León XIV, Trump, Sánchez

Hay momentos en la historia en los que los acontecimientos parecen alinearse con una precisión inquietante. No porque exista necesariamente una conspiración demostrable, sino porque las piezas encajan con una lógica de poder demasiado coherente para ser ignorada.

La reciente posición del Gobierno español respecto al conflicto entre Estados Unidos e Irán ha sido uno de esos momentos. La negativa de España a implicarse plenamente en la estrategia militar norteamericana y las señales de distancia respecto a la política exterior de Donald Trump han coincidido, casi de inmediato, con una aceleración súbita de los escándalos de corrupción que afectan al PSOE. 

La condena de la agresión militar estadounidense, como no podía ser de otro modo, llegó antes desde el Vaticano: la paz, como la vida, no es negociable.

Naturalmente, la corrupción no nace de un día para otro. Las estructuras de poder económico, policial y judicial suelen conocer durante años los mecanismos internos de financiación irregular, tráfico de influencias o redes clientelares de los grandes partidos. La pregunta relevante no es solo quién se corrompe -porque probablemente casi todo el sistema español arrastra inercias de ese tipo desde hace décadas-, sino cuándo y por qué determinadas informaciones se activan políticamente.

Ahí aparece inevitablemente la sospecha geopolítica.

España sigue siendo un país estratégicamente subordinado a la arquitectura atlántica. Las bases militares, la dependencia económica y la inserción en la OTAN limitan enormemente el margen de autonomía real de cualquier gobierno español. Cuando un Ejecutivo se aparta de ciertas líneas rojas de Washington, el sistema entero comienza a enviar señales de corrección.

No hace falta imaginar una reunión clandestina en una habitación oscura. Basta comprender cómo funcionan históricamente las relaciones entre servicios de inteligencia, aparatos policiales, filtraciones mediáticas y oposición política.

La historia ofrece precedentes incómodos.

En 1973, Henry Kissinger comprendió perfectamente que la desestabilización de gobiernos no siempre exige tanques en las calles. A veces basta con aislar internacionalmente a un dirigente, erosionar su legitimidad moral y activar las fracturas internas de un país hasta volver inevitable el cambio político.

El paralelismo inquieta porque hoy concurren varios elementos similares: presión internacional, fractura ideológica, corrupción sistémica, polarización social y una pugna moral de fondo sobre el alma de Occidente.

La dimensión religiosa añade todavía otra capa.

El enfrentamiento implícito entre Donald Trump y el Vaticano es cada vez más visible. El nuevo pontificado de León XIV representa una visión universalista y social de la Iglesia difícilmente compatible con ciertos nacionalismos identitarios que dominan parte de la derecha occidental. Si el Papa visita España respaldando institucionalmente al actual Gobierno, Trump y su entorno podrían interpretar ese gesto como una legitimación indirecta de un Ejecutivo acosado por la corrupción.

En ese contexto, contraprogramar políticamente la visita papal tendría toda la lógica estratégica del mundo.

No porque exista necesariamente una orden directa de Washington, sino porque numerosos actores -mediáticos, judiciales, económicos y diplomáticos- entienden intuitivamente cuáles son los intereses del bloque atlántico y actúan en consecuencia. Dicho sin rodeos: quien paga, manda. 

La reciente proximidad entre sectores de la oposición española y la embajada estadounidense tampoco ayuda a disipar las sospechas. España ha vivido demasiadas décadas bajo la sombra de influencias exteriores como para descartar automáticamente cualquier hipótesis de injerencia.

Ahora bien, conviene evitar la ingenuidad partidista.

Ni el PP ni VOX pueden presentarse como reservas morales incontaminadas. Ambos partidos arrastran contradicciones evidentes entre su discurso público y determinados intereses económicos, estratégicos o culturales. Y tampoco siempre resultan coherentes con los principios no negociables formulados por Benedicto XVI: defensa integral de la vida y la dignidad humana, justicia social, verdad política, subsidiariedad y protección de la familia. En las recientes elecciones autonómicas ninguno de ellos se posicionó abiertamente contra el aborto y la eutanasia al ser requeridos por la asociación HazteOir para conocer a quién, y a quién no, puede votar en conciencia un católico. Como miembro de la Junta Directiva de HazteOir doy fe de que ambos partidos no respondieron a nuestro cuestionario.

Por eso muchos católicos españoles viven este momento con una sensación amarga de orfandad política.

La corrupción del PSOE puede ser real y grave. Pero también es legítimo preguntarse por qué ciertas estructuras de poder deciden actuar precisamente ahora. Del mismo modo que es legítimo sospechar de cualquier intento de instrumentalizar judicial o mediáticamente la degradación moral de un gobierno para producir un reajuste geopolítico favorable a intereses extranjeros.

Y tampoco olvidemos que hay políticos del PP sentados en el banquillo ahora mismo.

Hablar de “golpe de Estado” quizá sea excesivo en términos clásicos. No hay generales en televisión ni tanques frente al Congreso. Pero las democracias contemporáneas conocen formas mucho más sofisticadas de intervención: operaciones de desgaste, sincronización mediática, presión judicial selectiva y aislamiento internacional.

Los ciudadanos tienen derecho a hacerse preguntas incómodas.

Especialmente cuando sienten que España vuelve a convertirse, una vez más, en un tablero donde otros juegan partidas de poder que no siempre coinciden con el bien común de los españoles, ni con su vida diaria, ni con sus problemas a fin de mes.

Mientras tanto, el circo político y mediático nos presenta constantes batallas personales entre personajes de los que no come ningún español de a pie y que solo incrementan hasta el aturdimiento un ruido social que, este sí, beneficia solo a los más ruidosos de la clase.