechos de los familiares del resto de los allí enterrados y que no exista ningún riesgo estructural en los osarios ni de daño alguno posible en el interior de los mismos por las operaciones que en ellos se realicen, conforme a los puntos recogidos en el fundamento cuarto del citado auto".

El auto judicial señala que "el derecho reconocido no es ilimitado, ya que la situación en que parece encontrarse el cementerio del Valle de los Caídos determina que las medidas que deben ser adoptadas sean proporcionales... Además, en todo momento debe garantizarse la integridad de los restos cadavéricos, tanto en las  pruebas, traslados, etc., el respeto a la memoria de los difuntos del propio cementerio, el respeto a la consideración debida a la Basílica donde se encuentran depositados, aplicándose de forma analógica la Ley 52/2007, de 26 de Diciembre, en las medidas a adoptar para garantizar todos los derechos afectados".

Intento de desbloqueo
"Por este motivo", continúa fray Santiago, "la Comunidad puso sus reparos a un primer proyecto de actuación por parte de Patrimonio Nacional prevista para el 16 de octubre de 2016. Con fecha 2 de junio de 2017, la Comunidad recibió nuevamente del Sr. Presidente de Patrimonio Nacional una resolución para la realización de las actuaciones pertinentes, frente a la cual se reconocía a la Comunidad el derecho de presentar recurso de alzada ante el Ministerio de la Presidencia, como así se hizo.
 
»Sin embargo, después de varias reuniones con el fin de desbloquear la situación, atendí personalmente la visita de los técnicos del CSIC (Instituto Eduardo Torroja) los días 14 y 26 de junio de 2017 y accedimos a que se realizaran las actuaciones que no supusieran ningún riesgo en la preservación de los restos que se conservan en el Valle, actuaciones que se llevaron a cabo el día 10 de julio. Pero, ante la posibilidad de la existencia de riesgos en las operaciones siguientes, se determinó detener por lo menos momentáneamente las operaciones.
 
»Desestimado el recurso de alzada presentado por la Abadía Benedictina, se le daba la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, el cual fue efectivamente presentado el 7 de noviembre de 2017 y, a consecuencia del mismo, desde dicha Sala se dictó el 8 de noviembre la medida cautelarísima de suspensión de la eficacia del acuerdo del Presidente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional de 2 de junio de 2017, deteniendo las actuaciones previstas para el día 13 de noviembre siguiente".

Treinta y cinco peticiones de no exhumación
Antes de concluir la carta, el padre Santiago Cantera considera "obligado reseñar que la Comunidad Benedictina ha recibido 35 cartas de familiares requiriéndola para que los restos de sus familiares sean completamente respetados, lo cual condiciona la situación de la Comunidad ante esta problemática y que haya optado por poner el asunto en manos de la Justicia".

Al estar reunidos los restos de los familiares que han pedido la exhumación con los de quienes desean -conforme al derecho que la ley les garantiza- que no se toquen, se plantea un conflicto legal, que es el que la abadía ha sometido a consideración judicial.

"Por lo tanto, la Comunidad Benedictina ha seguido en todo los cauces legales que se le han ido marcando desde la administración", concluye el prior de la abadía de la Santa Cruz, "pero está abierta a poder buscar nuevas soluciones y acuerdos para la mejor resolución del caso y atendiendo a los intereses de todas las partes".
 
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