La Fundació Ferrer i Guàrdia, la gran opositora al Papa en Barcelona, vive de fondos públicos

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, junto a Ateus de Catalunya y Europa Laica, ha lanzado la campaña "Jo no t’espero" para boicotear la visita del Papa León XIV a Barcelona. 

En su manifiesto, la entidad denuncia los "privilegios públicos" y el respaldo institucional al viaje pontificio, acusando a la Iglesia de recibir recursos que, según ellos, vulneran la neutralidad religiosa del Estado. Sin embargo, la fundación que lidera estas críticas es una organización que, año tras año, sostiene gran parte de su actividad gracias a subvenciones procedentes del mismo erario que cuestiona.

El manifiesto difundido por la fundación insiste en que la visita papal utiliza espacios y medios públicos y acusa a la Iglesia de influir en debates sociales y civiles. Aun así, la campaña está impulsada por una entidad cuya financiación depende en buena medida de fondos institucionales, lo que ha reavivado el debate sobre la coherencia de sus denuncias. 

La convocatoria de una concentración el 9 de junio en el Paseo del Born, coincidiendo con la vigilia del Papa, forma parte de esta estrategia de protesta promovida por grupos vinculados al laicismo y al independentismo.

Al frente de la fundación se encuentra Joan Francesc Pont Clemente, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y figura destacada de la masonería liberal, donde ha alcanzado el grado 33. 

Su papel en estructuras masónicas han reforzado su presencia pública, pero también han puesto el foco en la contradicción entre su discurso contra el "uso indebido" de fondos públicos y la realidad económica de la institución que preside, ampliamente sostenida por subvenciones oficiales. La fundación, además, mantiene vínculos con organizaciones y plataformas laicistas que también reciben financiación pública.

Mientras Pont Clemente y la fundación denuncian el supuesto gasto público asociado a la visita del Papa, su propia actividad se apoya en ayudas institucionales que permiten mantener proyectos, publicaciones y campañas. La campaña "Jo no t’espero", lejos de quedar en un gesto simbólico, ha reabierto el debate sobre la coherencia del laicismo militante y su relación con la financiación pública.

Un mar de subvenciones

La Fundación Francesc Ferrer i Guardia se ha adjudicado al menos 1.51 millones de euros en dinero público en los últimos años. Adicionalmente, la entidad recibe anualmente diversas subvenciones de administraciones públicas catalanas como el Ayuntamiento de Barcelona o la Diputación de Barcelona. La cifra exacta de subvenciones y contratos varía cada año.  

Según la memoria de actividades de la Fundación del año 2024, la última publicada en su página web, los ingresos de la entidad proceden en un 46% del erario público. De 995.644€ recibidos en ingresos ese año, casi la mitad pertenecía a lo aportado por todos los españoles con sus impuestos, incluidos los católicos. 

Por su parte, el portal Gobierto Contratación también informa del dinero público recibido por la Fundación. "FUNDACIO FRANCESC FERRER I GUARDIA ha ganado 88 adjudicaciones (públicas) por un total de 1.51M € en los últimos años", se puede leer en el portal.

El portal subvencions.cat también indica que la Fundación ha recibido 1.392.962€ en dinero público. De hecho en la gráfica que publican, las cantidades van en aumento, siendo 2025 (con 364.400€) el año que más dinero recibieron desde 2019. 

Según se indica en este mismo portal, algunas subvenciones se conceden por motivos como: "Concesión de subvenciones de apoyo a la internacionalización de entidades catalanas en el ámbito de la acción exterior de la Generalidad de Cataluña para el año 2025", con una cifra de 28.800,00€ de dinero público.

Mientras denuncia un supuesto uso indebido de recursos públicos en la visita del Papa, la propia actividad de la Fundación depende de manera estable de subvenciones institucionales. Una incoherencia alarmante que, para muchos, debilita el discurso laicista y revela más un mero interés ideológico que un verdadero compromiso con la transparencia.