El alcalde socialista de Alcorcón, Enrique Cascallana, ha hecho público hoy que el Consistorio hha interpuesto un recurso contencioso Administrativo contra la cesión de unos terrenos por parte de la Comunidad de Madrid para la construcción de un nuevo colegio de iniciativa social, que llevará por nombre el del venerable Papa Juan Pablo II y que dependerá de la Fundación Educatio Servanda.
Recientemente, el Ayuntamiento ha concedido la licencia de obra para la construcción de las instalaciones aunque bajo la reconocible fórmula del «imperativo legal» que usaran los más insurrectos parlamentarios tiempo atrás. A juicio del Consistorio, se trata de un «uso indebido de un suelo municipal» ya que, asegura, el ayuntamiento cedió la parcela «en ningún caso para un colegio», sino para otras instalaciones y equipamientos.
Hasta ahí, el contencioso entre ambas administraciones quedaría sencillamente en un asunto sobre los fines para los que secedió un terreno, que debería dirimir un juez.
Sin embargo, las palabras de Cascallana hablan por sí mismas. El problema no es que sea un colegio y no un centro sanitario; ni siquiera que se llame «Juan Pablo II». Cascallana ha acusado al Gobierno Regional de «dejar a un lado la escuela pública y proyectar con dinero de todos una escuela concertada superideologizada y ultraconservadora», según remite la agencia Efe, «segregando en las aulas a niños y niñas desde el inicio», lo que a su juicio es «una aberración».
Como se asegura en la propia página web del colegio Juan Pablo II, el proyecto «ha sido adjudicado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid mediante un concurso público con procedimiento ordinario» y ya ha abierto el periodo de matriculación para el próximo curso, que ofrecerá educación en los niveles de Infantil y Primaria a chicos y chicas que recibirán una educación diferenciada en Primaria y Secundaria, donde «los ritmos de crecimiento, maduración centros de interés y desarrollo congnitivo son diferentes en chicos y chicas».
Además, el proyecto educativo prevé que el Juan Pablo II sea un colegio bilingüe con ideario católico en el que la importancia de las familias, la educación integral y trascendente, el protagonismo de sus profesores, la calidad, el sentido de la realidad, las aulas diferenciadas y la formación del carácter sena sus principios metodológicos.
La actuación de los socialistas de Alcorcón sigue el mismo esquema mantenido por sus compañeros de Alcalá de Henares, que trataron de impedir la apertura del COlegio Alborada, un proyecto educativo impulsado por la Fundación Tertio Millenio y la fundación Tajamar.
En el Alborada, finalmente, el pasado mes de septiembre comenzaron las clases de los tres primeros cursos de Primaria, no sin antes haber pasado un calvario parecido al que se avecina en Alcorcón. Los socialistas de Alcalá de Henares también acusaron de ser un colegio segregador, e incluso se llegó a acusar a sus responsables de negar «la homosexualidad comno una manera más de vivir la sexualidad».