Como consecuencia del auge de las prácticas de FIV, hoy en día «sobran» embriones, los cuales son congelados, y plantean serios problemas éticos de difícil solución, para los que no existe criterio unánime, ni siquiera en la Iglesia. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los mantenemos así? ¿Los dejamos morir? ¿Los damos en adopción?
 
Para analizar el problema hay que ver primero las causas del mismo. Desconocemos la cantidad de personas que se encuentran en el mundo en el estado absolutamente anormal, cual es el de interrupción de su proceso de desarrollo. Lo que se hace con estos embriones es una verdadera IVD («Interrupción Voluntaria del Desarrollo»), puesto que es posible volverlo a activar en cualquier momento. Así los embriones de pocos días son introducidos con crioprotectores en tanques de nitrógeno líquido, para mantenerse en estado biológico latente a 196 º C. La razón de su existencia es que para lograr realizar una transferencia de embriones a una mujer que acude a técnicas de fecundación in vitro es necesario extraer varios óvulos, tras un proceso de hiperestimulación, y fecundarlos a todos. Tras una criba más o menos compleja, se escogen los dos o tres que se considera tienen mayores probabilidades de vivir, los cuales son implantados en el útero de la mujer. Los demás son congelados, por si hubiera que repetir el proceso, o para su posible utilización en el futuro.
 
No vamos a tratar aquí los casos (que los hay) de parejas que acuden a clínicas de FIV buscando un hijo que no pueden tener y luego se divorcian. Y uno de ellos solicita la patria potestad sobre los embriones, o su destrucción para impedir que, tras el divorcio, le conviertan en padre de unos hijos que no desea… Asumamos la buena fe de las parejas que, ante la imposibilidad física de tener hijos de forma natural acuden a los florecientes negocios de las clínicas de reproducción asistida en busca de ayuda para lograr su objetivo. Pocas veces se les explica a las parejas que lo que se va a producir allí es la creación artificial de varios hijos (normalmente entre ocho y doce en cada ciclo), los cuales serán seleccionados para implantar dos o tres, que es el máximo permitido por la legislación española actualmente. Y que los demás serán congelados, por si en el futuro hacen falta, para repetir el intento infructuoso o porque se busca el nacimiento de un segundo hijo. Como decir esto sonaría muy fuerte (ningún médico de estas clínicas llama «hijos» a los embriones in vitro, sino tan solo una vez implantados y anidados) y provocaría el pánico de las parejas, se oculta eufemísticamente la realidad bajo los términos de «grupo celular» o, el tan desafortunado de «preembrión». Ya hemos señalado en otras ocasiones que este concepto no tiene la más mínima base científica: Es tan solo una argucia política para liberar las conciencias del peso moral y permitir así la manipulación de vidas humanas.
 
Imaginemos que los gametos proceden de los padres (fecundación artificial homóloga). Y que la pareja logra su objetivo de conseguir un embarazo, con lo que sobran entre 5 y 8 embriones humanos «por colocar». Aunque la ley obliga a llevar un registro de los embriones creados con fines reproductivos (el único propósito por el que nuestra legislación autoriza su creación), no existe tal registro en ningún sitio. En otra ocasión les comentaré los problemas que su ausencia puede llegar a causar. Sin embargo, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que solo en España existen actualmente más de 250.000 embriones congelados. Españoles condenados al ostracismo del nitrógeno líquido y con escasas posibilidades de que se les autorice a continuar con su desarrollo. ¿Qué hacemos con ellos?
 
Tenemos cuatro posibles opciones:
 
La primera es una solución temporal, porque el tiempo transcurre inexorablemente y antes o después llega el plazo de cinco años, donde el problema se vuelve a plantear. La segunda opción es bastante aceptada. Si ha transcurrido el tiempo suficiente y los padres no quieren hacerse cargo de esos embriones, antes que tirarlos utilícense para investigar, y alguna ventaja tendremos de ellos. Sería una lástima que se desaprovechara la oportunidad de disponer de un material genético para investigación por cuestiones «ideológicas».
 
Esto es así porque nuestra legislación (todavía) prohíbe la experimentación sin más con embriones humanos. La ley 14/2007 de investigación Biomédica dice taxativamente en su artículo 33.1: «Se prohíbe la constitución de preembriones (*nótese el término) y embriones humanos exclusivamente con fines de experimentación». Esto es así porque repugna a la conciencia fabricar un ser humano para utilizarlo como un ratón de laboratorio. Sin embargo, si el objetivo de su producción no fue tal, sino que fue creado con fines estrictamente reproductivos, una vez que ya está creado, y dado que es «sobrante», tal vez convenga aprovecharlo para investigación. Así, dicha ley, en su artículo 28 afirma: «Los embriones humanos que hayan perdido su capacidad de desarrollo biológico, así como los embriones o fetos humanos muertos, podrán ser donados con fines de investigación biomédica u otros fines diagnósticos, terapéuticos, farmacológicos, clínicos o quirúrgicos».
 
Creo que queda patente lo absurdo del argumento. Si un ser humano no puede ser utilizado con fines de investigación, no lo puede ser bajo ninguna circunstancia, con independencia de su origen. A la aberración ética de haber sido «fabricado» se uniría la indignidad de ser después utilizado como carne de laboratorio.
 
Por tanto, nos quedan dos posibles soluciones: Ofrecerlo para donación a parejas dispuestas a adoptarlo «pre-natalmente» o descongelarlos y dejarlos morir. La donación pre-natal es una alternativa que ha cogido fuerza últimamente. Se han dado casos de mujeres que se han ofrecido voluntarias a recibir en su útero dichos embriones, en un gesto precioso de generosidad hacia esos diminutos seres abandonados por sus padres. La adopción pre-natal sería equivalente a la adopción de niños ya nacidos: En ambos casos se trataría de inicios de vida no óptimos, pero de los que los interesados no son culpables. Las familias adoptantes estarían simplemente tratando de dar una segunda oportunidad a unas criaturas inocentes. Sin embargo, no deja de ser cierto que hay una diferencia abismal entre ambos casos. Los embriones congelados tienen una indignidad de origen muy superior a la de los niños abandonados o huérfanos. Implantarlos en el útero de una mujer amplificaría la indignidad de su origen, aunque de ese modo se les diera una oportunidad para nacer. La Iglesia, en la instrucción Dignitas Personae, afirma que «es necesario constatar que los millares de embriones que se encuentran en estado de abandono determinan una situación de injusticia que es de hecho irreparable». La posibilidad de la adopción pre-natal «es una propuesta basada en la loable intención de respetar y defender la vida humana que, sin embargo, presenta problemas éticos no diferentes de los ya mencionados». Por tanto, parece que la única opción viable es la de descongelarlos, y dejarlos morir. Pero tampoco la Iglesia dice claramente que esta sea la solución. Lo único que afirma, hoy por hoy, es que hay que dejar de producir embriones humanos in vitro.