La Audiencia tumba la demanda de las exclarisas de Belorado y reactiva el desahucio de Orduña

La crisis de las exclarisas de Belorado ha sumado un nuevo capítulo tras el contundente auto dictado por la Audiencia Provincial de Burgos, que desestima de forma definitiva la demanda presentada contra el comisario pontificio, Mario Iceta, y la Archidiócesis. 

El tribunal concluye que las ex religiosas carecen de cualquier legitimidad para transformar los monasterios de Belorado y Derio en asociaciones civiles, un intento con el que buscaban desvincularse por completo de la Iglesia y asumir el control de los bienes comunitarios. 

Competencia del Vaticano

La resolución, alineada con decisiones previas, subraya que la supresión o modificación de un monasterio autónomo es competencia exclusiva de la Santa Sede.

El auto judicial desmonta uno a uno los argumentos de las demandantes y recuerda que "ninguna comunidad puede convertirse en asociación civil por decisión de sus propias integrantes". 

La Audiencia también rechaza la pretensión de declarar ineficaces los decretos vaticanos que nombraron a Iceta como comisario pontificio, lo que habría supuesto su destitución inmediata. 

La inadmisión de la demanda llega acompañada de un efecto económico directo: las exreligiosas deberán asumir las costas del proceso de apelación, un revés más en un conflicto que se prolonga desde hace meses y que ha puesto en el foco mediático a la comunidad.

La decisión judicial tiene consecuencias inmediatas sobre el futuro de los inmuebles. La Oficina del Comisario Pontificio ha confirmado que, al quedar acreditado que las exmonjas no poseen legitimidad sobre las propiedades, se reactivará el procedimiento de desahucio del monasterio de Orduña, paralizado hasta ahora por prejudicialidad. 

Paralelamente, la situación penal de las antiguas clarisas se complica: el Tribunal de Instancia de Bilbao ha concluido la fase de instrucción y abrirá juicio oral contra siete de ellas por presuntos delitos de abandono, omisión del deber de socorro, coacciones y trato degradante hacia cinco religiosas ancianas bajo su cuidado. También deberán responder por administración desleal y apropiación indebida.

Los informes incorporados al procedimiento describen un escenario preocupante: falta de higiene generalizada, desatención a las monjas mayores y una gestión económica opaca que estas no podían comprender ni autorizar. Una de las ancianas falleció semanas después del traslado, un hecho que, según el auto, podría haber motivado diligencias por homicidio imprudente, aunque las concausas médicas lo impiden. 

Pese a la gravedad del panorama, el entorno de las exreligiosas insiste en su inocencia. Su portavoz, Francisco Canals, asegura que "seguirán unidas ante esta mala noticia" y las define como "luz en la oscuridad", convencido de que "permanecen protegidas por Dios en medio de la adversidad".