La Iglesia española participará en un fondo para víctimas de abusos... si no son sólo eclesiales

El Informe sobre abusos a menores realizado por el Defensor del Pueblo -entidad con competencias sólo sobre organismos públicos, de las administraciones- propone crear un organismo con participación del Estado y de la Iglesia para reparar a víctimas de abusos. Y a los obispos les parece bien, pero con un matiz: que las víctimas no sean sólo de entornos de la Iglesia.

Los obispos españoles han reiterado (primero con una nota en la noche del lunes, y luego en una rueda de prensa en la mañana del martes) que la Iglesia participará en ese fondo si busca reparar a las víctimas de abusos sexuales en todo tipo de entornos (deportivos, de ocio, etc...), no solo en entornos católicos.

(Aquí el vídeo de la rueda de Prensa en Conferencia Episcopal)

"Todas las víctimas son víctimas", recalcó el portavoz de Conferencia Episcopal, César García Magán. "Si se crea un organismo al efecto, que cuente con la participación de todos. La Iglesia está dispuesta a contribuir, pero también debería hacerlo la comunidad educativa, las federaciones deportivas...."

Magán pide que sea así "para no discriminar al resto de víctimas". "La CEE está de acuerdo en que se articule para todas las víctimas, para todas. Claro que participaríamos", insistió.

Por el momento, en lo que toca a las víctimas en entornos católicos, "ya estamos trabajando dentro de esta reparación integral", detalló Magán.

Tabla del defensor del Pueblo sobre ámbitos donde se cometen abusos a menores: casi un 10% en espacios educativos no religiosos, casi un 18% en la vía pública, un 3% en ámbitos deportivos... Los obispos piden un fondo que ayude también a esas víctimas... aunque las cifras de este sondeo son dudosas.

"Intencionalidad de sacar una cifra que es mentira"

En la rueda de prensa participó el cardenal Juan José Omella, como presidente de la CEE. Como en la nota de prensa difundida la noche antes, insistió en que la "extrapolación que algunos medios han hecho de los datos obtenidos en la encuesta adjunta al informe" (hablan de 440.000 casos atribuibles a la Iglesia, aunque el informe nunca da tal cifra) "no corresponde a la verdad ni representan al conjunto de sacerdotes y religiosos que trabajan con entrega".

Omella fue muy crítico a medida que insistía en en tema: "Hay una opacidad para llegar a una conclusión que no es lógica. Hay una intencionalidad para sacar una cifra que es mentira y no corresponde con la realidad. ¿Quién ha sacado esos datos?", se preguntó.

"Me parece que eso no está bien hecho", dijo el cardenal refiriéndose, parece, tanto al sondeo como a las extrapolaciones. Añadió que los obispos han solicitado el informe completo al Defensor, con los datos técnicos de la encuesta, para analizarla (el informe del Defensor del Pueblo, por ejemplo, no detallaba las preguntas exactas del sondeo, si hubo preguntas de control, la definición de abusos que se usó, etc...)

Rueda de prensa en la mañana del 31 de octubre en Conferencia Episcopal sobre abusos a menores en la Iglesia en España, con mucha prensa, el cardenal Omella y el obispo-portavoz García Magán.

¿Hay 4 millones y medio de abusados en España?

También García Magán quiso comentar las cifras del sondeo. "Si hiciéramos esa correlación, tendríamos que hablar de 4,5 millones de personas que habrían sido abusadas", explicó, ya que según ese sondeo 12 de cada 100 adultos españoles habrían sufrido abusos sexuales en todo tipo de ámbitos -escuela, ocio, deporte, calles- cuando eran menores de edad. "Extender una sombra de sospecha ante tantos sacerdotes y religiosos, es falso y es injusto", añadió Magán.

En la reunión del lunes por la tarde (más información aquí) participaron 88 obispos, 31 obispos de manera presencial y 57 por videoconferencia, además del presidente de la CONFER, el dominico Jesús Díaz Sariego, el secretario general Jesús Miguel Zamora y la secretaria general adjunta, Silvia Rozas.

Lo que dice el Informe Gabilondo sobre reparar a víctimas

En la página 671 del informe se exponen propuestas sobre cómo reparar a víctimas, implicando al Estado.

1) Crear "un órgano especial de carácter temporal que tenga como finalidad la reparación de las víctimas de agresión o abuso sexual infantil en el ámbito de la Iglesia católica en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas, no se haya podido seguir un proceso penal contra el victimario. Esta obligación de reparación del Estado respecto a los casos de abusos acaecidos en el seno de instituciones públicas o sujetas a una supervisión pública, puede cumplirse, en relación con los abusos en el ámbito de la Iglesia católica, en cooperación con esta institución o con carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma".

(Esta propuesta ya va dirigida a una colaboración entre Estado e Iglesia y a servir a víctimas de otros entornos).

2) Crear "un fondo estatal para el pago de las compensaciones a favor de las víctimas que acuerde el órgano especial mencionado en el punto anterior, en la medida que la reparación corresponda al Estado".

3) Reformar el régimen de prescripción de la acción de responsabilidad civil derivada de los delitos de agresión y abuso sexuales de menores, adoptando los criterios establecidos para el cómputo del plazo de la prescripción del delito en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y a la adolescencia, de modo que puedan acordarse judicialmente indemnizaciones respecto a casos anteriores a su entrada en vigor.

4) La reforma de la Ley 35/1995, sobre ayudas públicas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, con el fin de asegurar que las cuantías de las indemnizaciones por delitos sexuales se ajusten a los estándares de la Unión Europea, garantizar que las solicitudes sean atendidas por un órgano integrado por personas expertas e independientes y adecuar el procedimiento a las necesidades de las víctimas.

(Esta medida no se refiere específicamente a casos en la Iglesia, y vale igual para abusos en escuelas, instituciones públicas, etc...)

5) Reformas legislativas "para facilitar los procesos de justicia restaurativa, asegurando que mediante profesionales especializados pueda ofrecerse una vía de reparación a las víctimas que deseen".