Multas de 30.000 euros y prisión para directores de centros que bloqueen la eutanasia en Francia

Un informe elaborado por Gregor Puppinck, director del European Centre for Law and Justice (ECLJ), ha reavivado el debate en Francia sobre el proyecto de ley que pretende legalizar la eutanasia y el suicidio asistido.

El documento pone el foco en un aspecto especialmente controvertido: la introducción de sanciones penales y económicas para quienes sean considerados culpables de "obstrucción" al acceso a la ayuda para morir.

Hasta dos años de prisión

Según el informe, el texto legislativo actualmente en debate no se limita a definir las condiciones médicas y legales para el acceso a la eutanasia, sino que incorpora un régimen sancionador que podría afectar directamente a directores de hospitales, residencias y centros sociosanitarios que se nieguen a permitir esta práctica en sus instalaciones. Puppinck advierte de que, bajo la redacción actual, esa negativa podría interpretarse como un delito de obstrucción.

Las consecuencias no serían menores. El informe sostiene que los responsables de centros declarados culpables podrían enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión y multas de 30.000 euros, además de sanciones administrativas adicionales, como la retirada de financiación pública o medidas disciplinarias impuestas por las autoridades sanitarias.

Para el ECLJ, este enfoque supone un cambio radical en la relación entre el Estado y las instituciones sanitarias, especialmente aquellas con un ideario ético o religioso contrario a la eutanasia.

El concepto de "obstrucción" es uno de los puntos más criticados del proyecto. Según el análisis de Puppinck, el término se formula de manera amplia y ambigua, lo que podría abarcar desde la negativa explícita de un centro a autorizar el procedimiento hasta decisiones organizativas que, de facto, dificulten su realización. El informe advierte de que esta indefinición abre la puerta a una aplicación extensiva de las sanciones.

Desde el ECLJ se argumenta que el proyecto de ley introduce una presión inédita sobre las instituciones sanitarias, al priorizar el acceso a la eutanasia por encima de la libertad de organización y de conciencia de los centros.

En el caso de hospitales o residencias de inspiración católica, el informe sostiene que la norma podría obligarles a elegir entre vulnerar sus principios fundacionales o asumir el riesgo de procesos penales y fuertes multas económicas.

El documento también subraya que estas sanciones no se dirigen únicamente a entidades privadas, sino que podrían afectar a cualquier establecimiento que reciba fondos públicos o forme parte del sistema sanitario. Según Puppinck, esto equivale a una forma de coerción indirecta, ya que la amenaza de multas y la retirada de financiación dejaría a muchos centros sin margen real para negarse.

Los defensores del proyecto de ley, por su parte, sostienen que las sanciones por obstrucción son necesarias para garantizar que el nuevo derecho a la ayuda para morir no quede en papel mojado. Argumentan que, sin mecanismos coercitivos, el acceso a la eutanasia podría verse bloqueado por decisiones institucionales, generando desigualdades territoriales o discriminación entre pacientes.

Sin embargo, el informe de Puppinck insiste en que el equilibrio entre derechos está roto. A su juicio, el proyecto no se limita a permitir la eutanasia en determinados supuestos, sino que impone activamente su implementación, incluso a costa de sancionar penalmente a quienes se resistan. "No se trata solo de legalizar una práctica, sino de castigar a quienes no cooperen con ella", concluye el documento.

El proyecto de ley aún se encuentra en tramitación parlamentaria y su redacción definitiva podría sufrir cambios. No obstante, el informe del ECLJ ha contribuido a crear debate no solo la eutanasia en sí, sino también el alcance de las multas y penas previstas para quienes sean considerados culpables de "obstrucción".