El Gobierno podría cerrar Religión en Libertad por publicaciones «discriminatorias» con grupos LGTBI

Una nueva ley liberticida se está cocinando en el Congreso de los Diputados.

El PSOE y los partidos que lo sostienen en el poder -ERC, EH Bildu, Sumar y el diputado del BNG Néstor Rego- quieren que se cierren medios digitales, o se retiren noticias consideradas "discriminatorias" con el colectivo LGTBI o con su cosmovisión referidas a la orientación sexual y a la ideología que la sostiene, siempre que el Gobierno cuente con autorización judicial.

Censura gubernamental de contenidos

Para ello se propone que sea un órgano gubernamental como la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI -u otro organismo que se decida que sea competente- el que pueda pedir "interrumpir la prestación de servicios de la sociedad de la información o retirar contenidos" cuando estos vulneren la "dignidad de la persona" o el principio de no discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, así como cuando afecten a menores o adolescentes LGTBI o personas consumidoras.

Es decir, que el Gobierno podría cerrar un medio digital o retirar algunas de sus publicaciones si considera que son "discriminatorias", cercenando de esta manera los derechos de libertad de expresión de un medio de comunicación, que quedarían mutilados por esta nueva ley.

El procedimiento liberticida que se quiere aprobar sería el siguiente: el organismo gubernamental que tenga esas competencias sería el encargado de señalar a aquellos medios que a su juicio publican noticias "discriminatorias" con todo lo relacionado con el universo LGTBI y, a partir de ahí, solicitaría a un juzgado habilitado para estos menesteres el cierre del medio digital o la retirada de algunas noticias. Ese órgano judicial debería convocar, en un plazo máximo de dos días, una audiencia con el brazo acusador de la Administración, el Ministerio Fiscal y "las personas titulares de los derechos y libertades afectados", además de permitir que terceros puedan participar en este juicio ideológico.

Tras escuchar a los afectados, el juez debería decidir en un plazo de otros dos días si autoriza el cierre del medio digital o la retirada de algunas noticias, o bien bloquea la ejecución liberticida.

Por la puerta de atrás

VozPópuli, el medio digital cuyo editor es Jesús Cacho, señala que "el PSOE, por su parte, no ha presentado hasta ahora ninguna enmienda propia que implique cerrar o retirar contenidos de medios digitales. Su proposición inicial se limitaba a introducir en el Código Penal un nuevo artículo para castigar las terapias de conversión. Han sido sus socios -esencialmente ERC, Bildu, Sumar y BNG- quienes han aprovechado la tramitación para proponer una reforma que va mucho más allá del objetivo original del texto. El partido mayoritario del Gobierno deberá decidir ahora si respalda una herramienta que podría convertirse en un arma política de doble filo y cuyo alcance real se conocería únicamente cuando la Administración decida aplicarla".

Estas enmiendas que pretenden limitar la libertad de expresión de los altavoces digitales están recogidas en la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar las terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.