Menores y redes sociales en España

Un consenso amplio, pero no unánime

En España no hay unanimidad, pero sí un consenso político y social más amplio que en muchos otros temas anteriores: la idea de elevar la edad mínima de acceso/registro en redes sociales a 16 años y de obligar a las plataformas a verificar edad ha dejado de ser un asunto “marginal” y se está convirtiendo en asunto público reclamado por diferentes instancias por ejemplo pediátricas o procedentes de la sociedad civil. Aun así, persisten desacuerdos relevantes sobre cómo hacerlo, quién debe cargar con la responsabilidad (familias, plataformas, Estado), y qué coste se asume en términos de privacidad, libertad y viabilidad técnica. Esto se ve tanto en el debate público como en el contraste entre la iniciativa del gobierno, anunciada y tramitada el 3 de febrero de 2026, y las propuestas previas del principal partido de la oposición (planteadas meses antes).

¿Dicen lo mismo el gobierno y la oposición?

Coinciden en el diagnóstico general (daños potenciales en menores, diseño adictivo, necesidad de control). En lo aprobado/anunciado por el partido del gobierno, el paquete se presenta como una intervención de “gobernanza digital” más amplia: prohibición/limitación para menores de 16, verificación obligatoria, y además un enfoque de responsabilidad reforzada sobre plataformas y, en algunos puntos, sobre directivos y mecanismos algorítmicos (tal y como lo recogen el comunicado oficial y los resúmenes periodísticos)

En la propuesta del principal partido de la oposición, el acento se desplaza hacia un modelo con excepciones por consentimiento parental para el tramo 14–16 y un “horario de descanso digital” nocturno (22:00–08:00 hrs.) como medida complementaria, además del veto general para menores más pequeños.

En términos prácticos: el gobierno propone lo que ellos denominan un enfoque más “sistémico” (edad + verificación + responsabilidad/algoritmos); la oposición propone enfoque más “familiarista/condicional” (edad + consentimiento parental verificable + franja horaria). No es solo un matiz: son dos teorías distintas sobre dónde reside la palanca principal del cambio. Coinciden en el diagnostico y no tanto en la aplicación.

¿Qué modelos han influido en España: Australia y Francia?

En el debate español aparecen con fuerza Australia (pionera en prohibición para menores de 16) y Francia (en tramitación/avance hacia un umbral de 15). Pero conviene precisar: Australia ha pasado del anuncio a la aplicación y se ha convertido en “caso test” global. Francia, por lo publicado hasta ahora, está más cerca de un modelo legislativo europeo “clásico” (umbral 15; tramitación parlamentaria; entrada en vigor proyectada más adelante). Como vemos Francia se ha de ceñir a lo que legisla la UE.

¿Otros países europeos que se lo plantean?

Se lo plantean algunos países y de forma creciente. Reuters y otros resúmenes informativos recientes sitúan a varios países explorando vetos por edad (con umbrales entre 15 y 16), y el tema ya no es periférico: se están convirtiendo en un ejemplo los pasos dados en Europa (Francia y España). En los últimos días se han citado movimientos o debates en Eslovenia (borrador para menores de 15), Grecia (están considerando los menores de 15), Reino Unido (están en debate), Alemania (propuesta debatida en el espacio político) entre otros países.

Desde España incluso se menciona una “coalición de países” empujando medidas de verificación y protección de menores, lo que sugiere un vector supranacional más allá de la política doméstica. La unanimidad en el diagnóstico, no en la implementación, se amplía. Consecuentemente no estamos solo ante la ocurrencia estratégica de quienes gobiernan en España o desde la oposición. Se mueven más iniciativas que aún no son muy visibles

¿Qué dice la Unión Europea?

La UE está en una posición delicada: por un lado, ha reforzado el marco regulatorio (especialmente con la Ley de Servicios Digitales) y promueve instrumentos de verificación de edad (age assurance). Por otro lado, no ha decretado (a día de hoy) un veto paneuropeo básico del tipo “prohibición general” para menores de 16 de redes sociales. Lo más relevante en este momento es:

1. El Parlamento Europeo ha pedido explícitamente una acción ambiciosa para proteger a los menores, incluyendo la idea de una edad mínima de 16 a escala UE y restricciones a las prácticas adictivas que generan las redes sociales desde el Parlamento Europeo.

2. La Comisión Europea trabaja en enfoques de verificación/aseguramiento de edad (age assurance), inicialmente muy vinculados a contenidos legalmente restringidos (p. ej., mayores de 18), como pieza de apoyo para la implementación del marco regulatorio desde la Estrategia Digital Europea

3. Bruselas, en reacciones recientes, ha mostrado apoyo general a los Estados que “ponen coto” a plataformas, pero también se observa cautela sobre ciertas propuestas nacionales especialmente duras (por ejemplo, en materia penal), que deben encajar en el derecho europeo con proporcionalidad.

En suma: la UE empuja hacia más protección y más verificación, y el debate sobre umbral 16 está ya en el Parlamento. No se sabe aún cómo se va a concretar: restricción total o restricciones graduadas. Se esta andando sin muchas concreciones.

¿Qué dicen las Grandes Tecnológicas vs. qué dicen los líderes del movimiento analógico?

La reacción pública de las grandes plataformas tecnológicas ante las políticas restrictivas suele ser cautelosa y gradual; en muchos casos, el primer gesto ha sido el silencio o el “sin comentarios”. Sin embargo, a partir de la experiencia australiana se perfila una posición bastante coherente: varias plataformas y empresas tecnológicas sostienen que la verificación de la edad debería realizarse en el nivel del sistema operativo o de las tiendas de aplicaciones, y no de manera fragmentada, plataforma por plataforma. El argumento explícito es que este enfoque reduce la fricción para los usuarios y permite un control más homogéneo y estandarizado.

Ahora bien, esta propuesta no responde únicamente a una preocupación por el bienestar de los menores. Al concentrar la verificación en un único gatekeeper —infraestructura previa de acceso: principalmente las tiendas de aplicaciones (App Store, Google Play) o el sistema operativo del dispositivo—, las plataformas desplazan parte de la responsabilidad fuera de su propio diseño y funcionamiento, y reducen su exposición directa a sanciones o litigios. Al mismo tiempo, esta postura supone un reconocimiento implícito de un hecho ya ampliamente constatado: los sistemas basados en la simple autodeclaración de edad no funcionan y han fracasado de forma sistemática como mecanismo de protección real.

En España dentro del movimiento analógico —entre nosotros algunos ejemplos claros son Adolescencia Libre de móviles, o el Movimiento OFF —están ganando peso las iniciativas impulsadas por asociaciones de familias y educadores que subrayan una idea central: la protección de los menores no puede recaer únicamente en decisiones individuales aisladas. Cuando una familia intenta limitar el acceso a redes o retrasar el uso del smartphone sin un respaldo social mínimo, la presión del grupo de iguales suele desbordar cualquier control doméstico. Por ello, estas iniciativas insisten en la necesidad de acción colectiva: pactos entre familias, criterios compartidos en los centros educativos y un marco social que legitime el retraso en el acceso a redes y dispositivos. No se trata solo de prohibir, sino de reconstruir una vida familiar, infantil y adolescente más presencial, con tiempo para el juego, la relación directa y el aprendizaje no mediado por pantallas. Los contextos están claros: familia, escuela, comunidad emergen como sociedad civil.

La identidad de menores de 16 online y el conflicto con la privacidad

La verificación de la edad puede hacerse mejor de lo que se está haciendo ahora, pero, sin embargo, es importante decirlo con claridad: no existe hoy un sistema perfecto. No hay ninguna solución que sea a la vez totalmente segura, barata, imposible de ser burlada, válida para todo Internet y que además proteja plenamente la privacidad. Siempre hay que elegir entre ventajas y límites.

Por eso, cada vez se habla menos de comprobar exactamente quién es una persona y se habla más de algo más sencillo llamado age assurance (aseguramiento de la edad). Esto significa verificar si alguien es mayor o menor de una edad concreta —por ejemplo, 16 años— sin necesidad de saber su nombre, su DNI o su identidad completa.

Existen varias formas de intentar hacerlo.

1. Una de ellas es usar documentos oficiales o identidad digital (por ejemplo, un sistema similar al DNI electrónico o a una cartera digital de identidad). Estos métodos son bastante fiables, pero tienen inconvenientes: son más incómodos de usar y obligan a manejar datos personales muy sensibles, lo que genera preocupación por la privacidad.

2. Otra opción es la verificación a través de un tercero de confianza. En este caso, una entidad externa comprueba la edad y solo emite una señal simple: “mayor de 16” o “menor de 16”. No revela quién es la persona. Este sistema protege mejor la intimidad, pero necesita una infraestructura sólida y confianza en ese intermediario.

3. También existe la estimación de edad mediante la cara, usando inteligencia artificial. Es más rápida y cómoda, pero no es muy precisa: puede fallar dos o tres años arriba o abajo, justo cuando la diferencia entre 15 y 16 años es clave. Además, plantea dudas serias sobre privacidad y posibles errores. En países como Australia, incluso las propias empresas han reconocido fallos importantes en este sistema.

4. Otra vía es controlar el acceso desde las tiendas de aplicaciones (como las que se usan para descargar apps en el móvil). La idea es sencilla: si el sistema sabe que el usuario es menor, no le permite descargar ciertas aplicaciones. Es una opción interesante porque centraliza el control, pero no cubre todo Internet: muchas plataformas se usan desde el navegador, se pueden instalar aplicaciones por otros medios o aparecen servicios nuevos continuamente. Además, plantea una pregunta de fondo: ¿quién decide y controla nuestra identidad digital diaria?

5. Por último, están los controles parentales, que permiten a las familias limitar el uso del móvil y de las aplicaciones. Son útiles y necesarios, pero no bastan por sí solos cuando todo el entorno digital está diseñado para que los menores encuentren formas de saltárselos y cuando la vida social de los adolescentes ocurre dentro de las propias plataformas.

Además, la UE, por su parte, está empujando hacia soluciones de verificación / aseguramientos compatibles con el marco regulatorio y con el principio de minimización de datos. (Estrategia Digital Europea). Nos explicamos un poco: minimización de datos (data minimisation) significa: recoger y tratar solo los datos personales que sean estrictamente necesarios para una finalidad concreta,

¿Está funcionando la prohibición en Australia?

La evidencia inicial (pocas semanas) sugiere un cuadro mixto: hay impactos reales (bloqueos masivos de cuentas; cambios de hábitos en algunos menores. Pero también hay elusión (cuentas falsas; migración a entornos menos regulados), y los propios actores reconocen límites de precisión y de cobertura. Se han publicado materiales explicativos y se reconoce la complejidad práctica del cumplimiento. Así que se puede decir que “funciona” (entre comillas, de aquella manera) si estas comillas se entienden como que reduce parte del acceso y fuerza responsabilidad industrial; pero no funciona como un “apagón perfecto” ni puede sustituir por sí sola la educación, la vida comunitaria y un rediseño de incentivos.

Jonathan Haidt y el umbral 16

Jonathan Haidt, psicólogo social e investigador universitario, se ha convertido en una referencia internacional porque propone una pauta simple, comunicable y distribuida con el principio de precaución: “sin smartphones antes de 14; sin redes sociales hasta 16; escuelas sin móviles; más juego y autonomía offline”. Su argumento no es partidista sino “desarrollista”: en la adolescencia temprana se consolidan sistemas de recompensa, identidad y pertenencia. Introducir un entorno de comparación social masiva y retroalimentación algorítmica en esa ventana de edad aumenta riesgos para salud mental, sueño y aprendizaje. Este marco ha influido el debate público y se cita como telón de fondo de políticas que ahora empiezan a ensayarse. Desde este marco hay quien es mucho más drástico: sin smartphone hasta los 18 y  sí con un  dumbphone, o teléfono tonto, solo para llamadas y sin conexión a Internet. 

¿Ha llegado el momento? No lo sabemos, pero comienza a ser plausible si todos los otros medios que hemos ido exponiendo fallan sucesivamente en un marco de investigaciones, como la de Haidt, cada vez más incontestables.