Un señor vestido de mujer entra en el vestuario de las chicas, o en el lavabo de las chicas. Si la ropa femenina lo disimulaba, sin ropa enseguida queda claro que es un hombre. Pero él asegura que se autoconsidera mujer y que por su "identidad de género" debe tratársele como mujer. Y si alguien en ese colegio o entidad intentan animar a ese señor a cambiarse en otro lugar, lejos de las chicas, la administración Obama multará al colegio y le retirará financiación.

Esta es la situación de la llamada "guerra de los baños" o "batalla de los vestuarios" en Estados Unidos, una manifestación más de la ideología de género que va más allá de lo patológico y se convierte en motivo de multas y persecución del Estado federal contra las entidades que no asumen esta ideología.

Texas y otros 10 estados de Estados Unidos han respondido denunciando la norma del gobierno de Barack Obama (en concreto al documento guía del 13 de mayo del Departamento de Justicia y el Departamento de Educación) que dice que las escuelas "deben permitir que estudiantes transgénero accedan a esas instalaciones de acuerdo a su identidad de género”. Esta norma no admite que se habilite un tercer espacio para estas personas.

Para el estado de Texas, ceder ante estas políticas “inconstitucionales” significaría “abrir zonas íntimas dentro de las escuelas simultáneamente a miembros de ambos sexos”.

Los Estados que han denunciado la norma son Texas, Alabama, Arizona, Georgia, Louisiana, Maine, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.

En su demanda, los estados denuncian que los órganos de gobierno de Obama “han conspirado para convertir lugares de trabajo y ambientes educativos en todo el país en laboratorios para un experimento social masivo, despreciando el proceso democrático y pisoteando políticas de sentido común que protegen a los niños y a los derechos básicos de privacidad”.

Los estados critican además que los órganos de gobierno de Obama, con sus nuevas disposiciones, “funcionalmente ejercen el poder legislativo reservado solo al Congreso”.

Al presentar la demanda en conferencia de prensa el 25 de mayo, el Fiscal General de Texas, Warren Kenneth Paxton, indicó que “nuestras escuelas están ahora en la mira del gobierno de Obama, que asegura que castigará a aquellas escuelas que no cumplan con sus órdenes”.

“Estas escuelas –advirtió– están enfrentando la potencial pérdida del financiamiento escolar simplemente por seguir las políticas de sentido común que protegen a los estudiantes”.

Para Paxton, la medida del gobierno de Obama “representa solamente el más reciente ejemplo de los intentos de esta gestión de lograr por decreto ejecutivo lo que no pudo lograr a través del proceso democrático en el Congreso”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que “el gobierno de Obama ha pisoteado de forma rutinaria la Constitución de los Estados Unidos”, denunció Abbot, y señaló que con esta nueva acción ejecutiva “el Presidente continúa violando la Constitución al tratar de reescribir leyes como si fuera un rey”.

Para el gobernador de Texas, “los estados sirven como la última línea de defensa contra un gobierno federal expansivo de forma ilegal”.


En un comunicado publicado el 16 de mayo, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés), criticó la medida del gobierno de Obama, pues “no aborda una serie de importantes preocupaciones y contradice un entendimiento básico de la formación humana, tan bien expresado por el Papa Francisco (en la exhortación apostólica Amoris Laetitia): que los jóvenes necesitan ayuda para ‘aceptar el propio cuerpo tal como ha sido creado’”.

Los obispos estadounidenses recordaron que, tal como el Santo Padre indicó en su exhortación apostólica, “el sexo biológico (sex) y el papel sociocultural del sexo (gender), se pueden distinguir pero no separar”.

“Rezamos para que el gobierno haga espacio para un enfoque y políticas más compasivas y justas en este tema sensible, para así servir al bien de todos los estudiantes y padres, así como al bien común”, expresó la USCCB.