Viernes, 07 de octubre de 2022

Religión en Libertad

La Ser y El País, altavoces de las campañas anti-vida y discriminatorias del Defensor del Pueblo

Gabilondo no investigará abusos a menores en centros públicos pero sí que en ellos haya poco aborto

El Defensor del Pueblo va a la Ser a hablar de abusos en entornos católicos - no le interesa hablar ni investigar ningún otro entorno de abusos
El Defensor del Pueblo va a la Ser a hablar de abusos en entornos católicos - no le interesa hablar ni investigar ningún otro entorno de abusos

P.J.G.

Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo español y veterano político socialista, rindió cuentas el lunes por la noche en Hora 25 de Cadena Ser (del Grupo Prisa, afín al Partido Socialista) acerca de su tarea "investigando" los abusos a menores en entornos católicos, sólo católicos y exclusivamente católicos.

Se trata de un encargo del Parlamento español que él perfectamente podía haber rechazado y que perfectamente podría reformular para investigar más entornos de abusos. 

Ningún otro país del mundo ha encargado investigar sólo y exclusivamente los abusos a menores en entornos católicos. La amplia investigación alemana encargada por el Bundestag, por ejemplo, investiga todos los abusos a menores: en el ámbito escolar, el asociativo, la familia, el mundo criminal, el deporte...

El encargo del Parlamento español es tan insólito al culpabilizar solo a los católicos, que las asociaciones E-Cristians y One of Us presentaron hace unas semanas un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por la arbitrariedad discriminatoria del Parlamento.

Mientras tanto, hace una semana el Defensor del Pueblo presentó su lista completa de expertos que participarán en su investigación (incluye algunos expertos católicos).

Un "informe" para dar al Parlamento

El objetivo, aseguró en la radio, es elaborar "un informe".  Sobre las víctimas con las que ha contactado, Gabilondo señala a Cadena Ser que "algunos piden reparaciones muy singulares, a algunos les molesta que se alabe a quien ha sido un abusador o incluso a veces se les hace reconocimiento en sus instituciones y piden reparación pública”.

"No quiero que la conversación con las víctimas sea un trabajo de campo”, afirma Gabilondo, como expresando que no quiere que sea un texto académico sin efecto práctico. Asegura que pretende poner en marcha “un proceso de reparación y que no se vuelva a producir nunca más”.

Y añadió: "No estamos pensando en una reparación económica, pero no lo estamos excluyendo. Me gustaría que hubiera diferentes propuestas abiertas que puedan ir al Parlamento".

Gabilondo comentó además: “Pediré explícitamente a la Iglesia que colabore y si no colabora pondré en el informe que no ha colaborado”. Puntualizó que “el presidente de la Conferencia Episcopal dijo que colaborará”, dijo refiriéndose al cardenal de Barcelona, Juan José Omella.

Extraña crítica a la investigación de Cremades

Gabilondo también dejó caer un extraño comentario en la Ser sobre la investigación de la firma de abogados Cremades, encargada por la Iglesia. “He leído al señor Cremades diciendo que no piensan trabajar a partir del testimonio de las víctimas y para nosotros es vital escucharles de verdad”, declara.

Es extraño el comentario de Gabilondo, porque la investigación de Cremades dedica 3 personas sólo a recibir testimonios y escuchar a las víctimas y piden que acudan más.

Parece que Gabilondo se refiere a un curioso titular del diario de izquierda radical ElDiario.es: "Nuestro objetivo no es hablar con las víctimas". Lo que Cremades en realidad señalaba es que no era "hablar por hablar". (Hay que detallar, sin embargo, que en 3 meses y medio, sólo unas 60 personas han acudido a contar su historia al equipo de Cremades, y la mitad de estos casos no implicaban a agresores de entornos eclesiales).

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Dos titulares completamente distintos: en Alfa y Omega, el equipo de Cremades da máxima importancia a escuchar a las víctimas; en El Diario (publicación de izquierda radical, que parece ser la que ha leído Gabilondo), parece decirse lo contrario.  En 3 meses la investigación de Cremades ha recabado algo más de 60 testimonios de abusos.

Gabilondo asegura que ve "buenas actitudes en los superiores de algunas órdenes, como en los jesuitas o algunos obispos, o el cardenal de Madrid que está tras el impulso y reconocimiento. No falto a la verdad si digo que el presidente de la CONFER le he visto muy buena actitud de colaborar. No quiero hacer un listado de los buenos y los malos”.

Desde hace una semana, las víctimas pueden escribir o llamar a los teléfonos o e-mails habilitados por la comisión del Defensor del Pueblo, con toda privacidad y con "clima de confianza". Quizá porque ha visto que no muchas personas acudían a contar sus historias a la  investigación de Cremades, Gabilondo admite en la Ser que no espera “una avalancha” de testimonios.

E-Cristians se queja de que Gabilondo no le responde

El Defensor del Pueblo presume de querer "escuchar de verdad", pero el presidente de E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol, señala en una carta abierta que Gabilondo no se ha molestado ni en responder a una carta de la asociación cristiana sobre la investigación de abusos. E-Cristians pidió por escrito al Defensor del Pueblo que no aceptara el encargo y Gabilondo no respondió.

«Me dirigí a Ud. como Defensor del Pueblo en fecha 13 de mayo debido al acuerdo del Congreso de los Diputados de 10 de marzo de 2022, al encargarle constituir una comisión para “elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos”. Este primer escrito ha merecido el silencio por toda respuesta. Es Ud. la única autoridad que ha procedido de manera tan desatenta, dado que tanto la Presidencia del Gobierno como la Ministra de Justicia, a quien también nos dirigimos, han dado cumplida respuesta», escribe Miró.

Miró después comenta las ideas que Gabilondo expresó ante diputados el 20 de junio en el Congreso. Allí, Gabilondo demostró saber que se había presentado un recurso de amparo acusando al Parlamento de discriminación, por pedir investigar exclusivamente abusos en entornos católicos y no de otras religiones, grupos o ámbitos. Gabilondo comentó, de forma improvisada: "Desde luego la Iglesia no es un grupo étnico, y no se hace ningún tipo de persecución étnica a la Iglesia”.

Pero Miró le responde: "¿Qué tiene que ver en este caso la dimensión étnica con la discriminación? ¿Es que acaso tal vulneración constitucional solo se cumple en este supuesto? ¿Es necesario recordar lo que establece el artículo 14, que incorpora explícitamente la discriminación por causa religiosa?" Y añade Miró: "Lo cierto es que se ha cometido una discriminación desde el momento en que se vincula el delito de pederastia solo con el ámbito católico".

Miró recuerda que los abusos a menores en ámbitos católicos son quizá un 0,5% del total de abusos a menores, y que quienes piden investigar exclusivamente estos ámbitos "han convertido a la Iglesia en chivo expiatorio".

Recuerda casos de abusos ligados a entidades públicas, como la inculpación por encubrimiento de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra (cuyo ex-marido ya ha sido juzgado y condenado a 5 años por abusos), además de las menores bajo tutela pública en Islas Baleares, o los casos de abusos en escuelas públicas.

Gabilondo dijo que investigar a la Iglesia era "una propuesta realista y viable", comparando una investigación más amplia con "paralización por elevación"... cuando sólo España hace una investigación así, y todos los demás países hacen investigaciones más amplias, sin paralizar nada.

Gabilondo también declaró: "He entendido que hay razones para exigir a la Iglesia una actitud singularmente valiosa de ejemplaridad. Y no es afán de perseguir a nadie”.

Pero Miró responde: "¿En nombre de qué mandato o ley, el Defensor del Pueblo o las Cortes Generales pueden examinar la conducta de alguien para exigir su ejemplaridad? ¿Quién les otorga tal derecho? No existe tal cosa, como no existe el deber de ser bueno. El estado y sus instituciones solo están para hacer respetar y cumplir las leyes, y no para expedir certificados morales a sus ciudadanos».

E-Cristians pide así de nuevo al Defensor del Pueblo "que dedique la Comisión que constituya a conocer todos los casos y a reconocer a todas las víctimas, a partir de los estudios que obran en manos del Gobierno, así como los restantes que están disponibles. Y en este sentido, y para evitar que indagarlo todo sea no hacer nada, como Ud. parece sugerir, comience por uno de los focos más importantes fuera del entorno familiar: los abusos a menores cometidos en ámbitos de responsabilidad de las distintas administraciones públicas».

De hecho, según la Constitución, la figura del Defensor del Pueblo existe, precisamente, para proteger a los ciudadanos de los abusos y disfunciones de las administraciones.

Gabilondo también entra en el aborto: ¿por qué en Madrid no hay en centros públicos?

A Gabilondo no le interesa investigar los abusos a menores en centros públicos, pero sí que  no haya abortos en centro públicos en la región de Madrid, y ha preparado un informe sobre eso, según revela El País, periódico amigo del Partido Socialista.

Hace 12 años que no se sabe si la actual ley de aborto en España es constitucional o no, y el Tribunal Constitucional no se pronuncia... aunque en 2010 declaró que era un tema prioritario. Esta inacción es tan grave que en 2021 20 diputados denunciaron al Constitucional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo por retraso injustificado: es la primera vez que alguien lleva al Constitucional español al TEDH bajo esta acusación.

Pero el Defensor del Pueblo, en vez de defender el derecho a una justicia sin dilaciones indebidas, se ha centrado estos días en señalar que en la región de Madrid no se hacen apenas abortos en centros públicos, y casi todos se hacen en empresas abortistas privadas  (aunque pagados con dinero de todos los españoles).

De nuevo es el Grupo Prisa, el diario El País, afín al Partido Socialista, el que tiene acceso a un informe del Defensor del Pueblo.

El informe del Defensor del Pueblo sobre el aborto en la región de Madrid recuerda que la ley de aborto de Zapatero de 2010, en su artículo 19, decía que los abortos se harían "en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, teniendo carácter excepcional el acudir a centros acreditados que no pertenezcan a la red pública”.

Pero han pasado 12 años, y los abortos no se "normalizan": siguen siendo cosa casi exclusiva de una casta especial de técnicos abortistas especializados en lucrativas empresas privadas, algo que los ginecólogos normales y las comadronas evitan, porque saben que no es "una prestación más", ni verdadera medicina.

El texto constata que de 2010 a 2019 sólo el 0,7% de abortos en la región madrileña se hizo en centros públicos (1.608 frente a los 210.755 abortos facturados por las empresas abortistas privadas). De hecho, en 2020 (año de la pandemia) no hubo ningún aborto realizado en centros públicos madrileños.

Cada año, el Gobierno de la región de Madrid paga unos 3,5 millones de euros de los contribuyentes a empresas abortistas por sus macabros "servicios".

Mientras en España se debate más que nunca la objeción de conciencia sanitaria (y los derechos de objeción de entidades con ideario propio, como los hospitales católicos), el informe del Defensor del Pueblo deja caer que la objeción es "un derecho individual, que debe ejercerse anticipadamente y por escrito, y que no debe afectar al tratamiento y atención médica adecuada a las mujeres".

El informe del Defensor pide "cuestionar" si "los centros hospitalarios de la red pública de Madrid, disponen de un protocolo para facilitar el proceso de IVE a la mujer afectada por alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley 2/2010″, es decir, sobre los abortos de bebés que no superan las 22 semanas de gestación pero que se justifican por "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto".

Pide además que si el hospital público no va a realizar el aborto, "desde los servicios administrativos del propio hospital se gestione, de acuerdo con la voluntad expresada por la paciente, [se facilite] la inmediata derivación al centro más adecuado para la práctica de la interrupción del embarazo, evitando así añadir una penalidad adicional a la paciente”, añade.

Lo cual llevaría a otro tema de objeción de conciencia: igual que los sanitarios pueden negarse a hacer abortos, ¿no pueden los administrativos negarse a gestionar esa derivación?

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