Hemos cerrado la primera semana de mayo con una noticia esperable pero, no por ello, menos agria, entristecedora y repugnante. Nos afecta a todos, con independencia de nuestra pertenencia a las presentes o a las futuras generaciones de personas gestadas en nuestro país.

Hablamos del nasciturus, que viene a ser el niño que no ha nacido aún, que está en vientre materno. Como todos sabemos, este ha venido sufriendo, desde el año 1985, una serie de riesgos de supervivencia cada vez mayores, muy a pesar de los distintos avances científicos y tecnológicos.

En términos alternativos, el sistema normativo español ha ido desprotegiendo progresivamente a estas personas, aprovechando tanto cierta situación de indefensión como la dictadura del relativismo que, a su ritmo, ha ido calando tanto en el ámbito político como en los ejercitantes de la soberanía social.

Los derechos del individuo cada vez han sido más menoscabados. Del mismo modo que quienes ya han nacido son cada vez menos libres para pensar, ahorrar, invertir, gastar y expresarse (o para disfrutar de la propiedad), quienes no lo han hecho, han visto que su derecho a la vida, en base al principio de no agresión, queda prácticamente anulado.

Además, quien guiado por el Bien y la Verdad trate de ayudar a estas personas o a quienes tendrán el honor de traerles a este mundo, corre varios peligros. Además, ahora, la muerte civil de la corrección política se ha hecho ley, ante los mecanismos que pretenden perseguir penalmente a quienes oran, interceden o abren otros horizontes de contraste.

En cualquier caso, el quid de este artículo es que, previsiblemente, en la segunda semana del presente mes, el Tribunal Constitucional, usurpado por el Frente Popular (PSOE y PODEMOS, apoyados por el nacionalismo periférico), con el beneplácito cómplice y pasota del Partido Popular de Núñez Feijóo, volverá a fallar en pro del Mal.

Matar a los indefensos quedará reconocido como un "derecho definitivo"

En otros países de Occidente, en los últimos años, las altas instancias de la judicatura (por definirlas de algún modo) han fallado a favor de la santidad de la vida humana, con independencia de que el beneficiario directo sea un feto, un discapacitado, un enfermo o una persona de avanzada edad.

Pueden servirnos, como ejemplo, los reiterados vetos a la eutanasia en Portugal (los últimos, en el presente año), la anulación del fallo Roe v. Wade en Estados Unidos (24 de junio del año 2022) o la prohibición del supuesto eugenésico-eutanásico en Polonia (22 de octubre del año 2020).

No obstante, en España no está siendo así. De una manera muy inminente, el nuevo conglomerado del Tribunal Constitucional ha ido fallando en contra de los recursos interpuestos contra las leyes pro-muerte que el relativismo parlamentario y democrático ha ido instaurando en los últimos lustros.

La eutanasia es actualmente "constitucional", y lo mismo ocurrirá, esta semana, previsible y desgraciadamente, con el aborto, con eso que llaman "interrupción voluntaria del embarazo" (igual que a otras cosas se refieren bajo el eufemismo del "derecho a morir dignamente"). Se tumbará así un recurso que no se ha querido resolver durante años.

La "constitucionalidad" no está por encima de todo

No es de recibo que el positivismo normativo cale de manera progresiva y forzada en nuestra sociedad, que muchas veces puede ser reflejo de lo que se plasma en las instituciones políticas. Es muy frecuente creer que todo aquello que es legal es legítimo y, por ende, moral.

Pero no debe de ser así. Que la autoridad y la regla no sean el problema per se de nuestra falta de libertades y de valores no quiere decir que todo lo que se haga norma tenga que ser válido. Es más, hay un grave error si se cree que esas normas están por encima de cualquier cosa que sea sobrenatural.

Quiero decir que existe algo que no ha de ser contravenido por ninguna disposición estipulada por el ser humano, en su orgánica y legítima manera de organizarse en sociedad. Me refiero a la Ley de Dios, compuesta por esos mandamientos plasmados en las conocidas como Tablas de Moisés.

Obviamente, esto implica tener a Dios más presente en nuestras vidas, lo cual nos ayudaría a combatir mejor muchos problemas que a día de hoy vienen a ser el resultado del avance del Mal, de esas pulsiones satánicas que son intrínsecas a la coacción, intoxicación y corrupción del proceso revolucionario.

Es un factor de conciencia, que nos ha de ayudar a no amedrentarnos si la legislación positivista no se ajusta al Bien y la Verdad. Con lo cual, nuestra posición ante ciertas crueldades no ha de depender de lo que el hombre se invente en un papel o de lo que una mayoría diga porque sí.

Los españoles no hemos de dar la batalla por perdida. Con lo cual, si la ley positiva estipula que matar es legítimo, no tenemos por qué meternos en favor del error. El genocidio siempre será genocida mientras que la vigencia del "NO MATARÁS" de la ley divina nunca expirará

En resumen, conciencia y honor, por Dios, por el Bien y por la Verdad.