Miércoles, 28 de febrero de 2024

Religión en Libertad

El Senado retoca el aborto: prohíbe dar información, excepto la «clínica imprescindible»

El Senado español endurece la Ley del Aborto para que no se informe casi nada a la embarazada sobre riesgos o alternativas
El Senado español endurece la Ley del Aborto para que no se informe casi nada a la embarazada sobre riesgos o alternativas

P.J.G.

Se ha debatido la nueva Ley del Aborto en el Senado español, donde hay 263 senadores, entre ellos 113 socialistas, 104 populares y 3 de Vox (por Ceuta, Murcia y Andalucía).

La Comisión de Igualdad del Senado, donde no está presente Vox, aprobó una enmienda en la ley que obliga a las «administraciones públicas competentes» a no intervenir en «el libre ejercicio del derecho a la interrupción del embarazo». El PP, presente en la Comisión, aprobó esta enmienda (si bien luego presentó un veto al texto completo de la ley).

Según la enmienda, las administraciones deben «evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente».

La norma añade que las «intervenciones diagnósticas y terapéuticas asociadas con la decisión y la práctica de la interrupción del embarazo deberán basarse, en todo caso, en la evidencia científica».

¿"Cláusula anti-Vox", o cláusula anti-informar?

Con esta enmienda, el PSOE esperaba que el PP retomara en el Senado un debate sobre la información que debe recibir la embarazada antes de abortar, pero el PP no ha puesto ninguna objeción y ha apoyado esta cláusula.

Al darse unanimidad en los grupos presentes en la Comisión de Igualdad, la enmienda queda aprobada y el PSOE no podrá pedir ya una votación y un debate en el Senado respecto a ese tema.

En la prensa, muchos han llamado a esta cláusula aprobada con votos de PP y PSOE "cláusula anti-Vox", refiriéndose a las propuestas de Vox en Castilla y León de ofrecer a todas las embarazadas escuchar el latido fetal. La realidad es que endurece aún más una ley que busca dificultar al máximo el ofrecer información sobre el aborto, sus efectos, consecuencias, etc...

Hay que tener en cuenta que la patronal abortista en España ya ha sido condenada en firme por hacer publicidad engañosa sobre el aborto (sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en 2022).

Este proyecto de ley, que reforma la ley del aborto de 2010 –cuyo recurso de inconstitucional se debate en el Tribunal Constitucional, 13 años después– se debatirá la semana que viene en el Pleno del Senado y posteriormente será remitida al Congreso, donde previsiblemente será aprobada de forma definitiva.

Vetos a todo el texto, rechazados por la izquierda

En la tarde del miércoles, tanto Vox como el Partido Popular presentaron sendos vetos a todo el texto, que fueron rechazados. Los grupos parlamentarios registraron 186 enmiendas al texto.

Esta reforma del aborto pretende, entre otras cosas:

- que las menores de edad de 16 y 17 años aborten sin permiso paterno;
- que desaparezcan los 3 días de reflexión que pedía la ley de 2010;
- que no se dé información sobre ayudas de apoyo a la maternidad.

Lo que dijeron los senadores

El senador popular Antonio Román, al presentar su veto, dijo que la norma "es innecesaria e inoportuna", que "estas leyes precisan del consenso social y de la escucha de la sociedad civil", y lamentó que no se hubiera pedido informe a la comisión de bioética.

Por su parte, la portavoz socialista Donelia Roldán pidió al PP vetar "las acciones de sus socios en los territorios en los que gobiernan", acusando a Vox de "atentar contra los derechos y las libertades de las mujeres". La senadora socialista Carmona Delgado dijo que las medidas provida anunciadas por Vox en Castilla y León buscan "institucionalizar el acoso que antes se llevaba a cabo a las puertas de las clínicas".

Los senadores de Vox, al presentar su veto, aseguraron que el proyecto de ley "abunda en el ataque contra la vida del nasciturus" y protestan porque se haya tramitado -como muchos otros con este Gobierno- por vía de urgencia "sin que exista para ello un fundamento honesto ni cabal".

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