Como argucia legal para sacar los restos de Francisco Franco del lugar donde fueron depositados en la basílica del Valle de los Caídos (no por decisión propia ni de su familia, sino del Rey Juan Carlos I), el Gobierno de Pedro Sánchez alegó en su decreto de exhumación que no se trata de una persona fallecida durante la Guerra Civil española. Por esa razón el decreto no afectó a la tumba de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, asesinado el 20 de noviembre de 1936 en la cárcel de Alicante siendo presidente del Gobierno el socialista Francisco Largo Caballero.
Pero el plan de Sánchez respecto a Franco implicaba también a 172 personas enterradas en el Valle de los Caídos fallecidas con posterioridad al 1 de abril de 1939, en que concluyó la contienda, y a los 19 monjes benedictinos de la Abadía de la Santa Cruz inhumados en el lugar tras haber formado parte de la comunidad hasta su muerte.
Por ese motivo la abadía presentó un recurso de reposición contra el decreto del gobierno, dado que afecta no solo a sus miembros fallecidos, sino a cuerpos que les fueron entregados para su custodia.
En este sentido, la abadía ha hecho público este viernes el siguiente comunicado:
"Ante las últimas informaciones vertidas en la prensa respecto a los recursos presentados por esta Abadía, queremos recordar que el Real Decreto Ley aprobado por el gobierno prevé la exhumación inmediata de 19 monjes benedictinos enterrados en el Valle así como de 172 fallecidos después de la finalización de la Guerra Civil.
»Este hecho, que no ha sido fuente de información en la mayoría de los medios, quedando olvidado ante la notoriedad de la exhumación del que fuera Jefe del Estado, es para esta Abadía motivo fundamental de preocupación, por lo que se ha visto obligada a recurrir las actuaciones emprendidas en defensa de la comunidad benedictina, de aquellos que en vida pertenecieron a ella y aquellos otros fallecidos después de la Guerra Civil cuyos restos mortales nos fueron entregados y de los que somos custodios".