Domingo, 26 de junio de 2022

Religión en Libertad

El obispo defiende al párroco que criticó en una romería ante varios políticos la nueva ley LGTB

Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real, ha vuelto a critica la ley LGTB de Castilla-La Mancha
Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real, ha vuelto a critica la ley LGTB de Castilla-La Mancha

ReL

El obispo de Ciudad Real, monseñor Gerardo Melgar, ha vuelto a valorar la ley LGTB que se acaba de aprobar en la comunidad de Castilla-La Mancha y que ya mereció una reacción en conjunto de los prelados cuyas diócesis se encuentran en este territorio.

Pese a las críticas que sabía que iba a recibir, monseñor Melgar ha insistido en que en esta ley se da “una antropología que se da de tortas con la antropología católica en la que se reconoce que existe hombre y mujer”.

El obispo de Ciudad Real pronunció estas palabras durante la presentación de la campaña de Cáritas en la diócesis.

De este modo, Melgar  insistió en que los obispos están seriamente preocupados porque la ley contradice la antropología cristiana “que no solo está reconocida en la Biblia sino también por la biología, que habla de hombre y mujer y no de otra cosa.

También les preocupa, ha indicado Gerardo Melgar, que en la Ley LGTB de Castilla-La Mancha se hable de sanciones y quitar subvenciones a aquellas administraciones que no apoyen la libertad de cada uno para poder elegir el sexo.

Además, el prelado respondió a la polémica generada en los medios de comunicación después de que en la misa de la Romería de Alarcos en Ciudad Real el sacerdote hiciera referencia al documento episcopal sobre la ley LGTBI. “Me imagino que el sacerdote leería el documento, que es lo que se ha mandado que se haga en todas las parroquias”, expresó el obispo.

De hecho, el obispo ha defendido esta acción para que así la gente se entere “qué dice la Iglesia y qué dicen algunos partidos políticos” sobre esta normativa, insistiendo en que no van contra nadie sino que únicamente “expresamos nuestra opinión”.

Este párroco decidió leer el comunicado íntegro de los obispos delante de los políticos locales de los partidos que han aprobado esta nueva ley, lo que ha provocado críticas hacia la Iglesia. 

Nueva ley de multas LGTB en Castilla-La Manca

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, una ley de multas y privilegios gays que implanta también el adoctrinamiento en ideología de género.

Se suma a otras leyes de multas y privilegios gay que se han ido aprobando en parlamentos autonómicos, siempre con apoyo de Cs y a menudo también con el del PP (como la ley de multas gays de Madrid, con la que se intentó multar a un colegio católico). Poco a poco hay tribunales que van señalando las inconsistencias legales de estas normas.

En Castilla-La Mancha gobierna en solitario el PSOE con Emiliano García Page (que dice ser católico) como presidente autonómico y 19 diputados autonómicos. García Page y el PSOE, con mayoría absoluta, no tenían ninguna necesidad de implantar esta ley si no querían. Sólo otros dos partidos tienen presencia en las Cortes autonómicas, el PP (10 diputados) y Ciudadanos (4 diputados), y los dos se sumaron votando a favor.

El comunicado de los obispos

Una vez aprobada la ley los obispos de Castilla La-Mancha (la provincia eclesiástica de Toledo) difundieron un comunicado en el que denunciaban que "la inmensa mayoría de los preceptos de la ley tienen por objeto incorporar la perspectiva de género de manera transversal y promover las medidas en materia LGTBI en todos los sectores de la sociedad –Administración Pública, bienestar social, ámbito familiar, educativo, sanitario, cultural, económico, medios de comunicación, protección ciudadana y ámbito rural– y para toda la población de nuestra región".

Como en otras leyes de multas y privilegios LGTB, también en esta las multas son importantes. Los obispos señalaban sus "multas de 3.001 a 30.000 euros para sus infractores, con la prohibición para entidades o personas de recibir subvenciones o, incluso, la inhabilitación temporal, cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación durante un año. Además, se invierte la carga de la prueba; es decir, corresponderá a quien se atribuye que ha discriminado a personas LGTBI la aportación de una justificación probada, objetiva y razonable de las medidas supuestamente discriminatorias".

De este modo, los obispos animaban a "todas las personas" a que "lean atentamente la ley y la valoren en conciencia". A los cristianos les pedían oración y que "fomenten su formación y articulen positivas vías de acción".

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