Las familias de la concertada se niegan a ser tratadas como ciudadanos de segunda

Las familias de la concertada conocen por dentro las aulas: ven profesores que alargan su jornada, acompañan personalmente a sus alumnos y sostienen, con recursos escasos, buena parte del sistema educativo. Por eso, cuando la Administración infrafinancia sus centros, excluye a sus hijos de becas por no estar en la red pública o cuestiona su derecho a pedir una educación explícitamente cristiana, sienten que se les relega a “ciudadanos de segunda”. 

En esta entrevista, Ángela Melero Camarero, presidente de CONCAPA, agradece públicamente la entrega de los docentes, denuncia la utilización ideológica de la escuela y anima a las familias a no resignarse, sino a defender con esperanza la libertad de educación.

-Las familias conocemos de primera mano la entrega, la profesionalidad y la vocación de muchos docentes de la enseñanza concertada. Lo vemos cada día en el acompañamiento personalizado que ofrecen a nuestros hijos, en las horas que dedican más allá de su jornada laboral y en su compromiso con la formación integral de la persona.

Por eso nos duele especialmente comprobar que quienes sostienen buena parte del sistema educativo, los colegios sostenidos con fondos públicos, reciben con frecuencia un trato injusto o un reconocimiento insuficiente. Cuando vemos que nuestros docentes trabajan con igual o menos recursos, o en medio de dificultades, sentimos la obligación moral de expresar públicamente nuestro apoyo.

No defendemos únicamente a unos profesionales; defendemos a las personas que educan a nuestros hijos y que, junto a las familias, hacen posible cada día el proyecto educativo que libremente hemos elegido.

Se traduce en desigualdades, a veces imperceptibles, que afectan a los centros, a las familias y a los docentes, y que acaban repercutiendo en nuestros hijos. Hablamos de una financiación insuficiente que no cubre el coste real del puesto escolar, de exclusiones en determinadas ayudas y becas —como las becas comedor—, de obstáculos para el crecimiento de centros demandados por las familias o de normativas que, en ocasiones, parecen diseñadas para limitar la libertad de elección.

Los profesores sufren las consecuencias de esta situación porque trabajan en centros que deben hacer un esfuerzo constante para mantener la calidad educativa con recursos limitados por la Administración. Las familias también lo percibimos cuando comprobamos que, pese a contribuir con nuestros impuestos al sostenimiento del sistema educativo, no recibimos el mismo trato que otras familias por el simple hecho de haber elegido una opción educativa distinta.

Lo que pedimos no son privilegios. Pedimos igualdad de trato, respeto a la pluralidad educativa y cumplimiento efectivo del derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos.

-Hay familias trabajadoras con rentas modestas o bajas que cumplen los requisitos económicos para acceder a las ayudas. A las escuelas sostenidas con fondos públicos no van únicamente alumnos con rentas altas; el concierto favorece precisamente la libertad de elección para que las familias puedan optar por la educación concertada.

Pensemos en una familia con varios hijos que necesita apoyo para comedor, actividades complementarias o determinados servicios educativos. Esa familia paga sus impuestos igual que cualquier otra, contribuye al sostenimiento del sistema educativo y, además, ha elegido un centro que supone un ahorro para las arcas públicas. Sin embargo, en algunos casos descubre que determinadas ayudas están reservadas exclusivamente para quienes escolarizan a sus hijos en la red pública.

Las verdaderas beneficiarias de los conciertos educativos son las familias, porque les permiten ejercer su derecho de elección con independencia de su situación económica. Cualquier familia, sea cual sea su renta, puede acceder a la educación católica concertada en función de la educación que quiere para sus hijos. Cuando la Administración excluye de ayudas a las familias que eligen la educación concertada o sostenida con fondos públicos, ese criterio se convierte en excluyente y discriminatorio para la libertad de elección.

-Porque existe una contradicción evidente en determinados discursos, dependiendo del cariz ideológico que se quiera defender. Se protege la diversidad cuando responde a determinadas sensibilidades, pero se cuestiona cuando esa diversidad incluye propuestas educativas inspiradas en una visión cristiana de la persona.

La verdadera diversidad consiste precisamente en permitir que convivan distintos proyectos educativos dentro del marco constitucional. La libertad de enseñanza no está pensada para proteger solo las opciones que gustan al poder político de turno, sino para garantizar que las familias puedan elegir de acuerdo con sus convicciones y para que las sociedades sean diversas, creativas y capaces de ofrecer respuestas diferentes a problemas complejos.

Solicitar una educación cristiana, trascendente y conforme a un ideario católico para nuestros hijos no es un privilegio ni una imposición; es el ejercicio legítimo de un derecho fundamental, reconocido tanto por la Constitución como por los tratados internacionales suscritos por España.

Las familias tienen derecho a elegir tanto la red pública como la sostenida con fondos públicos. Desde CONCAPA queremos una educación de calidad para todos, independientemente de la red que elijan sus padres, y que los recursos públicos se repartan con equidad en función de las necesidades familiares.

Las familias siempre hemos puesto a los alumnos, a nuestros hijos, en el centro. Precisamente por eso defendemos la educación concertada. Nuestro primer deber es proteger su bienestar y su futuro: somos los primeros y principales responsables de su educación.

Eso no significa guardar silencio ante las injusticias. Existen muchas maneras de expresar el malestar de forma responsable: declaraciones públicas, concentraciones, campañas informativas, reuniones con las administraciones, iniciativas en los consejos escolares o acciones de sensibilización social.

La firmeza en la defensa de nuestros derechos es perfectamente compatible con la responsabilidad educativa. No queremos perjudicar a los estudiantes; queremos garantizar que sigan teniendo acceso a una educación plural, de calidad y conforme a las convicciones de sus familias.

-Lo primero es fortalecer la colaboración cotidiana entre familias y docentes dentro de los propios centros. Cuando existe confianza mutua, el proyecto educativo se fortalece. No hay que tener miedo a las familias ni alejarlas de los colegios: somos uno de los pilares para que la calidad educativa mejore. Las familias no somos enemigos.

En segundo lugar, debemos visibilizar más el enorme bien social que realiza la enseñanza concertada. Muchas veces se habla de ella desde los prejuicios, pero muy pocas se escucha a las familias, a los profesores o a los alumnos.

Y, por último, es necesario que las organizaciones representativas de familias, docentes y titulares de centros mantengamos una voz coordinada ante las administraciones. Cuando defendemos juntos la libertad educativa, estamos defendiendo un derecho que pertenece a toda la sociedad.

Aportan algo esencial: una educación centrada en la persona y en su dignidad. Los colegios de ideario cristiano no se limitan a transmitir conocimientos; buscan formar personas comprometidas, solidarias, libres y responsables, de acuerdo con su propia escala de valores y con su compromiso cristiano. Queremos que a nuestros hijos se les hable de trascendencia, de Dios, del Evangelio, de Jesucristo, de la Virgen María y de cómo han vivido la fe los santos a los que el colegio se acoge. No olvidemos que, antes de que la educación fuera un derecho, la Iglesia ya la vivía como misión, como compromiso y como servicio.

Son centros profundamente arraigados en sus comunidades, que promueven el voluntariado, la cultura del encuentro, la inclusión, la atención a los más vulnerables y a la diversidad, y la participación de las familias.

Hay que volver a educar en valores y virtudes, y eso es precisamente lo que buscan las familias: una educación integral que no limite los conocimientos, sino que los alimente y que ese alimento lo sea también para el alma.

-Le pediría que escuchara más a las familias y menos a los prejuicios ideológicos. Que entendiera que la enseñanza concertada no es un problema que haya que resolver, sino una riqueza que hay que proteger.

Le pediría un gran pacto educativo que garantice estabilidad, seguridad jurídica y respeto a la pluralidad. Que deje de enfrentar artificialmente a la escuela pública y a la concertada, porque ambas forman parte del servicio público de educación y ambas son necesarias.

La educación debe ser una política de Estado, no una herramienta de confrontación partidista ni un arma ideológica de adoctrinamiento al servicio del partido político de turno. Solo invirtiendo de verdad en educación tendremos sociedades prósperas, críticas, formadas y solidarias, donde el progreso vendrá por añadidura.

La educación necesita inversión, cuyos frutos se ven a largo plazo. Necesitamos, por ejemplo, psicólogos educativos que acompañen a nuestros hijos y cuiden su salud mental, la de sus familias y la del profesorado; más recursos y herramientas; en definitiva, una apuesta real por una educación de calidad, que sea uno de los pilares de los gobiernos. Así se formarán profesionales capaces de liderar sociedades que no se dejen manipular y que tengan pensamiento crítico. Lamentablemente, hoy tenemos tantos sistemas educativos como comunidades autónomas.

Les diría que no están solas. Detrás de cada familia hay miles de padres y madres que comparten las mismas preocupaciones y los mismos anhelos para sus hijos. El asociacionismo en APAs, AMPAs o AFAs crea un tejido de federaciones y confederaciones mediante el cual las familias están representadas a nivel institucional y ante la Administración, donde son escuchadas y tenidas en cuenta. En nuestro caso, eso es CONCAPA.

La libertad educativa ha sido conquistada gracias al compromiso de generaciones anteriores y necesita seguir siendo defendida con serenidad, responsabilidad y esperanza. La resignación nunca ha cambiado la realidad; el compromiso, sí.

Y desde la fe sabemos que educar es una de las tareas más nobles y transformadoras que existen. Si la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, unida a la familia y a la educación en valores, su fuerza se multiplica. Merece la pena seguir trabajando por una escuela verdaderamente libre, plural y abierta a la dimensión trascendente de la persona.

Cuando defendemos la libertad de educación no estamos defendiendo intereses particulares; estamos defendiendo el derecho de las familias a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y contribuyendo a construir una sociedad más libre, más plural, más diversa, más equitativa y más humana.