Meses de campaña woke contra una escuela católica de Tarrasa: ahora contraataca en los tribunales

El manual woke lo dice muy claro: hay que acosar en la prensa, denigrando y machacando la imagen de la víctima, y acudir a pseudoorganismos con pseudodenuncias, pero evitar siempre ir a verdaderos tribunales, con jueces y peritos de verdad que pidan pruebas de verdad y sigan procedimientos legales. El abogado internacional Paul Diamond señalaba en 2022 esta estrategia. Añadía que se combina con el uso de organismos de administraciones públicas afines para seguir acosando (concejalías, organismos de revisión, de calidad, de "derechos", etc...)

Esto es lo que ha pasado en Tarrasa, cerca de Barcelona, en el colegio Mare de Déu del Carme, propiedad de los carmelitas. En marzo, un grupo de padres activistas (al menos algunos de ellos periodistas o con contactos cercanos en prensa local) empezaron a quejarse de que esta escuela católica, con nuevo director y nuevos profesores desde 2022, se estaba haciendo "demasiado" católica y que ahora era (¡terrible delito!) "evangelizadora". Alguna vez se rezaba, o se hablaba de Dios, o de temas católicos.

Peor aún: para atraer más indignación e interés de la Administración educativa y la Generalitat, añadieron que algunos nuevos profesores ¡incluso daban algunas clases en lengua castellana! Es una acusación gravísima en el régimen monolingüe en catalán del sistema escolar de Cataluña.

La novedad: los católicos llevan el caso a los juzgados

Lo novedoso es que tras meses de acoso mediático, en periódicos, TV3 y radios, y de Administraciones buscándoles 'irregularidades', ahora la escuela lleva a los acusadores a los tribunales, a tribunales de verdad, con juicios y abogados y pruebas.

Los abogados de los carmelitas, en nombre de la congregación dueña de la escuela, reclaman una indemnización, como ha recogido el diario El País: 37.000 euros, de los que 20.000 euros son por “daño moral” y casi 17.000 por el coste que calculan que les supondrá el escándalo. El colegio explica que ha tenido que contratar a una empresa de comunicación, a unos abogados especializados en reputación online y a unos economistas para realizar un informe pericial de estos costes.

Quieren que los autores de los mensajes críticos paguen por sus “manifestaciones gravemente injuriosas y calumniosas, vejatorias y lesivas para la reputación y dignidad” del colegio y “atentan contra el derecho fundamental al honor”, y porque “han generado un grave perjuicio a la imagen y buen nombre” de la escuela y está “menoscabando la confianza de las familias” en la escuela. Y niegan haber cambiado el ideario del colegio (así lo asegura un documento firmado por "el claustro de profesores").

Ahora son los abogados de los padres que llevaron el tema a la prensa, a la Generalitat y al Parlament los que lamentan que se haya llegado a los tribunales... sin duda, porque saben que en los tribunales no tienen nada que ganar. El manual woke, repetimos, busca linchamientos de la imagen con horcas y antorchas, no tribunales de juristas con luz y taquígrafos. El manual woke además dice que nunca hay que perdonar a los arrepentidos, sino seguir machacándoles. Pero el manual cristiano valora el perdón de los arrepentidos de otra manera.

"Ultracatólicos", "de los kikos" y Comunión y Liberación

Cuando los padres molestos del colegio difundieron su protesta, la prensa generalista, la nacionalista y la de izquierda enseguida usaron la palabra "ultracatólicos", que sirve un poco para cualquier cosa.

Además, mencionaron dos movimientos católicos en concreto, Comunión y Liberación, y el Camino Neocatecumenal ("los kikos", decían), porque algunos de los nuevos profesores pertenecían a estas realidades eclesiales (aprobadas ambas por la Iglesia).

De la prensa, el tema saltó al Parlament autonómico, donde lo movieron los partidos de extrema izquierda, y a la Conselleria de Educación, que desde verano de 2024 dirige la socialista Esther Niubó Cidoncha. También acudieron a la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas (equivalente a un Defensor del Pueblo a nivel autonómico).

El problema que se encontraron es que no existe el delito de ser "demasiado católico" o "evangelizador". Y menos en una escuela carmelita, con ideario propio.

Los Servicios Territoriales del Departamento de Educación abrieron un expediente informativo a la escuela, y en junio le envió un requerimiento para comprobar si el centro está incumpliendo la normativa lingüística del centro y los requisitos de conocimiento del catalán a la hora de contratar profesorado. Es una forma de buscar las cosquillas aprovechando la draconiana normativa de monolingüismo obligatorio en catalán que impone la Generalitat (con ERC o con el PSC). Este procedimiento aún está en curso, pero probablemente no llegará a nada.

"Chivarse" de lo que diga el "profe" en el colegio

Los políticos y los funcionarios les animaron a tomar nota de lo que hicieran o dijeran los profesores, y especialmente prestar atención al profesor de Historia cuando hablase del franquismo, porque la Ley de Memoria Histórica multa a quien haga "exaltación de la sublevación militar [de 1936], de la guerra [civil española] o de la dictadura [de Franco]” (artículo 38). Si se demostrara algo así, o con acusaciones de homofobia, o de incitar al odio, se podría justificar el retirar fondos públicos del concierto educativo al colegio.

Los "padres" contrarios a que el colegio carmelita sea "demasiado" católico, empezaron a tomar nota, sobre todo de lo que decía el profesor de Historia, que hablando a chavales de Bachillerato de temas complejos de Historia, por la fuerza tenía que simplificar. Los alumnos tampoco eran especialmente buenos tomando nota, ni los periodistas entendiendo de qué hablaba.

Un ejemplo lo tenemos en el diario nacionalista ElNacional.cat, que recogió "30 frases" para intentar demostrar el "giro ultracatólico ultraespañolista", en un artículo que se puede leer aquí. Casi todas son de la clase de historia, o comentarios personales de un profesor que señala algunos problemas de la actual democracia española (la democracia española, por cierto, permite criticar a la democracia española, y la crítica es considerada una actividad democrática). En cambio, El Nacional se indigna cuando el profesor habla bien de la monarquía (recordemos que la democracia española es una monarquía).

A los indignados les molestan frases como "en aquella época se cogió la razón, se la puso en un altar como una prostituta y se la adoró". Probablemente se refiere a un famoso incidente en la Revolución Francesa, de noviembre de 1792, cuando los revolucionarios colocaron a una prostituta semidesnuda en el altar de la catedral de Notre-Dame de París (lugar sagrado, profanado así por revolucionarios) y fingieron rendirle culto llamándola "la Diosa Razón". Eso sucedió, y está bien que se cuente en clase. También se indignan por la frase "Napoleón no conocía la derrota hasta que llegó a España". Y es cierto: aunque Napoleón perdió el asedio de Acre en 1799 contra ingleses y turcos, Bailén, en 1808, fue la primera derrota de sus generales siendo él como gobernante y en batalla campal (aunque un catalán podría decir que el mes antes de Bailén, en las batallas del Bruc, las tropas regulares españolas y somatenes catalanes vencieron dos veces a columnas francesas, de forma significativa que elevaron la moral, pero no fueron batallas a campo abierto).

Estos ejemplos tan rebuscados muestran lo difícil que ha resultado para los "acusadores" encontrar algo concreto de lo que acusar legalmente. La realidad es que en España sigue existiendo una amplia libertad de cátedra y, sobre todo, de expresión, además de libertad de ideario. El artículo 16 de la Constitución dice: "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y LAS COMUNIDADES" (lo que incluye congregaciones religiosas, colegios, y entidades con ideario propio).

A los juzgados, a hablar en serio

En concreto, los abogados del colegio demandan por la vía civil a 3 familias "por injurias y calumnias" que expresaron a través de un chat de padres con unos 400 miembros. Según detalla El País, los demandados deben declarar en septiembre en los juzgados de Tarrasa y hablar también de sus declaraciones en prensa (aunque solían ser declaraciones anónimas). 

Tras meses de acoso y derribo contra un colegio por ser, básicamente, católico, ahora el abogado de los padres descontentos, Miquel Morales, dice a El País que sus representados lamentan llegar a los juzgados, que son los representantes del colegio "los que están llevando la situación donde no queríamos: a los juzgados". Ahora son estos padres los que dicen que simplemente ejercían ellos su libertad de expresión (y es una buena defensa, porque la libertad de expresión, en España, es muy amplia). Y de paso se preguntan si alguien ha violado "el secreto de las comunicaciones, la protección de datos" y las "bases de datos del colegio" para identificar a los padres ideologizados que lanzaron la campaña.

El mismo abogado Miquel Morales, que cursó el bachillerato en esa misma escuela, explicaba en TV3 que antes era "catalana, abierta y progresista" y que es ahora cuando se intenta "ideologizar" a los alumnos.

La escuela dice que sus responsables se reunieron con un centenar de familias que preguntaban qué estaba pasando, pero que estas "familias críticas", las activistas, nunca quisieron sentarse a hablar, aunque “lo hemos intentado por activa y por pasiva, estamos abiertos a dialogar y sentarnos con las familias".

Las familias activistas responden que en octubre, antes de acudir a la prensa, hablaron con el colegio y no se les respondió "a nada" de lo que planteaban.

No es solo esta escuela

El tema no afecta sólo a esta escuela de Tarrasa. A medida que las administraciones intentan usar cada vez más machaconamente las escuelas para imponer distintas ideologías (independentismo, desprecio a lo español, ideología de género, feminismo, homosexualismo político, visiones simplistas de la historia, etc...), son más las familias -y no todas de convicciones católicas- que buscan espacios seguros, no ideologizados, o que compartan sus valores cristianos.

Estas escuelas, a su vez, buscan profesores "católicos de verdad", y estos profesores a su vez atraen a ese tipo de familias. Los activistas de esas ideologías intentan entonces torpedearlas con distintas excusas. La acusación "ultracatólico" casi siempre significa, simplemente, católicos que se toman en serio lo que enseña el Catecismo, que es el mismo en Tarrasa y en las Islas Fiji.