El Dr. Martínez-Sellés recuerda que el consentimiento informado exige conocer los riesgos del aborto

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El doctor Manuel Martínez-Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y Premio ReL 2022, publicó recientemente en El Debate un artículo (Aborto: ciencia frente a ideología) donde aporta una perspectiva profesional a la reciente polémica sobre el síndrome postaborto. 

Le hemos pedido ampliar algunos de estos conceptos.

-El aborto provocado ¿puede tener consecuencias negativas tanto físicas como psicológicas? 

-Los riesgos físicos más relevantes dependen del tipo de aborto (quirúrgico o farmacológico con mifepristona y misoprostol) y de la fase de gestación. Hay una revisión muy reciente publicada por Jessica M. Atrio y colaboradores en la Cochrane Database of Systematic Reviews que los detalla. Estos riesgos incluyen abortos incompletos, hemorragias, infecciones, perforaciones y laceraciones uterinas. 

»La literatura muestra también claras asociaciones entre aborto provocado y ciertos desenlaces de salud mental. Sin embargo, su magnitud y causalidad son objeto de un debate científico que a veces está sesgado por las actitudes proaborto que imperan en la mayoría de las sociedades.

-¿Cómo se pueden mitigar en el contexto de una reforma constitucional que busca incluir el derecho al aborto?

-Lógicamente, la mejor forma de evitar estos riesgos es no realizar abortos. 

»Si se realizan, desde la perspectiva únicamente de la mujer serían más seguros en fases iniciales de la gestación. Lamentablemente no hay abortos más seguros para el embrión o feto. 

»El mal llamado derecho al aborto no existe y sería una aberración jurídica. El aborto no es un derecho. Es una derogación del respeto a la vida -desde su inicio- protegido por nuestra Constitución. El principio es la prohibición de matar, que se sanciona penalmente. Las -cada vez más agresivas- leyes del aborto permiten excepciones de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley. Hablar de un derecho al aborto es un engaño, sólo hay despenalización. 

»Incluso si el aborto se incluyera en la Constitución, esto no cambiaría la naturaleza del acto y sus consecuencias. La Constitución es una norma que se puede cambiar. No creo que vea nunca este sinsentido en nuestra Constitución, pero, de verlo, estoy seguro de que se volvería a cambiar. Las únicas normas inmodificables son las inscritas en el corazón humano y la prohibición de matar es una de ellas.

-Usted enfatiza la importancia de proporcionar información veraz y respetuosa sobre los riesgos del aborto para garantizar el consentimiento informado...

-El consentimiento informado es clave en la práctica médica y debe ser veraz, comprensible y no coercitivo. Debe incluir información sobre: 

»Me extraña que se quiera negar esto a las mujeres que están en una situación de dificultad que les impulsa a pensar en un aborto. La condenación de iniciativas como las que se intentaron promover desde Castilla y León de permitir a las madres que lo quisieran ver a sus hijos y escuchar su corazón va en contra de este consentimiento informado.

-¿Cree que la evidencia científica sobre el riesgo de problemas de salud mental asociados al aborto es adecuadamente considerada en el debate público?

-Nuestro deber como médicos es compartir con nuestros pacientes la información disponible. Hay estudios y metaanálisis con centenas de miles de casos que encuentran asociaciones claras con depresión e incluso intentos de suicidio. No es correcto ni ignorar estos preocupantes hallazgos ni magnificarlos asignando causalidades que, a veces, no están probadas. 

»Creo que debemos exigir que en las declaraciones públicas y materiales informativos se citen las fuentes primarias y las revisiones sistemáticas, yo intento hacerlo siempre. Solo así podemos dar una perspectiva científica a este problema.

-¿Qué papel deben desempeñar los médicos en la atención a mujeres que están considerando el aborto?

-El papel del médico es proporcionar información objetiva y comprensible, siempre de forma empática. También evaluar salud física y mental, ofrecer opciones y recomendaciones médicas basadas en la evidencia, garantizando la confidencialidad. No podemos pretender que ante un embarazo no deseado el médico abdique de este rol. Por ejemplo, si el médico detecta riesgo clínico o psicosocial elevado, debe ofrecer y facilitar derivación a servicios adecuados (salud mental, trabajo social). 

-¿Cómo pueden equilibrar su deber de proporcionar información objetiva con el respeto a la autonomía de la paciente?

El respeto debe ser mutuo, tanto del profesional a la autonomía de la mujer como desde la paciente al médico que puede ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

-¿Qué opinión le merece la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de informar sobre el "trauma postaborto" en los centros municipales? 

-Una iniciativa municipal de informar a las mujeres que se plantean un aborto provocado es siempre bienvenida. 

»Me extraña que la polémica sea de cómo se denominan los riesgos que conlleva el aborto. Si es solo eso, pues que se llame “información sobre los riesgos relacionados con el aborto”. Ojalá con eso se terminase la polémica, pero, lamentablemente, sospecho que no sería así. 

»Difundir información avalada científicamente, con las respectivas referencias, en mi opinión debería ser obligatorio en Madrid y en todos los sitios. Nuevamente, en eso consiste el consentimiento informado. Cuesta pensar que alguien se oponga a ofrecer información a las madres que lo deseen, es decir, de forma voluntaria, balanceada y basada en evidencia sobre posibles efectos físicos, emocionales y psicológicos. Esta información también debe incluir alternativas y recursos de apoyo para quienes lo soliciten. La clave es la voluntariedad y el rigor científico.

-¿Cómo podría afectar una reforma constitucional  como la propuesta a la objeción de conciencia de los médicos?

-Nuestra Constitución, nuestra normativa e incluso la Carta Europea de Derechos Fundamentales reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Pese a los intentos recientes de limitar este derecho, exigiendo que se declare a priori y creando “listas negras”, la objeción de conciencia es clave para la práctica médica. Así lo reconoce el Código Deontológico Español. Es lo que asegura que los médicos hagamos lo que creemos que es mejor para nuestros pacientes.

-¿Cree que la reforma constitucional propuesta logra un equilibrio entre el derecho al aborto y la protección de la salud y el bienestar de las mujeres?

-Insisto, el derecho al aborto no existe. Consagrarlo constitucionalmente sería un error innecesario, una maniobra política que para nada busca la autonomía y garantizar acceso, sino dividir la sociedad y polemizar (aún más). Además, escribir eso en la Constitución no garantiza por sí mismo la calidad informativa ni la gestión adecuada de los riesgos asociados al aborto provocado. 

-¿Se debería prestar más atención a los riesgos y consecuencias negativas del aborto?

-Desde luego que se debería prestar más atención a estos riesgos. También se deberían ofrecer alternativas y ayudas a madres embarazadas. Todo esto se debe hacer de manera rigurosa y no ideológica, basándonos en la evidencia científica disponible.