Este sábado el senado de Estados Unidos derogó, por un escaso margen y gracias, entre otros, al voto del «traidor» Scott Brown (el republicano que, con apoyo del Tea Party, arrebató a los demócratas el escaño de Ted Kennedy), la célebre ley de 1993 conocida como «No preguntes, no lo digas», que prohibía exhibir la condición homosexual en las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo impedía a éstas investigar las costumbres sexuales de sus miembros.

Tras esa derogación, una vieja demanda del lobby gay, dichos colectivos podrán mostrar con normalidad sus gustos sexuales sin ser sancionados por ello.

Barack Obama, que apoyaba la derogación, consideró esa fecha como «un día histórico». Pero Tony Perkins, ex marine y presidente del Family Research Council, lobby conservador defensor de la familia, lo considera más bien «un día trágico»: «Las Fuerzas Armadas», explicó, «existen para un único propósito: combatir y ganar las guerras. Ahora han sido secuestradas y convertidas en un instrumento para imponer a la nación una agenda social radical, y esto perjudicará la capacidad de los militares para cumplir su misión».

Y no se puede decir que exagere. Los defensores de la abolición de la ley son partidarios de sancionar a los militares que se opongan a la homosexualidad, incluidos los capellanes militares. Según informa Catholic News Agency, algunos de ellos ya han recibido la «invitación» a abandonar los Ejércitos si no están de acuerdo con la nueva situación, y de hecho el general Thomas Bostick comparó la oposición a la presencia de homosexuales en las Fuerzas Armadas con la oposición a la integración racial.

No es un caso aislado. Daniel Blomberg, abogado de la Alliance Defense Fund, organización defensora de la libertad religiosa, señala que la abolición pretende «incorporar y apoyar la conducta homosexual entre los militares», y aporta como prueba el informe del Pentágono sobre el impacto del rechazo a la ley sobre las Fuerzas Armadas, y las quejas de los capellanes militares sobre las limitaciones que tendrán a partir de ahora.

Por ejemplo, el arzobispo castrense norteamericano, Timothy Broglio, ha recordado que los capellanes se les podría obligar a bendecir las uniones del mismo sexo en aplicación de las normas de fomento del matrimonio entre miembros de los Ejércitos, o se les podría prohibir impartir cursos de formación moral, como hacen ahora, que no incluyan una aprobación explícita de la homosexualidad. Pero ya en junio, mientras se debatía esta cuestión, monseñor Broglio dejó claro que la Iglesia «no sacrificará sus convicciones morales a consideraciones meramente políticas».

Y eso podría conllevar la expulsión. De hecho, ya se ha intentado asimilar a asociaciones como la que preside Perkins en defensa del matrimonio, a los grupos racistas, bajo la común acusación de «incitar al odio», paso previo a la proscripción civil.