Obispo de Nigeria pide que EE.UU intervenga militarmente en el país para defender a los cristianos

El obispo Wilfred Anagbe, de la Diócesis de Makurdi (Nigeria), sostiene que la intervención militar de Estados Unidos es indispensable. Una postura que defendió el 20 de noviembre ante el Subcomité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La sesión tuvo lugar pocos días después de que un internado católico del oeste de Nigeria fuera atacado y varios menores secuestrados.

"Epicentro" de la persecución

El presidente del Subcomité, el republicano Chris Smith de Nueva Jersey, afirmó que "Nigeria es el epicentro" de la persecución religiosa. Advirtió, además, que los constantes ataques en el país tienen un claro trasfondo religioso.

El obispo Wilfred intervino por Zoom para recalcar que la inclusión de Nigeria en la lista de vigilancia estadounidense requiere medidas efectivas que respalden esa designación.

"El cristianismo podría desaparecer pronto de algunas partes del norte si no hay una intervención rápida", señaló. Aunque la consideración de Nigeria como país de especial preocupación (CPC) ha dado "alegría, esperanza y fortaleza espiritual", a las comunidades sometidas a los ataques, el prelado subrayó que la Iglesia por sí sola no puede detener la persecución.

Según el obispo, es indispensable una respuesta conjunta que combine acciones políticas, militares y humanitarias. "La sangre de los cristianos nigerianos clama ante ustedes. No podemos seguir esperando", declaró.

Durante la audiencia se expuso la ola de ataques contra comunidades cristianas, perpetrados por grupos como Boko Haram y extremistas fulani. Asimismo, se analizó cómo el Departamento de Estado estadounidense podría aumentar la presión sobre el gobierno de Nigeria para frenar la violencia motivada por cuestiones de fe.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el 31 de octubre que incluiría a Nigeria en la lista de vigilancia por violaciones a la libertad religiosa y la designaría como CPC.

De acuerdo con la Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA) de 1998, esta clasificación corresponde a países que cometen o permiten "violaciones particularmente graves", como torturas, detenciones prolongadas sin juicio o desapariciones forzadas.

El obispo Anagbe comentó que los ataques de milicias fulani continúan en los estados del Cinturón Medio, mencionando también el asesinato de varios familiares suyos en su comunidad natal de Aondona, Gwer West, el pasado 22 de mayo.

También pidió a Estados Unidos emplear todas sus herramientas diplomáticas y legales para apoyar a Nigeria, entre ellas sanciones específicas y mayor ayuda humanitaria destinada a los campamentos de desplazados internos. "La inacción solo fortalece a los extremistas", sostuvo.

Chris Smith pidió al Gobierno estadounidense condicionar la ayuda exterior y dar apoyo humanitario a organizaciones religiosas que atienden a los desplazados. También solicitó a la administración Trump imponer sanciones, incluyendo restricciones de visado y congelación de bienes de quienes estén implicados en violaciones graves de derechos humanos.

Smith citó datos de Open Doors que apuntan a Nigeria como el país donde más cristianos han sido perseguidos y asesinados. Según estas cifras, desde 2009 habrían muerto 52.000 cristianos y otros 34.000 musulmanes moderados.

Por su parte, el representante Riley Moore, republicano de Virginia Occidental y encargado por Trump de informar sobre Nigeria, pidió el desarme de los militantes fulani.

Legisladores demócratas coincidieron en que la persecución no afecta únicamente a cristianos y reconocieron que el Gobierno nigeriano no ha logrado detener los ataques. Sin embargo, la demócrata Sara Jacobs, de California, se pronunció en contra del uso de fuerza militar prometido por Trump y pidió no reducir la crisis a un conflicto "meramente religioso". 

Jonathan Pratt, embajador y alto funcionario de la Oficina para Asuntos Africanos del Departamento de Estado, criticó la "falta de intervención" del Gobierno nigeriano para proteger a las comunidades perseguidas y aseguró que la administración Trump trabaja en un plan que motive una respuesta más contundente.