Escuelas Católicas (escuelascatolicas.es) ha mostrado su desencanto por la legislación educativa que ha anunciado el Ministerio de Educación bajo el actual gobierno socialista.
La entidad, que representa a dos mil centros educativos, 1,2 millones de alumnos y cien mil trabajadores, ha criticado con dureza el anteproyecto de ley que busca reformar la LOMCE que aprobó en 2013 el PP.
"Lo último que necesita nuestro sistema educativo es otro cambio legislativo sin consenso que siga sometiéndolo a continuos vaivenes. La actuación del Gobierno en este terreno necesita de una mínima dosis de coherencia entre el acuerdo que proclama buscar con la comunidad educativa y el menosprecio con el que está tratando a una parte de la misma", denuncia un comunicado de Escuelas Católicas.
El comisario político en clase
La nota denuncia que en la nueva ley el Consejo Escolar "pasa de ser un órgano de participación y control a ser un órgano de gobierno y control", y se vuelve a introducir la figura del "comisario político" en los colegios concertados.
El "comisario político" (la frase hace alusión a los inspectores de las dictaduras comunistas) es un representante municipal cuya presencia, afirma la asociación, "no tiene razón de ser en los centros concertados, puesto que son de titularidad privada y los ayuntamientos no hacen ninguna aportación de fondos, a diferencia de lo que ocurre en los centros públicos".
Además, no se menciona la asignatura de religión en el proyecto. "Nos preocupa que en una posterior regulación, el Ministerio se apoye en sus propuestas iniciales, donde había una contradicción entre la intención de reducir su valor académico y el proclamado respeto a los acuerdos Iglesia-Estado", avisan.
No se recoge la libertad de enseñanza
Tampoco le gusta a la escuela católica que el documento no use el término "demanda social" cuando habla de planificar la escolarización. Sospechan que se ha quitado para "omitir cualquier referencia a la libertad de enseñanza, algo extremadamente preocupante".
Otro problema es que aunque en la exposición de motivos del anteproyecto de ley "se proclama la autonomía de los centros, no queda suficientemente garantizada en la práctica". "El principio de autonomía pedagógica y organizativa queda limitado por someter a los centros a un mayor control de la administración y del Consejo Escolar", previene la nota.
Finalmente, se critica que el Gobierno, "hasta el momento", no da a la comunidad educativa "la más mínima posibilidad de hacer propuestas, contradiciendo manifiestamente su compromiso de actuar con consenso y alegando una urgencia que lejos de ser educativa responde únicamente a intereses políticos".
1,2 millones de alumnos en 2.000 centros
Escuelas Católicas es la marca de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Titulares de Centros Católicos (FERE-CECA) y de Educación y Gestión (EyG). Integra a 2.008 centros educativos católicos (1.779 centros de Educación Infantil, 1.723 de Educación Primaria, 1.663 de Educación Secundaria (ESO o FP Básica) y 774 centros de Bachillerato o FP de Grado Medio o Superior), con 1,2 millones de alumnos y cien mil trabajadores, de los que ochenta mil son docentes. Escuelas Católicas supone el 15% del total del sistema educativo español y el 60% de la enseñanza privada concertada.