Escándalo en Alemania por la financiación sin control a ONG abortistas bajo el Gobierno de la CDU

El Gobierno federal alemán se encuentra en el centro de la polémica tras confirmarse que ha destinado más de 60 millones de euros de dinero público desde 2022 a organizaciones internacionales vinculadas a la promoción del aborto, sin mecanismos claros de control sobre el destino final de esos fondos.

El escándalo ha adquirido especial relevancia por la contradicción política del actual canciller, Friedrich Merz, quien en el pasado denunció con dureza este tipo de financiación cuando lideraba la oposición.

La controversia salió a la luz tras una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a una interpelación de la diputada de Alternativa para Alemania (AfD), Beatrix von Storch. En ella, el Gobierno reconoce que la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) recibió 63 millones de euros entre 2022 y 2025, procedentes del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, en forma de aportaciones generales anuales que oscilan entre los 15 y 17 millones de euros.

Según el propio Ejecutivo, no existe un control específico sobre el uso final de estos fondos, ni una supervisión sistemática de las campañas ideológicas, actividades políticas o alianzas internacionales de las ONG financiadas. Esta admisión ha desatado una ola de críticas por parte de sectores conservadores y de la oposición parlamentaria.

La polémica se agrava por el hecho de que la IPPF ha transferido desde 2022 al menos 872.000 dólares a su organización afiliada en China, la China Family Planning Association, heredera del antiguo sistema de control poblacional del régimen comunista chino, históricamente asociado a prácticas como abortos forzados y esterilizaciones obligatorias. Aunque el Gobierno alemán afirma rechazar este tipo de violaciones de derechos humanos, reconoce que no supervisa de forma directa las relaciones ni la actuación internacional de las entidades que financia.

Además de la IPPF, otras organizaciones señaladas por su activismo abortista han recibido importantes sumas de dinero público. MSI Reproductive Choices —antes Marie Stopes International— ha percibido más de 14 millones de euros entre 2021 y 2025 para proyectos en países como Yemen o Nigeria. Por su parte, el Population Council cuenta con un programa financiado por Alemania de 10 millones de euros para el periodo 2023-2028, centrado en India y diversas regiones de África. A estas partidas se suma la Fundación Hirschfeld-Eddy, dedicada a la promoción internacional de la agenda LGBT, que ha recibido cerca de un millón de euros en los últimos años.

El caso ha generado un fuerte escándalo político por la incoherencia del canciller Merz, quien durante su etapa en la oposición presentó centenares de preguntas parlamentarias contra lo que calificaba como “ONG ideologizadas” financiadas con fondos públicos. Entonces, el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) exigía transparencia, control y el fin del uso de dinero estatal para agendas ideológicas. Hoy, sin embargo, su Gobierno no solo mantiene esa financiación, sino que la justifica como parte de la política de cooperación internacional.

Desde AfD, varios diputados han acusado al Ejecutivo de “renuncia total a sus principios” y de “perpetuar exactamente aquello que Merz criticaba hace apenas unos meses”.

Militantes de la CDU perplejos

Las críticas también se extienden a sectores conservadores dentro de la propia CDU, donde crece el malestar por lo que consideran una traición a los valores tradicionales del partido y a las promesas de cambio realizadas durante la campaña.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que Alemania no promueve un supuesto “derecho internacional al aborto” y defiende su política como una contribución a la salud global. Sin embargo, la falta de controles efectivos y el contraste entre el discurso pasado y la práctica actual del canciller mantienen abierto un debate que amenaza con erosionar la credibilidad del Ejecutivo y profundizar la brecha entre la CDU y su electorado más cristiano.