El vientre de alquiler es ilegal en España, como en Francia e Italia, pero hay trucos legales para adquirir niños gestados por mujeres pobres en otros países (por ejemplo Ucrania o EEUU) y luego inscribirlos en España, lo que de hecho legaliza una lucrativa industria internacional de adquisión, uso y tráfico de seres humanos.
Para bloquear este negocio internacional en España, la diputada de Vox Lourdes Méndez ha presentado una proposición no de ley instando al Gobierno a derogar la instrucción de la Dirección de los Registros y Notariados que permite inscribir niños así adquiridos, ya que supone una "vía de facto" para regularizar este negocio.
La norma también pedía que el Ministerio Fiscal persiga a quienes ofrezcan contratos en este sentido y a quienes intermedien en los mismos, y que el Gobierno "promueva activamente" a nivel europeo e internacional que se prohiba la gestación subrogada.
La propuesta de Lourdes Méndez
La propuesta habla de que "mujeres sometidas y explotadas, la mayoría de las veces por vulnerabilidad o pobreza, se ven obligadas a venderse comercializando su cuerpo y su maternidad para gestar hijos para otros. Son objetivamente despreciadas como personas, considerando que la función maternal es algo que también se puede ofrecer y ser objeto de transacción económica".
El texto de la diputada calcula que cada año podrían llegar a ser unos mil los niños gestados comercialmente en el extranjero que luego se inscriben en los registros españoles.
Detalla que este negocio mueve mucho dinero: en Ucrania el paquete por niño cuesta entre 40.000 y 60.000 euros, incluyendo alojamiento, traducción y asistencia legal (además del niño).
La proposición no de ley añadía que "la gestación por sustitución utiliza a la mujer y al niño en contra de la dignidad humana. El cuerpo femenino pasa a ser una cosa objeto de comercio al igual que el niño concebido y gestado a consecuencia de este contrato. Los seres humanos no pueden ser objeto de derechos ajenos a cambio de precio, sino sólo sujetos de derechos. La consecuencia final de la maternidad subrogada es que el niño y la mujer pasan a ser objetos de comercio, es decir, se produce un retroceso de siglos y a costa de la mujer en la consideración jurídica del ser humano y su dignidad".
Los partidos que hablan pero no actúan
La diputada Lourdes Méndez recordó que en el pasado hay dirigentes del Gobierno actual que han hecho declaraciones contra el vientre de alquiler, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la ministra de Educación, Isabel Celaá y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Sin embargo, todos los grupos de la Comisión de Igualdad del Congreso, han respondido votando contra la proposición de Lourdes Méndez, limitándose a decir que el tema era "complejo" y requería un debate "sereno".
La diputada del PP Margarita Prohéns dijo que un tema con tantas aristas no se puede tratar en una proposición no de ley.
La portavoz de Igualdad de Unidas Podemos, Sofía Castañón, también votó en contra, aunque criticó el vientre de alquiler considerándolo "explotación reproductiva" y "violencia contra la mujer".
Desde el PSOE, Laura Berja recriminó que Vox no use la expresión "violencia machista" (algo irrelevante, ¿es violencia machista si una o dos lesbianas adquieren un bebé en Ucrania, o si lo hace un matrimonio?). También aprovechó para criticar que Ciudadanos apoye los vientres de alquiler.
La portavoz de Ciudadanos, Sara Giménez, dijo que su partido está en contra del "uso de la mujer como vasija" y de "las granjas de mujeres", pero no de un vientre de alquiler legal con muchos controles (teóricos e hipotéticos), recordando que es legal en Portugal.
No mencionó los casos de otros países vecinos que estaban detallados en la propuesta de Vox. En Francia, según recuerda el texto de la diputada de Vox, es delito intermediar o intentar intermediar entre una pareja dispuesta a adquirir un niño y una mujer dispuesta a gestarlo (6 meses de prisión, 15.000 euros de multa, el doble si se hace de forma habitual).
En Italia, la venta o publicidad de embriones o subrogación de la maternidad se castiga con prisión (3 meses a 2 años) y multa grande (600.000 a 1 millón de euros).
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