Martes, 01 de diciembre de 2020

Religión en Libertad

Un juzgado de Valladolid investiga la interrupción por la Policía de una misa en la catedral

Un juzgado de Valladolid investiga la interrupción por la Policía de una misa en la catedral
Imagen de los policías con algunos de los feligreses que querían ir a misa aquel día / El Norte de Castilla

ReL

Durante la pandemia de coronavirus la Policía ha interrumpido o suspendido misas en distintos puntos de España pese a que el punto 11 del Estado de Alarma permitía mantener abiertos los lugares de culto. Ahora un Juzgado de Valladolid investigará el suceso que ocurrió en la catedral de la ciudad castellana el pasado 22 de marzo.

Aquel día varias patrullas de la Policía obligaron a suspender una misa que se iba a celebrar en la catedral de Valladolid alegando que había una aglomeración de personas. La realidad es que no eran más de una veintena de personas para una misa en un templo de grandes dimensiones como el de la catedral.

La Asociación Española de Abogados Cristianos denunció al delegado del Gobierno en Castilla y León por un posible delito de “interrupción de culto” recogido en el artículo 523 del Código Penal al considerar que los policías que llevaron a cabo dicha operación actuaron cumpliendo sus instrucciones.

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Ahora, el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid ha abierto diligencias previas por la interrupción de esta celebración religiosa por lo que investigará si esos hechos fueron constitutivos de delito.

El Estado de Alarma permitía mantener las iglesias abiertas

Desde Abogados Cristianos explican que el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma dice textualmente en su artículo 11: “La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro”.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, defiende que “en el Real Decreto hay un anexo en el que se detalla de forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida, entre las que no se encuentran las iglesias u otros lugares de culto análogos”.

Castellanos recuerda que “el caso de Valladolid no es un caso aislado. Hemos presentado más de una decena de denuncias en distintas partes de España por actuaciones similares”. Destaca por ejemplo “la interrupción de una celebración en la Catedral de Granada”. Y recuerda que “ya se han abierto diligencias por otros casos similares en Murcia y Madrid también gracias a nuestra denuncia”.

“Consideramos que estas interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar durante el estado de alarma son un abuso por parte del Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda laicista”.

“Se trata de una persecución religiosa. La reiteración evidencia que no es algo casual. El gobierno está aprovechando el Estado de Alarma para acabar con la libertad religiosa”, agrega.

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