Ley Trans: 6 presos piden el cambio de sexo en Asturias para ser trasladados al módulo de mujeres

La Ley Trans ha convertido el deseo en norma y una vez ya aprobada sus consecuencias comienzan a ser muy visibles. Y esto sólo es el comienzo. El Gobierno ha querido, y así lo ratificó una mayoría en el Congreso, que no haga falta informes médicos ni psicológicos para cambiar de sexo en el documento de identidad. Y además ha facilitado estos trámites hasta el extremo.

¿Qué está ocurriendo? Tal y como se alertaba, hay cada vez más personas que están aprovechando esta normativa para obtener una serie de beneficios. Y esto mismo está ocurriendo ya en las cárceles. Sólo en Asturias, seis presidiarios han solicitado ya el cambio de sexo para así poder ser trasladados a un módulo de mujeres.

La Nueva España informa que dos presos ya han pedido este cambio en el Registro Civil de Llanera, mientras que otros cuatro están iniciando ya las gestiones. Al menos, uno de ellos está condenado por violencia de género y acoso.

El sindicato CSIF ha mostrado su preocupación de que la Ley Trans se convierta en un coladero para presos que quieran mejorar su situación. Aunque no se beneficien de rebajas de penas ni cambie su situación jurídica desde este sindicato afirman a ABC que “sí tendrán un beneficio claro sólo con el hecho de pasar al módulo de mujeres.

“Entre las reclusas hay menos toxicomanías, más limpieza, más orden, el ambiente es más tranquilo…”, afirman. Y alertan: “esta ley es un despropósito y en las prisiones no sabemos cómo abordarlo”.

Aunque desde el Gobierno aseguran que no habrá casos de personas que pidan cambiar su sexo para conseguir beneficios, el ejemplo escocés desmonta estas afirmaciones. En el país británico hay una Ley Trans permisiva como la española y se han dado ya esta serie de problemas.

El caso más escandaloso es el de Adam Graham que decidió cambiar de género y llamarse Isla Bryson tras ser acusado de violación por dos mujeres. Esperaba ser trasladado a una cárcel en espera de la sentencia, pero su caso llegó hasta los tribunales y fue finalmente desviada a una unidad especial en una cárcel para hombres en Edimburgo. Aunque finalmente, se prohibió que el agresor sexual acabara en una cárcel de mujeres, casos como este obligaron a la presidenta Sturgeon a dimitir.